Julio Fierro Morales participó en la modificación al Código Minero que este miércoles estudia la Corte Constitucional. Considera que el país no cuenta con las instituciones suficientes para supervisar a este sector.
Desde su llegada al poder, el presidente Juan Manuel Santos ha insistido en la importancia del sector minero para el desarrollo del país. Para el Gobierno Nacional, la explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas locomotoras de la economía.
Para lograr este propósito, el Ejecutivo ha insistido en que se respetará la biodiversidad del país, al punto que la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, advierte que la minería no debe reñir con el medio ambiente y que el Gobierno impulsará la explotación responsable y combatirá la ilegal.
En diálogo con El Espectador, Julio Fierro Morales, geólogo, experto en minería y ex asesor del Ministerio de Ambiente, señala que al Estado colombiano le faltan dientes para supervisar la explotación minera.
–¿Qué fue lo más importante que se le introdujo al Código Minero?
–Después de que llega al Congreso la propuesta del Ministerio de Minas para modificar el Código Minero, en Minambiente nos enteramos y nos enfocamos en la protección del agua mediante la introducción de zonas de exclusión minera, al prohibir la minería en páramos, en reservas forestales protectoras y en los humedales Ramsar. Esto suma el 2% de territorio a la primera prohibición, que era en parques nacionales y parques naturales regionales, que sumaban el 11% del territorio colombiano, es decir, que con la modificación del Código de Minas la prohibición se aplica al 13% del país.
–¿Cómo fue esa discusión?
–Fue muy difícil con el Ministerio de Minas. Lo que se hizo fue demostrar que con 2% de territorio no se iba a afectar la industria minera y sí se iba a proteger el agua. Se debe tener en cuenta que los datos que se generaron en octubre de 2008, en cuanto a títulos mineros y solicitudes mineras, indicaban que el 10% de los páramos ya estaban titulados para minería y el 47% adicional estaba siendo solicitado. La amenaza era para más de la mitad de los páramos de Colombia.
–¿Cómo opera la institucionalidad para controlar la minería?
–En Ingeominas son 50 funcionarios encargados de la fiscalización minera y en este momento hay cerca de 10.000 títulos, de los cuales hay cerca de 4.000 en explotación. Así las cosas, a cada funcionario le corresponden 80 títulos, lo que indica que no hay posibilidad de que las cosas funcionen. Lo que llama la atención es que se apoye un modelo minero, pero las instituciones no se fortalecen, ni en el tema minero ni en el ambiental.
Esto es una locomotora loca, que viene a arrollarnos a todos, que no tiene control.
–En el caso de la explotación en el Páramo de Santurbán, la comunidad apoya este proceso…
–La comunidad no son sólo ellos. Santander es un caso muy bonito, porque si bien esas comunidades están cooptadas por la promesa de empleo y desarrollo para sus pueblos, Bucaramanga, que son 800.000 personas, es la que está pidiendo las audiencias. Este ha sido un caso simbólico, pues se ha iniciado un proceso de conciencia, en el que la gente de Bucaramanga dejó de creer que el agua sale de la llave, hoy ya sabe que sale de los páramos, por lo que se ha hecho un frente común de todos los sectores para defender sus recursos.
–¿Por qué Santurbán se ha convertido en un símbolo?
–Porque si les dan la licencia, empieza hoy mismo. Ese es el proyecto más adelantado de megaminería a cielo abierto. Ellos ya están listos. Segundo, está en un páramo, según los estudios del Instituto Humboldt, y eso es prohibido, y el proyecto está aguas arriba, de donde vienen los recursos hídricos de una ciudad de 800 mil habitantes. ¿Qué pasaría si el proyecto estuviera encima del agua de Montreal?
–¿Cómo analiza el Código Minero que hoy rige, tras la modificación introducida el año anterior?
–Se le fue encima a lo territorial, a lo étnico y a lo ambiental. A lo territorial al indicar que no se les podían oponer decisiones de ordenamiento territorial a los proyectos de utilidad pública e interés social. Es decir, un alcalde no podía oponerse a la explotación minera o de hidrocarburos. Ese lo firmaron los entonces ministros Luis Ernesto Mejía, Fernando Londoño y Sandra Suárez. Afortunadamente el Consejo de Estado en un fallo del año pasado advirtió que al tema minero sí se le podían oponer decisiones de ordenamiento territorial.
