El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, firmó el decreto 2220, del pasado 20 de noviembre, que determina que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) será la única entidad estatal competente para conocer de los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES), entre los que se encuentra la posible explotación de oro en el municipio de Cajamarca.
Fuente: El Olfato
Así, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos prendió la locomotora minera y sacó del camino a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), para avanzar sin tropiezos en proyectos mineros como La Colosa, en el Tolima.
Las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia son entes corporativos públicos que cumplen el rol de autoridad ambiental a nivel regional. Los integran entidades territoriales y poseen autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Por ley son encargadas de administrar el medio ambiente y los recursos naturales en su jurisdicción y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Dicho decreto cita, en repetidas ocasiones, que las Corporaciones Autónomas Regionales deberán entregarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales todos los procesos que estén en trámite, como ocurre con La Colosa.
La ANLA “requerirá a la Corporación Autónoma Regional para que remita el expediente en el estado en que se encuentre, el proyecto, obra o actividad en su integralidad”.
Ahora, Cortolima tendrá que remitir a la ANLA los expedientes de los trámites que estaba adelantando la multinacional AngloGold Ashanti en el Tolima como por ejemplo: concesiones de agua y permisos de investigación científica, entre otros.
Sin embargo, esta medida del gobierno central podría tener algo positivo para las corporaciones autónomas regionales.
En el caso de Cortolima, al quedar ‘liberada’ de cualquier decisión administrativa, podría hacer activismo en contra del proyecto minero La Colosa y apoyar eventualmente la consulta minera que pretende realizar el alcalde electo de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. (Ver: El efecto Anglogod en el Concejo de Cajamarca)
“A pesar de ser una medida centralista y que afecta la autonomía de los territorios, los tolimenses tendrán a su autoridad ambiental regional, libre y sin ataduras para continuar apoyando con rigor y persistencia la defensa de los recursos naturales del departamento del Tolima”, afirmó el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso.
