Guerrilla, grupos emergentes y mafia están teniendo una fuerte injerencia en las exportaciones de oro, que ya superaron las de café. Un boom que se está prestando para el lavado de activos.
Fuente: Redminería
16/06/2011. Las exportaciones de oro aportaron divisas a Colombia por US$2.095 millones el año pasado y superaron en más de US$200 millones a las de café. El oro es hoy el tercer producto de exportación del país, después del petróleo y el carbón. Sin embargo, y a pesar de la extraordinaria importancia para la economía, sus ventas al exterior son una gigantesca “caja negra” donde se mezclan lavado de dólares, corrupción, la acción de las organizaciones armadas ilegales y el oportunismo de algunas autoridades locales que se prestan para ofrecer un manto de legalidad a una gigantesca operación de blanqueo de recursos ilícitos.
Apenas 14% de las 53 toneladas que produjo Colombia en el año 2010 -98% de las cuales fueron exportadas- las extrajeron empresas legalmente constituidas. El 86% restante sale de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la ley.
Las exportaciones de oro crecieron 135% de 2008 a 2010, ritmos que superan ampliamente el 68% de aumento en el precio internacional acumulado en estos años. Municipios que nunca habían tenido producción aurífera aparecen ahora como grandes productores en los registros. Las autoridades están tratando de entender qué hay detrás de este desordenado crecimiento. Lo que encuentran es la evidencia de un gran fraude extendido en numerosos municipios de Colombia.
Bonanza artificial
Las cifras de producción de oro en Colombia no son confiables. Poblaciones que nunca han tenido vocación aurífera y no registran yacimientos en su suelo reciben millonarias regalías, aunque no puedan explicar el origen del oro que sus productores venden a las grandes fundiciones o al propio Banco de la República, según una investigación de la Contraloría General.
El municipio antioqueño de Maceo, que hoy está en la mira de los investigadores, recibió regalías en 2008 por $10.141 millones y se dio el lujo de destinar 51% de ellas al pago de un incentivo de fomento minero que distribuyó recursos por casi $1.497 millones entre nueve personas, quienes ni siquiera figuraban en un censo departamental de productores realizado entonces. La Dirección de Titulación Minera de la Gobernación de Antioquia certificó que entre los años 2008 y 2010 no existían en esa población minas de oro y solo operaban cuatro licencias para explotar roca piedra caliza en bruto, material de afirmado, calcáreos y arenas y gravas naturales.
Auditores de la Contraloría pidieron al alcalde, Fabio Agustín Sierra Muñetón, que les mostrara dónde se encontraban las minas, pero este no supo dar respuesta. Los nueve beneficiarios del incentivo, entre los que figuraban Dina Patricia Echeverri Acevedo, Aura Esmeralda Zuluaga y Rubén Darío Berrío, se fueron sin dejar rastro. En archivos oficiales quedaron documentos según los cuales ellos vendieron en seis meses cerca de un millón de gramos de oro a las fundiciones Escobar, Inversiones Giraldo y Duque Ltda; C.I. Metales y Derivados S.A.; C.I. IGSA y al Banco de la República.
El caso de Maceo es solo un ejemplo. De acuerdo con el Sistema de Información Minero Colombiano (Simco), en otras poblaciones de Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca la producción de oro ha venido escalando durante los dos últimos años, después de haber tenido históricamente un nivel de cero. Angostura, Antioquia, reportó durante el primer trimestre de 2011 una producción de 255.911 gramos, mientras que en el periodo septiembre-diciembre había reportado un poco más de 42.000. Alto Baudó, en el Chocó, que hasta diciembre de 2009 no había encontrado un solo gramo en su suelo, afirma haber producido durante los tres primeros meses del año más de 1,2 millones de gramos. Saltos similares se dieron en Arenal y San Pablo, Bolívar; Inzá, Cauca, y en otras regiones donde nunca se había tenido noticia oficial sobre hallazgos de yacimientos importantes.
La tendencia ha llamado la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en Washington. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá preparó en septiembre del año pasado un informe para Adam Szubin, director de esa oficina, en el cual asegura que hay un circuito de municipios -la mayoría afectados por el conflicto armado- que prestan su estructura administrativa para lavar recursos de grupos armados irregulares y mafiosos.
Lavado en gran escala
El siguiente eslabón en la cadena lo conforman las casas fundidoras de oro que se encargan de comercializar internacionalmente la producción, generando certificados de exportación. Estos certificados permiten ingresar al país grandes cantidades de dólares dentro de un marco de legalidad.
