Cuando finalizaba el Primer Foro Departamental de Agua y Minería de Nariño, en el departamento del mismo nombre del sur oeste colombiano, organizadores del evento sorprendieron in fraganti a dos agentes de la Policía, al parecer adscritos a la Seccional de Investigación Judicial de esa institución.
Fuente: Notiagen
03/08/2011. El miércoles 20 de julio de 2011, los participantes del Primer Foro Departamental de Agua y Minería se preparaban para clausurar el evento con una movilización por las calles de Pasto. En un momento dado se percataron de la presencia de dos personas sospechosas. Esto alertó a los coordinadores, quienes les solicitaron identificarse, que se presentaran en público y explicaran su presencia.
Pero su intervención no fue convincente, de modo que se les condujo a un recinto privado, donde se supo que eran miembros de la Policía Nacional.
Javier Dorado, director del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Nariño, comentó que al sospecharse de ellos y notar que entregaban nombres falsos, la guardia indígena, encargada de la seguridad del Foro, los requisaron. Al hacerlo, encontraron en su poder celulares con material fotográfico de asistentes al evento, un GPS, una arma de gas o balineras y fotos suyas que los mostraban vestidos con uniformes de la Policía Nacional.
Artículos decomisados a los policías.
Inmediatamente, el Comité de los Derechos Humanos y los coordinadores del evento llamaron a la Defensoría del Pueblo y a la Personería para entregar a estas dos personas, quienes, como afirma Javier Dorado, irrumpieron en propiedad privada sin ninguna orden de allanamiento. El Ministerio Público pudo establecer que los nombres reales de estos dos hombres son Edilberto Montenegro Delgado y Armando Pérez Narváez y que son miembros de la Policía Nacional. Al preguntarles la razón de su presencia en lugar, respondieron que era una inspección de rutina.
Por el contrario, los organizadores del evento aseguraron que se trató de una clara violación al derecho de organización y movilización. Robert Daza, vocero del Foro, afirma que con este mecanismo el Estado atemoriza a la población para evitar que se organice y defienda sus derechos y sus riquezas naturales, cuestiones que trató el encuentro y que denunció, pues estas pretenden privatizarse, como en el caso del agua, o explotarse a gran escala, como ocurre con la minería por parte de las multinacionales.
Policías entregados a la Defensoría del Pueblo.
Después de hacer la respectivas diligencias, los espías se pusieron a disposición de la Policía Nacional y de la Personería municipal, lo que se consignó en un acta firmada por ellos y por la Defensoría, la Policía Nacional, organizadores del Foro y la Personería. En ella se asegura que en ningún momento se les violaron sus derechos fundamentales y que el Ministerio Público se compromete a hacer las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables por este hecho que criminaliza la organización y la protesta, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.
Además de esta dificultad, el evento tuvo otras, como la negativa del vicerrector de la Universidad de Nariño Germán Arteaga ante la solicitud de un espacio para el Foro. También ocurrió que la policía hizo un intento de desalojo de las personas que asistieron cuando se encontraban en el colegio Santa Teresita, facilitado como dormitorio para ellas.
Daza dice que a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido el evento está seguro de que la comunidad nariñense va entendiendo de la magnitud del problema que se le avecina a esta parte del sur occidente colombiano, que no lograrán intimidarla y que se hará lo necesario para enfrentar las amenazas de los proyectos mineros y del agua.
