Desde inicios de marzo, el CODEMAT, Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá, ha pedido respuestas e investigado sobre la calidad del agua que tomamos. Aunque el CODEMAT sigue a la espera de algunas respuestas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de Tarapacá, estima importante no esperar más para informar a la población respecto de los hechos que hasta ahora ha podido confirmar sobre el agua de la llave como sobre el agua embotellada.
Fuentes: El Ciudadano / Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá (CODEMAT) y Radio Universidad de Chile
“Los hechos son muy preocupantes. Las decisiones que tomaron las autoridades nacionales a lo largo de estos años no aseguran ni disponibilidad de agua para el consumo humano, ni la calidad del agua que tomamos. Los ciudadanos de Tarapacá estamos condenados a tomar agua con altos niveles de arsénico. Los que no quieren envenenarse con agua que tiene niveles de arsénico por sobre la norma aceptable para la salud humana, no tienen ni siquiera la solución a corto plazo de pagar más por agua de mejor calidad, porque nada asegura que el agua embotellada tiene menos arsénico,” afirmó Arturo Neira, presidente del CODEMAT.
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA USO HUMANO
Una de las consecuencias del actual Código de Aguas es que la disponibilidad de agua para el consumo de los habitantes de nuestra Región, y de cualquier otra región del país no pueda ser asegurada, porque el estado chileno no tiene el control del AGUA, y debe competir con cualquier empresa, sean mineras, industriales o agrícolas que posean o soliciten derechos de agua.
“Debemos exigir el aseguramiento prioritario de la disponibilidad de agua para la sobrevivencia de los habitantes, esto es agua potable y para uso agrícola, antes de usarla para otros fines, aún más en una región como la nuestra en la cual en agua es tan escaso. Ya en algunas localidades del norte del país, como Copiapó, está sufriendo cortes del servicio de agua potable por falta de agua,” dijo Arturo Neira.
CALIDAD DEL AGUA DE LA LLAVE
En la región de Tarapacá, como ya sabemos, siendo presidente Ricardo Lagos se entregó la concesión por 30 años de los servicios de agua potable y de alcantarillado a la empresa Aguas del Altiplano. Los contratos de concesión establecieron las condiciones y plazos de las inversiones que tenía que hacer la empresa concesionaria. Las inversiones más importantes que ha realizado la concesionaria fueron aquellas que podían ser fácilmente cargadas a los consumidores: ampliación de la red de agua potable, es decir para tener más clientes por consumos y alcantarillado.
Antes y hasta la concesión del servicio de agua potable, los niveles de arsénico habían venido disminuyendo por las inversiones que hizo el estado chileno antes de entregar el negocio a manos privadas. La empresa privada no hizo inversiones importantes para mejorar la calidad del agua, sólo el año 2012, instaló una planta de abatimiento de arsénico en Alto Hospicio, que de todas formas entrega agua con el triple de arsénico permitido en el resto del país.
La concesionaria Aguas del Altiplano afirma que puede hasta el año 2017 mantener los niveles de arsénico en 0,03 mg/L, es decir, tres veces por sobre la norma (0,01 mg/L) que se exige para el resto de Chile. Eso está legalmente establecido por el Decreto Supremo N°131, promulgado el 12-10/2006 por la Presidenta Michele Bachelet: la autoridad política permitió que la empresa recién el año 2017 disminuya el nivel de arsénico a 0,01 mg/L, que es la norma nacional.
“Las consecuencias de un contenido en arsénico de 0,03 mg/L en vez de 0,01 mg/L se traducen en muchas personas, especialmente niños y ancianos que serán afectados por cánceres a la piel, a los riñones, entre otras enfermedades. ¿Por qué se tolera esto en Tarapacá mientras en todo el resto de Chile, no? Está claro que la empresa concesionaria no tiene ningún sentido de responsabilidad social cuando se conforma con hacer apenas las mínimas inversiones que le exige la normativa y en los plazos que le establecen las autoridades, pero las autoridades políticas no pueden bajo ninguna circunstancia, eludir su responsabilidad por las decisiones que toman y que terminan afectando gravemente la salud de quienes los eligieron en beneficio de las empresas. ¿Cómo la Dra. Bachelet pudo, siendo presidenta promulgar un decreto que comprometía la salud de los ciudadanos de Tarapacá?,” afirmó Jorge Silva, del CODEMAT.
