La Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la IV Región de Coquimbo, tenia serías sospechas sobre los niveles de contaminación del tranque El Mauro de la Minera Los Pelambres, propiedad Antofagasta Minerals del grupo Luksic. Por eso debían ir a tomar muestras para determinar la contaminación del agua. Sin embargo, el propio Ministerio Público de la región impidió que la Bridema pudiera entrar a la minera, un acto bastante irregular y sospechoso.
Fuente: Veo Verde
Los detectives no se quedaron de brazos cruzados y aunque no tenían los permisos de la Fiscalía, tomaron muestras de agua de el tranque El Mauro encontrando una presencia mucho más allá de los límites permitidos de arsénico, maganeso y otros minerales peligrosos para la salud. El Instituto de Salud Pública, señaló que no habían peligros con el agua, ya que realizó un contra peritaje y extrañamente encontraron que los niveles estaban en orden y que el informe de la Policía de Investigaciones era muy refutable.
La información fue sacada a la luz pública gracias a un informe que desclasificó el medio impreso chileno The Clinic. Dicho informe sostiene un reclamo formal del subcomisario de la Polcía de Investigaciones (PDI) de Coquimbo, Aljaro Lapolla, quien denuncia una notable interferencia de la fiscal María Soledad Salazar al no entregar los permisos para investigar los daños ecológicos de la minera.
“Dicha diligencia a realizar en el lugar eran necesarias de ser efectuadas con peritos de Criminalística (Lacrim) para poder evaluar el posible daño ecológico y ambiental a partir de la construcción del tranque”, sostuvo Lapolla.
Lo extraño es que la misma fiscal pidió en junio pasado que la PDI investigara el lugar, pero cuando llegó el momento inexplicablemente negó la orden.
Los detectives señalan que hubo varias irregularidades, como reuniones suspendidas sin motivo, presentación de pruebas falsas, asociación ilícita y una seria de sucesos que en definitiva impidieron cuantificar el daño al patrimonio cultural y derechos de agua. Lo cual le otorga beneficios económicos a la minera y un inminente daño a la salud de los habitantes de Caimanes, quienes ya han agotado todos los medios para exigir que no les quiten el agua.