“Las autoridades colombianas -dijo a Dinero uno de los autores del informe de la Embajada de Estados Unidos- ya están informadas sobre los nombres de brokers que, con recursos ilícitos de grupos ilegales, compraron oro en Panamá y Venezuela, lo ingresaron subrepticiamente a Colombia, lo ‘agregaron’ a la producción de algunas poblaciones y luego lo exportaron a través de canales tradicionales”. De esa manera, utilizan el reintegro de divisas de exportación como un mecanismo que permite justificar sus ingresos ilegales. Para rematar, las regalías que reciben las entidades territoriales por la producción se convierten en fuente adicional de repartijas con alcaldes y otros funcionarios que acolitan esos manejos.
De hecho, durante los años 2008 y 2009, las regalías de oro casi se duplicaron, al pasar de $56.500 millones a casi $110.000 millones. “Un crecimiento que no parece corresponder al crecimiento en el precio, que fue tan solo de 25%”, dice un documento del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE), gremio que agrupa a compañías tan importantes como Anglogold Ashanti, Medoro y Mineros S.A.
La información de la Ofac coincide con la versión que dio en agosto de 2010 Salvatore Mancuso, el extraditado ex jefe de las autodefensas, ante la Corte Federal de Washington. Mancuso dijo que el oro que los enlaces de los paramilitares compraban en el exterior era fundido y distribuido en pequeñas cantidades entre numerosas personas que lo vendían al Emisor y a fundiciones que expedían certificados de exportación. Mancuso habló en esa ocasión de un “ejército de alcaldes” al servicio de esas operaciones.
Oficiales del Ejército que trabajan en desarrollo de estrategias para romper las redes de financiamiento de la guerrilla sostienen que no todo el oro viene del exterior, sino que hay un transporte del mineral desde zonas verdaderamente productoras y sometidas a controles más estrictos, hacia otras donde hay menos vigilancia.
Una de las brigadas móviles de esa fuerza militar que opera en el sur del país le ha seguido el rastro al oro que se produce en Barbacoas, Nariño, y que es, según expertos, el de mejor calidad del país. Buena parte de la producción es vendida al menudeo en las riberas de los ríos Telembí y Guambi, a través de tiendas y cooperativas de producciones artesanales. Los servicios de inteligencia creen que los compradores son emisarios de las Farc y envían el oro a centros de acopio controlados por ‘Mauricio’, un jefe guerrillero que aparece mencionado en correos extraídos del computador del extinto ‘Mono Jojoy’ como administrador de las minas de la guerrilla.
La existencia de estas prácticas ha sido reconocida por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien, en un discurso en enero pasado, mencionó cómo en los correos interceptados a la cúpula de la guerrilla se menciona con frecuencia el pago de material de guerra y armamento con oro y se deja ver que el manejo del oro en físico es hoy uno de los temas centrales en la logística de las Farc. Medios internacionales como The New York Times y The Economist han alertado sobre el papel que cumple el tráfico de oro en las finanzas y las operaciones de blanqueo de dineros de la guerrilla colombiana.
La administración de esta operación es compleja, pero su estructura es sencilla. El oro se “atomiza”, se vende en pequeñas cantidades a través de numerosas personas que llevan producto a las empresas fundidoras y comercializadoras. Las ofertas individuales nunca son llamativas en cuanto a la cantidad y no despiertan sospechas.
Según el Ejército, la Fiscalía tiene en su poder nombres de intermediarios -por ahora mantenidos en reserva- que facilitan la venta al exterior. Sin embargo, la información está fragmentada en expedientes que tienen que ver con actividades terroristas, corrupción en la distribución de regalías o con otros delitos contra el patrimonio público. Dinero estableció que en la Unidad de Lavado de Activos no existe ningún proceso relacionado exclusivamente con el blanqueo de capitales a través del comercio de oro.
Joaquín Bernal, subgerente de sistemas de pago del Banco de la República, confirma que el control sobre la comercialización del oro se convirtió en una tarea más dispendiosa para el Estado desde que se instauró el régimen de libertad cambiaria. En 1986, el Banco compraba el total de la producción nacional, que era entonces de 1,2 millones de onzas. En 1991 compraba 1,1 millones de onzas pero, con la libertad cambiaria, las condiciones se transformaron y en 1995 adquirió 195.000 onzas. Hoy compra en promedio, apenas 42.000 onzas al año. El grueso de la producción es negociado por fundiciones, cuyo control se basa en el principio de la buena fe.
Bernal recuerda que el Banco es autoridad de regulación del régimen cambiario y tiene algunas responsabilidades en materia de registro, como por ejemplo de inversión extranjera y de procesamiento de informaciòn estadística de declaraciones de cambio. Sin embargo, la responsabilidad de la supervisión, control y vigilancia del buen cumplimiento del régimen cambiario en materia de exportaciones le corresponde a otras autoridades.
Más rentable que la coca
Las exportaciones no son la única mampara para el lavado. El ex congresista Gustavo Petro asegura que en sus investigaciones sobre nexos de actores armados irregulares con políticos y funcionarios públicos encontró que entidades territoriales productoras y comercializadoras privadas han ayudado a las finanzas de los delincuentes con reportes de producción y exportaciones falsas.