CALIDAD DEL AGUA EMBOTELLADA
El agua embotellada no es de mejor calidad que el agua de la llave. Muchas veces, es sólo agua de la llave que ha sido o no ha sido filtrada. Las fiscalizaciones que hace el SEREMI de Salud de las aguas embotelladas se limitan a los RAM – microrganismos aeróbicos mésofilos (microrganismos que se desarrollan en presencia de oxígeno a temperaturas de 35-37°C). No hay ningún antecedente de fiscalizaciones para el contenido en arsénico en las aguas embotelladas y de todas maneras, si hubiera, la legislación chilena vigente permite hasta 0,05 mg/L de arsénico en estas aguas, es decir 5 veces más que en el agua de la llave.
“El Seremi de Salud, en lugar de promover el consumo de agua embotellada, debería asumir un rol de fiscalizador riguroso sobre la calidad del agua que tomamos, porque es muy preocupante que además de consumir aguas minerales con hasta 0,05 mg/L de arsénico, el 2012 cuando realizó la última fiscalización de las 17 plantas embotelladoras fiscalizadas, 11 de ellas presentaban índices elevados de colonias de RAM, que son indicadores de deficiencias en los procesos de embotellamiento. El Seremi de Salud, no parece estar muy preocupado de la exigencia de la rotulación anexa que deben presentar las aguas embotelladas, exigidas por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ni tampoco de conocer la relación entre la ocurrencia de cáncer en la población regional y el consumo de agua potable con altos índices de arsénico, que sí está confirmado por muchos expertos nacionales e internacionales,” concluyó Arturo Neira.
Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá (CODEMAT)
Denuncian nula respuesta de autoridades por presencia de arsénico en el agua
Los ciudadanos del norte afirmaron que siguen preocupados por la contaminación del agua potable con arsénico y denunciaron falta de respuestas por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Mientras, en todo el país se articulan organizaciones que luchan por la defensa de las aguas, a las puertas de la gran movilización convocada para el próximo lunes 22 de abril.
Sin respuesta continúan los habitantes del norte grande, luego que en diciembre del 2012 la Superintendencia de Servicios Sanitarios diera a conocer en su reporte de fiscalización habitual que las aguas de nueve localidades excedían en hasta tres veces los límites de la norma de arsénico.
El presidente del Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá (CODEMAT), Arturo Neira, afirmó que, pese a que han realizado una serie de gestiones, nadie se hace cargo.
En este sentido, el dirigente de la organización ciudadana señaló que “hasta ahora la superintendencia no nos ha respondido si van a abordar el contenido de arsénico y sobre las exigencias que van a hacer a la empresa para disminuir las concentraciones de este material en el agua. En la entrevista que tuvimos con el gerente general de Aguas Altiplano nos dijo que se ajustan a la norma”.
La situación es compleja, cuando ya en 2006 el gobierno de Michelle Bachelet decidió rebajar los niveles máximos de este metal tóxico en el agua potable de 0.05 a 0,01, pero firmó un decreto supremo que les da plazo a las empresas hasta el 2017 para ajustarse a esta nueva normativa que, en la actualidad, permite un promedio de un 0.03 en las aguas, lo que hoy está ocurriendo.
Por esto es que no existe una respuesta clara de cómo enfrentar este conflicto mientras se expone a la población. Así lo indicó Gustavo Masciocchi , habitante de Pozo Almonte y vocero de la Red Provincial de Protección de la Madre Tierra.
“Nosotros entendemos que sencillamente las autoridades están dando una respuesta formal sobre el tema, porque se desconoce qué funcionarios anteriores fueron los que dieron ese plazo a las empresas privadas que manejan el agua, para que en el 2017 sea el momento en que se resuelva de manera definitiva el problema del arsénico y de otros contaminantes”, dijo Masciocchi.
El dirigente reiteró que las autoridades les han propuesto como solución consumir agua embotellada. Sin embargo, como hace poco confirmó el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchernichin, las aguas minerales se rigen por la norma del 0.05 y carecen de etiquetado, lo que no resuelve el problema.
Finalmente, Leonardo Maureira del Movimiento Freirina Consciente señaló que esta situación responde a un problema más grande.
“Se han destruido glaciares durante años. En el sur los ríos son maravillosos y la cantidad de agua que existe, pero esa agua no es nuestra, esa agua tampoco es de los sureños, esa agua es de privados. El problema del agua es transversal y tenemos que tomar consciencia de una vez por todas. Nosotros tenemos que recuperar el agua para los territorios”, comentó.
Este jueves y viernes se realizarán foros de debate sobre este tema en la Universidad de Chile, que son parte de la agenda ciudadana previa a la convocatoria a una gran marcha para el próximo lunes 22 de abril, acordada en la pasada Cumbre de los Pueblos y que tiene la finalidad de conmemorar también el Día de la Tierra.
