La comunidad de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Ambiente reiteraron el llamado al Ministerio de Ambiente, para que defina la situación de la minería en Bogotá, que debió resolverse desde el pasado 24 de febrero. Proponen un referendo o una consulta popular para que la ciudadanía sea quién decida sobre la continuación o prohibición de la minería en la capital del país.

 

Fuente: El Espectador

La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Ambiente, hizo un llamado a la comunidad y las asociaciones ambientales para que trabajen en conjunto por un referendo o consulta popular para que se prohíba la minería en la capital del país, además de la conformación de la Mesa Ambiental de Ciudad Bolívar.

Esto con motivo de los hechos registrados el pasado fin de semana, en los que falleció una habitante de la localidad de Ciudad Bolívar debido a un accidente en el que estuvo involucrado un vehículo que transportaba arena y recebo proveniente de la zona minera, por lo que la comunidad presentó sus solicitudes a la autoridad ambiental de Bogotá sobre el tema.

Así mismo, la Secretaría de Ambiente aseguró que el pasado 24 de febrero el Ministerio de Ambiente debía responder la solicitud hecha para que sean eliminados los polígonos que habilitan la actividad minera en Bogotá, ante lo que la cartera nacional de ambiente no se ha pronunciado. Por esto, la comunidad y la entidad, reiteraron su llamado al Ministerio de Ambiente para que defina la situación de esta actividad en Bogotá, que debió resolverse desde hace casi dos meses.

La secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que revisarán jurídicamente y de forma minuciosa en la mesa técnica, la situación legal de la cantera ubicada en la UPZ 70 en la que ya se habrían adelantado acciones concretas además de continuar la búsqueda de controles que terminen en la prohibición de esta actividad en la ciudad.

Para este fin, en los diálogos entre ambas partes se propuso promover un referendo o una consulta popular para que la ciudadanía sea quién decida sobre la continuación o prohibición de la minería en la capital del país.