El director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, pidió hoy al gobierno que respete sus compromiso de campaña de no instalar un proyecto minero en la Patagonia, del cual el presidente, Sebastián Piñera, es accionista.

 

La declaración fue realizada luego de que este viernes el Consejo de Ministros diera su visto bueno al proyecto que pretende levantar una mina carbonífera en la zona austral de Chile.

La Mina Invierno, que será la primera de cinco yacimientos de carbón que se emplazarán en Isla Riesco, es un proyecto de los grupos Ultramar y la Compañía de Petróleos de Chile (Copep) de la cual el presidente es accionista.

El senador socialista Pedro Muñoz denunció en julio que «es una anomalía que el presidente de la República sea accionista de Copec, una de las empresas impulsoras del proyecto, según consta en su declaración de patrimonio».

El proyecto, que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes (Sea) en febrero de este año, se efectuará en una isla que es parte de la Reserva Alacalufe y que constituye el hábitat de diversas especies autóctonas.

La aprobación a la instalación de la mina la dieron a conocer los ministros de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Minería, Economía y Energía, a pesar de que organizaciones ambientales apelaran la decisión y presentaran observaciones.

María Ignacia Benítez, titular de Medio Ambiente, informó que de las 1.216 observaciones al proyecto, 1.110 fueron estudiadas durante el proceso de evaluación ambiental, por lo que Comité de Ministros revisó sólo 106.

«Se acogieron algunas que tienen que ver con calidad del aire, y que se le exige al titular que instale estaciones de material particulado sedimentable en los predios vecinos», señaló Benítez.

El proyecto, que implicaría una inversión total de 530 millones de dólares, empezaría sus faenas en 2012 y podría durar por aproximadamente 40 años.

Tiene como objeto explotar reservas de más de 240 millones de toneladas de carbón sub-bituminoso, para abastecer proyectos termoeléctricos, que producirá anualmente entre 4 y 5 millones de toneladas de este mineral.

Los detractores a la instalación de la Mina Invierno denuncian que el proyecto afectaría directamente a 1.500 hectáreas de bosques, lagunas, valles, humedales y praderas.

El proyecto es ratificado luego de que el 9 de mayo de este año autoridades de gobierno aprobaran el proyecto Hidroaysén, que pretende instalar cinco termoeléctricas en el sur y que desató un masivo rechazo social.