Habitantes de ocho municipios del Meta marcharon, de Villavicencio a Bogotá, para exigirle al gobierno que derogue el decreto 2691, firmado el 23 de diciembre, con el que se busca reglamentar la entrada de explotaciones mineras a sus territorios.
Fuente: El Espectador
Durante cuatro días al menos 200 agricultores y concejales de ocho municipios del Meta caminaron, entre siete y ocho horas diarias desde Villavicencio, para llegar este martes a la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Quieren repetirle al gobierno que necesitan ser tenidos en cuenta en las decisiones sobre sus territorios. Específicamente piden tener voz y voto cada vez que desde Bogotá, funcionarios públicos acepten que en sus municipios se podrían hacer minería o extraer petróleo.
Jesús Villabona, campesino de 57 años, dejó encargados sus cultivos de naranja, yuca y plátano en El Dorado y arrancó hacia la capital. Para sumarse a la marcha, Aldemar Celis y Libardo Guiza también le recomendaron a los vecinos el acueducto comunal y los cultivos de caucho en poblado de El Castillo. Los tres hablan de los planes de Ecopetrol para expandirse en sus municipios y de las minas de piedra caliza que quieren abrir y que, según ellos, los podrían dejar sin agua.
“Salimos el 21 de marzo hacia Guayabetal (Cundinamarca), dormimos en parques y hoteles. Seguimos hacia Cáqueza y al día siguiente a Choachí, vamos puerta a puerta contándole a la gente que queremos que se derogue el decreto 2691 que el 23 de diciembre firmaron los ministros de Minas, Ambiente, Interior y Agricultura. Lo firmaron mientras los concejales del país estábamos en vacaciones. Iniciamos sesiones el 9 de marzo y nos encontramos con este problema: el decreto dice que los municipios que se quieran oponer a un proyecto minero o petrolero deben presentarle al Ministerio de Minas estudios técnicos para argumentar por qué se oponen, pero nosotros con qué plata vamos a contratar estudios científicos, la mayoría de municipios carecen de recursos. Encima nos dan 90 días, contados desde el 23 de diciembre, para entregar ese material, ese plazo, que se venció ayer, es un completo absurdo”, dice el concejal de Villavicencio Fernando Vargas.
Si se respetaran las fechas estipuladas por el decreto, en este momento todos los municipios con títulos mineros entregados y que no hayan presentado esos estudios, habrían perdido la oportunidad de oponerse a los proyectos. Por eso los concejales anunciaron que se unirán a una nueva demanda de nulidad contra el decreto, que será presentada ante el Consejo de Estado por el Instituto Latinoaméricano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el senador del Polo Alberto Castilla.
Este mes abogados de la organización Dejusticia ya habían pedido la nulidad del decreto ante el mismo tribunal y la ONG antioqueña Conciudadanía también había demandado la norma.
Con el concejal Vargas están otros líderes políticos y agricultores de ocho poblados más del Meta: Cubarral, Lejanías, Fuente de Oro, El Dorado, El Castillo, San Martín, San Juan de Arama y Granada, conocidos como los municipios de la región del río Ariari. Las camisetas de quienes marcharon este martes en Bogotá tienen estampada la frase: “Ariari, despensa agrícola. ¡Protejámosla!”. Dicen que llevan décadas dedicados a la agricultura, a sembrar alimentos para abastecer al país, y piden que en lugar de pensar el llano como el campo petrolero de Colombia, el gobierno debería invertir en los procesos productivos campesinos quienes se comprometerían con el cuidado del agua.
En demandas presentadas se ha argumentado que el decreto le entrega al Ministerio de Minas todo el poder de decidir cuáles son los proyectos mineros ambientalmente viables, sin que el Ministerio de Ambiente intervenga. Según la norma Minas evaluará los estudios entregados por los municipios y le pedirá consejo a los otros ministerios solo en caso de que lo vea necesario. Además los abogados demandantes han dicho que la norma le resta competencias a los municipios y a las autoridades ambientales locales para tomar decisiones sobre el territorio.
Al preguntarle al Ministerio de Ambiente sobre esta oposición, la directora de asuntos jurídicos Carmen Constanza Atuesta, aclara que aunque la mayoría de críticas viene de zonas con proyecciones petroleras, “el decreto 2691 solo funciona como un protocolo aplicable a futuras explotaciones mineras. El tema petrolero aún no tiene protocolo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ni siquiera participó de la discusión del decreto”, además, la funcionaria dice que en ningún momento el decreto está entregándole poder al Ministerio de Minas sobre temas ambientales, pues todos los proyectos que pasen ese primer filtro deberán, a futuro, cumplir con los tramites de licenciamiento ambiental estipulados por ley.
Para el Ministerio de Ambiente este decreto beneficiará a los municipios en la medida en que se acabará la entrega de títulos mineros sin que las comunidades se den por enteradas, “lo que permite el decreto es que antes de que se otorgue un título, el Ministerio de Minas va a tener que avaluar los argumentos de los municipios que quieran oponerse a esos proyectos. Eso no ocurría antes. La gente se enteraba de los proyectos cuando las empresas ya tenían el título e iban a gestionar las licencias ambientales. Seguramente los proyectos que afecten fuentes hídricas fundamentales no van a recibir el aval del Ministerio de Minas”, explica Atuesta.
Frente a la queja sobre la falta de recursos para realizar los estudios técnicos que describan posibles afectaciones, el Ministerio de Ambiente explica que “no se requerirán estudios costosos para argumentar la oposición al proyecto”, según la Directora de Asuntos Jurídicos “bastará con que los municipios entreguen un documento con donde mencionen las razones por las que se oponen enumerando las posibles afectaciones ambientales y culturales que traería la minería: describiendo la presencia de fuentes hídricas importantes o informando las razones por las que un municipio dedicado a la agricultura no se quiere que llegue la minería. No tiene que ser estudios científicos detallados. Algunos concejales están confundidos. Y sobre el tema de los plazos para entregarlos, seguramente se tendrán que hacer ajustes”, dice Atuesta.
Con las demandas interpuestas, será el Consejo de Estado el que defina si este protocolo que idearon los cuatro ministros como mecanismo de participación de los municipios está o no ajustado a la constitución, mientras eso ocurre, Jesús Villabona, Aldemar Celis y Libardo Guiza volverán a sus fincas, los cultivos y el acueducto, a esperar una respuesta.
