El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años.
Por Raúl Zibechi publicado en El Ciudadano
“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.
Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.
El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.
Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.
Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.
UN PROYECTO IMPERIAL
Fue un geólogo de la United States Steel quien descubrió en 1962 el área mineral más rica del planeta y la mayor reserva de hierro del mundo. Se trata de una superficie de 900 mil kilómetros cuadrados, el 10 por ciento de la superficie del país, por la que fluyen los ríos amazónicos Tocantins, Araguaia y Xingú. El Estado brasileño entró en disputa con la multinacional estadounidense para asegurar que las riquezas quedaran en el país. Para eso, la Compañía Vale do Rio Doce, la minera estatal fundada en 1942 por el gobierno de Getúlio Vargas, pagó una enorme suma a la U.S. Steel para asegurarse el monopolio de la minería.
Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo.
Siete décadas después, la Vale es la segunda minera del mundo, emplea 120 mil personas, factura 60 mil millones de dólares anuales, opera en veinte países y está entre las veinte mayores empresas del mundo. Sólo en Brasil tiene 10 mil kilómetros de vías férreas y nueve puertos propios por los que exporta mineral de hierro con destino a Asia, en particular hacia China, país con el que tiene una estrecha relación. Ella sola consume el cinco por ciento de la energía que produce el país.
Fue privatizada en 1997, en un polémico proceso, por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Aunque formalmente es una empresa privada, el Estado tiene una “acción de oro” por la cual puede bloquear decisiones. El Consejo de Administración está controlado por Valepar SA, donde el fondo de pensiones Previ (de los empleados del estatal Banco do Brasil) tiene el 53 por ciento del capital con derecho a voto y el BNDES tiene otro diez por ciento. Eso le permite al gobierno influir, de modo directo o a través de los sindicatos, en la elección del presidente de la multinacional y en la orientación de sus inversiones.
La joya de la Vale es el Proyecto Carajás. Se trata del mineral de hierro con mayor grado de pureza del mundo, en tanta cantidad que puede extraerse durante 250 años al ritmo actual. Es un complejo que incluye la mina, una vía férrea de 900 kilómetros y un puerto de São Luis. Para abastecer de energía a la mina de Carajás, y a otros proyectos de aluminio de la región amazónica, fue necesario construir la usina hidroeléctrica de Tucuruí, con una capacidad de 8.300 megavatios.
De la mina de Carajás se extraen alrededor de 75 millones de toneladas de hierro cada año de las 100 millones que exporta la empresa. Las perforadoras sacan el mineral que es levantado por las excavadoras hasta camiones capaces de cargas hasta 400 toneladas. De allí a las usinas que trituran el mineral hasta llegar por una red de cintas transportadoras hasta los vagones. El tren minero tiene 330 vagones, cuatro locomotoras y un largo de casi cuatro kilómetros. En el puerto lo esperan los Valemax, cargueros de hasta 400 mil toneladas y 360 metros de largo construidos especialmente para transportar hierro. Vale encargó 35 mega-barcos.
ZONAS DE SACRIFICIO
“La presencia de la empresa se naturalizó y ya no hay forma de pensar en sacarla. El tren tiene una presencia continua y distorsiona la vida cotidiana”, explica Santiago. Lo peor, empero, son las siderurgias, cinco en Açailandia, dos de ellas en Piquiá. Con apenas 380 familias, el pueblo enclavado en la zona industrias no tiene la fuerza suficiente para reclamar, aunque en diciembre de 2011 varios cientos cortaron la vía del tren con apoyo de los sin tierra y los curas.
“Al rato de estar me empezó a picar la cara y los brazos. Es el polvo de acero. La empresa no tiene un botadero ni una escombrera sino que la van tirando por ahí”. Santiago hace números: visitó tres casas, en una había una chica de 15 años con malformaciones, en la segunda una mujer de 32 años había muerto de cáncer y e la tercera vivía una persona con cáncer de pulmón.
Joselina, una mujer elegante de unos 40 años que hace posgrado en São Luis pero toda su familia está en Piquiá, no puede ocultar su tristeza por la muerte de su primo pequeño, de diez años, quemado cuando cayó en los desechos candentes de las acerías. “Piquiá está rodeada de acerías, cementeras y el tren de la Vale, y por los caminos pasan todo el tiempo camiones que llevan hierro y carbón a la siderurgias”.
