El conflicto en la localidad de Avaroa por demandas que involucran a la empresa San Cristóbal, se complicó ayer con mayor resistencia de los manifestantes, mientras el Gobierno anunció que la minera deberá ajustarse a la futura nueva normativa minera, con el cambio de contrato. No descartan el uso de la fuerza pública para reprimir.
Fuente: diario Los Tiempos
20/04/2010. A las críticas a la compañía se sumó además el gobernador electo de Potosí, Félix Gonzales, quien planteó la nacionalización de la minera. “El Gobierno debería tomar dichas acciones contra las empresas mineras que no contribuyan con el desarrollo regional”, dijo.
En tanto, San Cristóbal, en una solicitada publicada hoy, reitera sobre el perjuicio de las medidas de presión en la frontera con Chile, rechaza que no pague regalías, destaca su inversión y dice estar abierta a negociar con el Ejecutivo.
El anuncio del viceministro de Régimen Interior y Policía, Gustavo Torrico, de usar la fuerza pública si los pobladores cometen más atropellos en contra de la empresa minera San Cristóbal fue recibido como una provocación.
A ocho días de iniciado el bloqueo cívico en la estación Avaroa y tras la toma de oficinas de la minera en ese lugar, la medida puede extenderse hacia el puente de Río Grande, el camino a Tupiza y Villazón y hacia el Paso Lagunas, dijo ayer el vicepresidente del Comité Cívico de la provincia Nor Lípez, Porfirio Juárez.
Los manifestantes señalaron que cada cinco horas van a tirar al suelo los concentrados de plata, zinc y plomo que tienen en su poder a la espera de que una autoridad del Gobierno llegue hasta la zona. El diario El Potosí informó que los comunarios capturaron un camión con explosivos.
Las medidas buscan que la Prefectura ejecute un proyecto de electrificación y exigen que San Cristóbal pague una regalía especial por el uso del agua, entre otros.
Sobre negociaciones, la condición para abrir diálogo entre el Gobierno y los comunarios de Nor Lípez es que los responsables de los daños en San Cristóbal se presenten en la Fiscalía, asuman su responsabilidad y paguen por los daños en la entidad privada, anunció el prefecto potosino, Mario Virreyra.
Contrato
El ministro de Minería, José Pimentel, dijo este lunes que el Gobierno respeta los intereses de la minera San Cristóbal, filial de la japonesa Sumitomo, pero la compañía deberá ajustar su contrato a la nueva Constitución que “establece participación del Estado”.
Dijo que el contrato con San Cristóbal “está regido por leyes neoliberales” que el Gobierno respetará a pesar de la “frustración en poblaciones mineras” y aseguró que la negociación para superar el conflicto de las comunidades indígenas se basará en el “respeto de la ley”.
Sin embargo, dijo que el movimiento en la población de Avaroa “tiene móviles políticos”.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó también que el contrato con la filial de Sumitomo fue heredado de los tiempos neoliberales, por lo que es necesaria una modificación.
La minera se defiende
La empresa minera San Cristóbal, en una solicitada de 16 puntos publicada hoy, rechaza las medidas de presión de los comunarios de Nor Lípez y remarca que según el Código de Minería y la Ley de Aguas los concesionarios mineros pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones, por lo que no tendrían por qué pagar por este recurso y aclararon que el mismo, debido a su alta salinidad, no es apto para el consumo humano y sí para una actividad industrial.
La minera agrega que realiza todas sus operaciones mineras en el marco del Código de Minería y que, respetando la nueva Constitución Política del Estado, MSC se encuentra a la espera de participar en las discusiones sobre la nueva normativa minera.
Señala que no garantiza operaciones de persistir el conflicto.
