Potosí atraviesa por una problemática ambiental, sobretodo, por la amenaza de sus recursos naturales a causa de la actividad minera de las grandes empresas del lugar que afectan a las fuentes de agua subterránea, lo que contribuye al deterioro de la estructura física del Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad, informó el coordinador nacional de Lidema, Edwin Alvarado.
Fuente: El Diario
25/08/2010. La Liga de Defensa del Medio Ambiente, asegura que la actividad minera tanto de las empresas grandes y medianas, los ingenios, las cooperativas, además de los pasivos ambientales, provocan fuertes impactos en los recursos naturales de Potosí, puesto que generan el drenaje ácido de rocas, lo cual es peligroso.
En ese sentido, los diques que acumulan los residuos de los ingenios son importantes fuentes de aguas ácidas y tienen su efecto sobre las aguas superficiales y subterráneas, que a su vez ocasionan el deterioro de los suelos. A eso se suma el transporte, la trituración primaria, la molienda, y en general el manipuleo de minerales que produce grandes cantidades de polvo contaminado que alcanza importantes distancias.
Con relación a los pasivos ambientales, no se ha avanzado, porque la Comibol habría realizado superficialmente acciones de mitigación en cuatro de ellos, sin embargo, el dique de colas de San Miguel, uno de los más peligrosos por encontrarse dentro de la ciudad de Potosí, aún sigue sin solución pese a los intentos de presión que realiza Comibol y algunas organizaciones, como el Comité Cívico Potosino (Comcipo), la Sociedad Potosina de Ecología (Sope) conjuntamente con Lidema, según informó Alvarado.
Por su parte, la coordinadora departamental de Lidema en Potosí, Lourdes Tapia, afirmó que la gestión ambiental departamental en el tema minero, se ve limitada por la carencia de recursos económicos y humanos, además de las limitaciones de las autoridades departamentales en cuanto a competencias frente a instancias nacionales, lo cual es preocupante, puesto que las autoridades deberían ser las primeras en precautelar el ambiente.
“Es muy difícil hacer cumplir la normativa ambiental con las grandes empresas que tienen influencia política y poder económico que les permite utilizar estrategias que logran el apoyo de la sociedad civil y los trabajadores. Más difícil es el control y fiscalización a las cooperativas que no implementan medidas de mitigación ambiental, porque constituyen un sector social muy fuerte a nivel departamental y nacional”, expresó Tapia.