“Es tanta la opresión que lo único que quiere la gente es irse”, vuelve Santiago. Las empresas compraron un predio para los pobladores para que puedan trasladarse a un lugar menos inhóspito y contaminado, y el año pasado el Ministerio de las Ciudades aprobó el proyecto urbanístico y habitacional para que puedan reinsertarse. Los problemas seguirán a lo largo de los 900 kilómetros de la vía férrea que la Vale proyecta duplicar en pocos años para aumentar las exportaciones: el objetivo es pasar de 100 a los 230 millones de toneladas de mineral de hierro.
Cada vez que el tren se para, forma un muro de cuatro kilómetros que los vecinos no pueden atravesar. Tal vez por eso Santiago compara Açailandia con Macondo: “Supera la ficción, hay peces muertos en todos los ríos, todo se reduce a blanco o negro porque el polvo de hierro le quita el color a la gente y a las plantas”. Una imagen que se refuerza cada vez que el tren se detiene en un pueblo y cientos de personas se abalanzan para vender cualquier cosa y sacar algunos reales.
LA PEOR EMPRESA DEL MUNDO
El padre comboniano Dario Bossi, que coordina la red Justiça nos Trilhos y vive en Piquiá, hace su síntesis: “En treinta años la explotación de hierro deja deforestación, trabajo esclavo, migraciones y discontinuidades en el proceso de identificación de las comunidades con sus territorios, conflictos por la tierra, contaminación, desorganización urbana y violencia por el intenso éxodo en busca de trabajo, siendo los más afectados los indígenas y los afrodescendientes”.
“Décadas atrás llegaron hasta Maranhão caravanas de pobres del nordeste, mano de obra barata para los grandes proyectos de desarrollo y el latifundio extensivo”, dice Bossi [1]. El crecimiento de los municipios más cercanos a la mina es geométrico. Marabá tenía 14 mil habitantes en 1960; hoy llega a 250 mil. Parauapebas, donde comienza la ferrovía, tenía 20 mil en 1980 cuando comenzó el proyecto Carajás; hoy roza los 200 mil. Migración intensa, pobreza y violencia van de la mano.
Bossi recuerda que “el desempleo es superior en los municipios atravesados por la ferrovía y 21 de los 27 municipios que los recorre tienen un índice de desarrollo humano menor que las media del estado de Maranhão”.
Las palabras pobreza, dictadura y colonialismo se repitan una y otra vez en el seminario sobre la Vale. En 2011 recibió el “premio” a la peor empresa del mundo. El galardón lo otorga anualmente The Public Eye People’s Award (Ojos del Pueblo) creada por las ONG Greenpeace y Declaración de Berna, y le fue concedido a Vale por su “historia de 70 años manchada por repetidas violaciones de los derechos humanos, condiciones inhumanas de trabajo, pillaje del patrimonio público y explotación cruel de la naturaleza”[2]. La Vale superó ese año incluso la votación obtenida por la mayor empresa de electricidad de Japón, Tepco, responsable ese mismo año del desastre de Fukushima.
En Brasil está en debate un nuevo código de minería que deberá regir la actividad hasta 2030. Hasta el momento la única concesión del Plan Nacional de Minería es un aumento de los royalties. Como señala el padre Bossi, “el proyecto ha sido decidido desde arriba, sin interlocución con las comunidades y sin un plan de integrado de gestión socio-económica-ambiental, y está al servicio exclusivo de la minería y la siderurgia”[3].
El Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, integrado por once movimientos y organizaciones, emitió un comunicado en el que señala que existe conflicto de intereses en el caso del diputado Leonardo Quintão (del PMDB), relator del código minero a votarse en la cámara, ya que el 20 por ciento de su campaña fue financiada por las empresas mineras [4].
Las grandes empresas suelen financiar las campañas de los partidos. Para las elecciones presidenciales de 2010, sólo la Vale donó 30 millones de reales a los partidos (unos 15 millones de dólares). El que recibió más donaciones fue el oficialista Partido de Trabajadores con 10 millones de reales (5 millones de dólares)[5].
OLIGARQUÍA Y ESTADO
Los doce obispos y el arzobispo de la regional Nordeste de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, emitieron una carta pastoral en febrero de 2011 con motivo de la reunión anual celebrada en el sur de Maranhão. “La historia de Maranhão, de Brasil, ha sido marcada por la apropiación por parte de pequeños grupos, mediante influencias políticas y corrupción activa de aquello que pertenece a todos”[6].
