Adriana Soto, funcionaria del Colectivo de Estudios Aplicados al Desarrollo Social (Ceades), denunció ayer que ella y otros técnicos de esa organización fueron perseguidos por dos grupos de mineros de la planta de Corocoro, a bordo de dos camionetas, cuando documentaban las denuncias de contaminación y avasallamiento de tierras que sufrieron dos familias de la Marka Caquingora del Jach׳a Suyu Pakajaqi, La Paz. Hacían imágenes del dique de colas que recibe los químicos que bota el yacimiento, por lo que tuvieron que salir huyendo del lugar.
Fuente: Jornada.net
15/05/2010. Según Soto, los mineros querían quitarles las cámaras de filmación y fotográficas, con las que hicieron imágenes del dique de colas que recibe los químicos que bota el yacimiento, por lo que tuvieron que salir huyendo del lugar.
“Estábamos en el dique de colas, querían quitarnos nuestras cámaras, tuvimos que huir. En Corocoro la gente no tiene derecho a reclamar. Tuvimos que llegar a La Paz por Tambo Quemado”, denunció Soto. Explicó que su institución hace una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y a denuncia de las familias afectadas por la construcción del dique de colas.
“Hemos quedando en hacer la filmación del impacto que causa la planta sobre el territorio y el agua por las denuncias que nos hicieron conocer las familias afectadas por este proyecto minero”, dijo.
Responsabilizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por la persecución que sufrieron ayer martes y no descartó en iniciar un proceso judicial. “(Comibol) no puede hacer eso, porque si no tienen nada que ocultar no debieron perseguirnos, ni pretendernos quitar las cámaras”, sostuvo.
Añadió que las familias afectadas denunciaron que sus terrenos fueron empleados para las operaciones de la planta hidrometalúrgica de cobre, sectores que estaban destinados par al pastoreo del ganado vacuno y ovino.
