El día 6 de marzo en Ginebra (Suiza), integrantes de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) sostuvieron una reunión con el Señor Ulrik Halsteen del Grupo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos, el Señor Santiago Martínez De Orense de la Sección para las Américas y Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Señora Lucia de la Sierra delegada del Relator para los Defensores de Derechos Humanos y con los 5 miembros del Grupo de Trabajo para Pueblos de Origen Africano de las Naciones Unidas, con el objetivo de socializar las peticiones del Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida.
Ver también:
- El pueblo de Cajamarca rechazó la minería e inicia la lucha por que se respete su decisión
- Cajamarca votó contra la minería y golpea duramente a empresas y gobierno
Fuente: Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Durante la reunión se expuso la difícil situación por la que atraviesan los defensores de derechos humanos y los dirigentes sociales en Colombia. Un capítulo especial de la reunión fue sobre las nefastas consecuencias ambientales y sociales del proyecto minero de La Colosa y el desconocimiento del gobierno Colombiano a una decisión democrática y soberana del pueblo de Cajamarca. Son preocupantes las declaraciones del Ministro de Minas y Energía y el alto gobierno colombiano que pretenden desconocer la democracia, los derechos ciudadanos y el ordenamiento jurídico del país. Se resalta que la multinacional AngloGold Ashanti no tiene derechos adquiridos como lo dice el MinMinas.
De igual forma se explicó que la Consulta Popular realizada en Cajamarca está dentro del marco legal colombiano y es reconocida como un mecanismo de participación ciudadana en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en las Leyes estatutarias 134 de 1994 y la 1757 de 2015, así como en la sentencia de la Corte Constitucional T-445/16.
Los miembros de los mecanismos especiales de las Naciones Unidas tomaron atenta nota, se comprometieron a hacerle seguimiento al tema y se les solicitó emitir un comunicado al gobierno de Colombia demandando reconocimiento y respeto por la participación ciudadana y el estado social de derecho colombiano.
La reunión también tuvo como propósito alertar a la comunidad internacional sobre las sistemáticas amenazas que grupos paramilitares han realizado contra miembros del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y otras organizaciones sociales y colectivos de comunicación que acompañaron el proceso de la Consulta Popular y la defensa del derecho colectivo al ambiente sano de los cajamarcunos y tolimenses. Aunque estos hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y demás instancias nacionales, es inquietante que al día de hoy no existan garantías para el derecho a la vida de quienes promueven y participan de estos procesos democráticos y constitucionales.