–¿Y qué pasa con lo étnico?
–En lo étnico están prácticamente obligando a las comunidades indígenas a hacer minería o de lo contrario a que entre un tercero a hacerlo y eso es abiertamente inconstitucional. Hoy hay siete resguardos 100% titulados a la minería. Esto se puede evidenciar en Jiguamiandó en Chocó. El avatar colombiano es la zona sagrada de los emberas, en un sitio que se llama el Cerro Careperro, que tiene interés minero (oro) y cuyos títulos son de la Muriel Mining.
–¿Y en cuanto al tema ambiental?
–Tenemos problemas gigantescos. Y partamos de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que señala que el único problema es la minería ilegal, como si no se dieran problemas con la minería legal en Cesar, con las enfermedades respiratorias o en los puertos de exportación de carbón, por nombrar dos ejemplo. Es muy miope esa visión, pues la minería puede convertirse en el eje del conflicto.
Este es un problema de un país que es el más biodiverso del mundo, a lo que no hemos podido sacarle réditos económicos, pues la apuesta del gobierno Uribe fue minera y de este Gobierno también lo es.
–La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el nuevo Código Minero por razones como la falta de concertación con las minerías étnicas, ¿por qué no se hizo ese proceso?
–No se concertó porque en la modificación no se tocaron los artículos que tenían que ver con minorías étnicas. Cuando se requirió hacer la concertación fue para el Código de 2001, es decir, la madre de todos los problemas de la Ley Minera no es la modificación de 2010, es el código original, y claro, me parece que esos temas étnicos son terribles en la norma de 2001.
Ahora la Corte puede tumbar la modificación y mantendrá la madre del problema. Esa es nuestra preocupación, que si esto sucede volvamos a perder el 2% de territorio que pudimos salvaguardar, gracias a la prohibición de la explotación minera en páramos, en reservas forestales protectoras y en los humedales Ramsar.
–¿Cuáles son las principales zonas mineras del país y qué se explota?
–Ese tema fue discutido en la modificación del Código de Minas. Cuando les pedimos que definieran las zonas que efectivamente tenían un potencial minero real, las zonas donde es estratégica la minería, los representantes del Ministerio de Minas nos dijeron que todo el país. Ante esas respuestas y bajo esa perspectiva, pues sí, uno puede coger y rebanar todos los cerros, aplanar todo el país, porque todo tiene potencial minero. No debería ser esa la manera de abordar el problema. Si efectivamente hay zonas con una riqueza inconmensurable y que van a ser la salvación del país, pues el país mismo debería ser quien aproveche eso, no, como dicen en el Ministerio de Minas, el primero en tiempo, el primero en derecho. Si tuviéramos una visión estratégica de país, como la tiene Brasil, eso sería nuestro, pero en nuestro caso no es así.
–Y la minería artesanal, ¿cómo se trató en el Código?
–No les interesa esa minería de comunidades pequeñas que no utilizan dragas o químicos sino que mazamorrean. Esto debería ser protegido, porque están haciendo un ejercicio de extracción responsable, como es el caso de Oro Verde en el Chocó, pero su esquema funciona porque es un mercado muy particular, pero eso no es lo que quiere el Gobierno. Esa es una posibilidad para comunidades indígenas, afro y campesinas, pero al Gobierno no le interesa.
–¿Qué pasa con el mercurio en Colombia?
–Una minería con mercurio no es viable. Somos el país más contaminado con mercurio del mundo, según Naciones Unidas. La zona del bajo Magdalena es la más contaminada por mercurio al aire y a los ríos, que es un problema de salud pública y de seguridad alimentaria. Ya no deberíamos permitir eso, pero hay al menos un proyecto de gran minería —Mineros S.A en El Bagre— que utiliza mercurio.Ellos dicen que reciclan el 99%, pero los riesgos son muy grandes, ¿qué pasa si hay accidentes? Es cierto que la gran mayoría del problema del mercurio es de minería ilegal, pero también hay minería legal utilizándolo y con licencia del Ministerio del Medio Ambiente, a pesar de que está prohibido en todos lados del mundo..