Aunque los obispos no mencionan la palabra oligarquía, la descripción se refiere a la familia Sarney que gobierna el estado desde hace medio siglo. “No podemos dejar que el Estado continúe colocando su estructura al servicio casi exclusivo de los grandes exportadores de minerales, de soja, de jugos y carnes, construyéndoles infraestructuras necesarias para obtener siempre mayores ganancias”.
José Sarney comenzó su carrera política a comienzos de la década de 1960. Entre 1966 y 1971 fue gobernador de Maranhão, durante el régimen militar. Luego fue senador también bajo la dictadura y presidente entre 1985 y 1990 por la muerte de presidente Tancredo Neves. Volvió a ser senador, ahora en democracia, hasta que en 2009 fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Su hija Roseana sigue el mismo camino: fue diputada, senadora y dos veces gobernadora de Maranhão, cargo que ejerce actualmente. Denuncias de corrupción le impidieron competir por la presidencia en 2002.
Frente a tanta riqueza y tanto poder, el Seminario Carajas 30 Años elevó una lista de trece demandas, cuya sencillez para ser adoptadas muestran la falta de voluntad de la empresa y del gobierno del estado. La primera exige a la Vale que “construya cruces seguros a lo largo de la vía férrea”, que realice estudios adecuados para la duplicación de la ferrovía, que “se abstenga de espiar e infiltrar agentes de inteligencia en los movimientos sociales”, que adopte medidas para reducir los ruidos de los trenes, entre otras [7].
Los lazos entre la Vale y el grupo Sarney han sido documentados hasta por el Tribunal Supremo Electoral que cuestionó donaciones poco claras de empresas mineras, constructoras y bancos [8]. La oligarquía local se vio reforzada por la llegada al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, ya que eligió como aliado al fundador de la dinastía, José Sarney, quien apoya el proyecto lulista desde el parlamento.
Eduardo Viveiros de Castro, el más reconocido antropólogo actual de Brasil, ensaya una explicación a estas continuidades con el telón de fondo de las manifestaciones de junio de 2013 que abrieron una nueva etapa en el país. Sostiene que Brasil es diferente a otros países de la región, caracterizado por la escasa participación política y la baja movilización popular. Cree que su país es más racista que Estados Unidos. “Brasil continúa siendo un país esclavista, porque el imaginario profundo es esclavista”[9].
Dice algo más, muy incómodo por cierto. El PT eligió el camino de “mejorar la renta de los pobres sin tocar la renta de los ricos. Para eso hay que sacar el dinero de otro lugar. ¿Qué lugar? Del suelo, literalmente”. Por eso, concluye que el modelo extractivo es el camino del progresismo actual, que consiste en “destruir Brasil, devastando la Amazonia, para no tocar la bolsa de los ricos”.
Por Raúl Zibechi
16 / mayo / 2014
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el Informe Zibechi cada mes para el Programa de las Américas.
Fotos: Verena Glass
NOTAS
[1] Entrevista con Dário Bossi, IhuOnline, 24 de abril de 2014.
[2] O Estado de São Paulo, 26 de enero de 2012.
[3] Entrevista con Dário Bossi, IhuOnline, 24 de abril de 2014.
[4] Publicado el 12 de mayo de 2014, en http://global.org.br/programas/o-novo-codigo-da-mineracao-nao-pode-ter-a-relatoria-de-um-representante-das-mineradoras-do-pais/
[5] Clarissa Reis Oliveira, “Quem é quem nas discussões do novo código da mineração”, Rio de Janeiro, Ibase, 2013.
[6] En Justiça nos Trilhos, “Não Vale. Duplicação do lucro privado e dos impactos coletivos”, Anexo.
[7] Seminario Internacional 30 Años,8 de mayo de 2014 en http://justicanostrilhos.org/Ato-em-defesa-das-comunidades
[8] Wagner Cabral da Costa, “Pelo zapato furado: bipolarição e reestruração oligárquica da política maranhense”, en A terceira margem do rio, São Luis, Edufma, 12009. Pp. 95-110.
[9] “A escravidão venceu no Brasil. Nunca foi abolida”. Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro, en http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-escravidao-venceu-no-brasil-nunca-foi-abolida-1628151
