El artículo refleja la interesada visión del sector minero trasnacional sobre la actividad en Bolivia. Así sostienen que hace falta nueva ley minera adecuada a la realidad nacional, al uso correcto de los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos, pero evitando la injerencia de “originarios” que vulneran la propiedad privada y ahuyentan inversiones.
Fuente: Boliviaminera.blogspot
13/02/2010. La minería mecanizada y de gran escala ha concentrado sus fuerzas en el distrito de Potosí donde cumplen tareas de explotación permanente las empresas que manejan los proyectos de San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, santos que cambian el rumbo de la economía en la Villa Imperial.
Los tres proyectos -a su turno- han demorado muchos años en pasar de las fases de exploración y preparación a la importante tarea de explotación, la que se cumple con bastante dinamismo dada la necesidad de recuperar millones de dólares que invirtieron hace años atrás sin ejecutar nada de recuperación.
Los expertos en minería saben que estos emprendimientos son muy duros hasta alcanzar la fase de explotación, más aún si en los proyectos se exigen adecuaciones de orden “social” a favor de comunidades a las cuáles se les dota de significativos cambios para mejorar sus condiciones de vida, lo que significa dotación de servicios, por ejemplo de energía eléctrica, agua potable, centros de salud, infraestructura educativa y deportiva y lo que corresponde a saneamiento básico.
En la zona altiplánica un primer ejemplo del nuevo compromiso minero con las regiones dio la empresa minera Inti Raymi operando en la zona de Chuquiña el yacimiento de Kori Kollo. Se construyó una nueva villa para albergar propiamente a todos los vecinos del pueblito por el que transitaban las gigantes volquetas de la empresa. Hoy la denominada Villa Chuquiña es una muestra de lo que hace posible la gran minería. San Cristóbal en la zona potosina ha hecho otro tanto y los demás proyectos cumplen compromisos “sociales” con las comunidades de su entorno.
En el desarrollo de este nuevo modelo de hacer minería en gran escala se dispone también de programas especiales de control del medio ambiente, de manera tal que se eliminan los riesgos de contaminación y existe compromisos de cumplir planes de mitigación y remediación ambiental al cierre de labores.
En la misma jurisdicción potosina todavía no se activa otro monstruo de gran inversión que ha costado mucho a la economía nacional, Karachipampa que en breve tiempo más podría mostrar su verdadera utilidad, mientras tanto sigue siendo como la calificaron “una concentración de fierros ordenadamente colocados y sin uso práctico”.
Para personeros del Gobierno el desarrollo de los proyectos mineros tiene su importancia, eso es lo que reconocen cuando afirman que “las grandes inversiones corresponden al sector privado y que significan seguridad social y fuentes de empleo, además de fortalecer la economía nacional, como ocurrió con el aporte de la mina San Cristóbal que incrementó el PIB departamental en una muestra concreta del beneficio de la minería”.
Si bien las muestras son muy claras sobre el aporte directo de la actividad privada minera hace falta una acción de reciprocidad legal en las medidas del Gobierno de manera que al disponerse una nueva ley minera la misma esté adecuada a la realidad nacional, al uso correcto de los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos, pero evitando la injerencia de “originarios” que vulneran la propiedad privada y ahuyentan inversiones. Es cuestión de alcanzar un punto de equilibrio que sin vulnerar derechos, tampoco afecte intereses que son de beneficio colectivo por encima de los simplemente sectarios.