Eso ocurrió, por ejemplo, con empresas operadas por testaferros de Jairo Rendón (hermano del jefe paramilitar John Fredy Rendón ‘El Alemán’) y de Juan Guillermo Gallón, acusado de narcotráfico, quienes incluso contaban con licencias de explotación expedidas por Ingeominas.
De acuerdo con estudios de la Cámara Colombiana de la Minería, presidida por César Díaz, el oro de origen dudoso es muchas veces chatarrizado o transformado en anillos y alhajas con apariencia de usadas. Así, al venderlo a las fundidoras, sus dueños dejan de pagar regalías, con lo cual se elude el que sería otro retén de control.
En un estudio reciente contratado por Anglogold Ashanti, la Universidad Eafit de Medellín exploró lo que ocurre con la producción y comercialización del oro en zonas de Zaragoza, Remedios y Segovia y concluyó, entre otras cosas inquietantes, que el comercio del oro ilegal es más rentable que la coca.
Dinero buscó también a representantes de las comercializadoras mejor acreditadas para consultarlas sobre el tema. Una de ellas es CI J. Gutiérrez & Cía. S.A., de Medellín, una de las empresas más grandes del país por ventas, que factura cerca de $1 billón anualmente. Andrés Vieira, su representante legal, afirmó que se trata de un tema complejo y de gran magnitud, pero que su explicación ameritaría mucho más que una entrevista de prensa.
Los favores de la ley
La influencia de actores armados y grupos mafiosos en la explotación es favorecida por la propia legislación. Según datos consignados en un documento Conpes que será expedido próximamente, la ley 1382 de 2010 favorece el lavado de la minería ilegal a través de la figura de la “minería tradicional”. No existe una definición concreta de quién es realmente un minero tradicional y, de hecho o, además, cualquier explotador que cumpla con el requisito de practicar la minería durante diez años puede solicitar títulos en áreas ya concesionadas.
Dada esta falta de claridad de la ley, a las organizaciones delictivas se les facilita tomar en arrendamiento predios y títulos y pagar por el usufructo de las concesiones otorgadas a mineros de hecho, haciendo muy difícil verificar quién lleva a cabo realmente la operación de extracción y comercialización del oro.
Según fuentes de la Dirección de Policía Judicial (Dijin), hay no menos de 60 casos en verificación en Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño especialmente, donde las Farc, reductos paramilitares y bandas de narcotraficantes como ‘Los Rastrojos’ se han hecho al control de la extracción.
En esas condiciones, el tráfico de títulos, especialmente en 2008 y 2009, se volvió incontrolable para Ingeominas, según funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. En esos años se registraron más de 15.700 transacciones con títulos.
Las principales empresas mineras formales han denunciado que son víctimas de extorsiones y chantajes. Los grupos ilegales les advierten que, si no pagan ‘vacunas’, ellos solicitarán título minero a la autoridad competente dentro de la misma área. Así lo denuncian informes del SMGE y de César Díaz Guerrero, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería.
El desorden se refleja en los movimientos de las importaciones de insumos. Como ocurría en la época en la que el éter, la acetona y otros insumos para la producción de cocaína eran de libre comercio, la importación de mercurio -la sustancia insignia de la minería ilegal- crece en una relación directamente proporcional al aumento del precio internacional. En 2009, la importación de mercurio creció 93,61% frente al año inmediatamente anterior, mientras el precio de la onza se incrementaba en 145,39%. Ese año fueron producidos 37.386 kilos de oro y se importaron 130.393 kilos de mercurio.
Este comportamiento de las importaciones también guarda relación con la proliferación de minas operadas clandestinamente. De acuerdo con informes todavía parciales de 19 Corporaciones Autónomas Regionales, existen 525 registros sobre minería ilegal en 193 municipios. El departamento con mayor número de registros de actividad minera ilegal es Córdoba (144 registros en 23 municipios), seguido por Huila, Antioquia, Nariño y Meta.
Para Ramiro Santa, vicepresidente para Colombia de Anglogold Ashanti, la realidad del mercado se resume en la siguiente ecuación: “producto legal + insumo legal + cero costo de transacción = mayores réditos para los informales”.
En medio de este panorama, no se ve una salida fácil que permita organizar y dar claridad a producción y exportación de oro en el país. El Estado tendrá que adecuar la legislación y ajustar controles a la minería informal. Las exportaciones de oro están hoy muy cerca del corazón de las operaciones financieras y logísticas de los grupos armados ilegales. El gobierno Santos tendrá que abordar el problema de frente, pues le hace un daño extraordinario a la seguridad en amplias regiones de Colombia y, por supuesto, a la imagen del país.
Nota:
Si miramos como coincide esto con la resolución del Ministro de Energía y Minas… (Ver pdf en Biblioteca: Legislación, Colombia).
