Tras el aval de constitucionalidad proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima con respecto a la consulta popular minera, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que los ibaguereños deberán acudir a las urnas el próximo 2 de octubre, esto con el fin de decidir si están de acuerdo o no con que en la capital del Tolima se realicen megaproyectos mineros que atenten contra el medio ambiente.
Fuente: El Olfato
Según el alcalde Jaramillo, la consulta popular minera es el mecanismo democrático más efectivo para evitar que en la ciudad se realicen actividades contaminantes y que ponen en riesgo tanto la seguridad alimentaria como el suministro de agua en los territorios. (Ver: “Esta es la cuota inicial de la consulta popular minera”: Alcalde de Ibagué)
“Aprovecho para informar que la consulta popular minera se realizará el próximo 2 de octubre del 2016. Ya acabo de firmar el Decreto número 0853 del 8 de agosto del 2016, por medio del cual se convoca al pueblo del municipio de Ibagué a una consulta popular”, dijo el Alcalde.
Sobre los costos que podría tener la consulta popular minera, el alcalde Jaramillo dijo que todavía no hay claridad acerca de quién aportará los recursos porque todavía no se ha tenido una respuesta oficial del Gobierno Nacional, entidad encargada de aportar el dinero necesario para realizar la organización de dicha iniciativa democrática. (Ver: Consulta popular minera se votaría en octubre, dice registrador departamental)
“El costo puede estar alrededor de $500 millones o $600 millones, no como alguno dijo por ahí que valía $13.000 millones: eso es absurdo. Este tema debe ser costeado, como todas las consultas populares, por parte del Gobierno Nacional. Aquí también estamos mirando cómo hacemos eso porque no queremos que por falta de recursos la gente se limite a participar en un evento tan importante como es decidir si se quiere agua o minería”, afirmó Jaramillo.
Sin embargo, el Alcalde fue enfático en que el Gobierno Nacional, por ley, debe destinar los recursos necesarios para organizar la consulta popular minera.
“La obligatoriedad es que si el Gobierno Nacional nos contesta que no hay dinero, pues tendremos que poner una tutela para que se cumpla con la ley. Nosotros no tenemos los dineros, pero tenemos que buscar alternativas de cofinanciación. A pesar de que es una obligatoriedad, no estamos renuentes a ayudar en logística o de pronto en algo de recursos”, aseguró.
Recordemos que la consulta popular minera fue avalada por el Tribunal Administrativo del Tolima el pasado jueves 28 de julio, luego de que se discutiera la constitucionalidad o no de la iniciativa para decidir sobre actividades mineras en los territorios. (Ver: Conozca el histórico fallo que avaló la consulta minera en Ibagué)
“Me ratifico en la campaña que haremos a favor de la paz. Por eso invitaremos a todos los ibaguereños y tolimenses a que voten sí a la paz, no a la mina”, manifestó Jaramillo. (Ver: “No podemos pensar en conseguir la paz si desde ya empezamos a discriminar: Jaramillo)
Ahora solo resta que un número aproximado de 130.000 ibaguereños acudan a las urnas para que la consulta popular minera tenga validez.
