Se confirmó que existen 40 concesiones mineras en el nevado Illimani y que otros glaciares de gran importancia para el abastecimiento de agua de las poblaciones también están en peligro por la actividad minera. Los comuneros de Palca se declaran en emergencia.
Fuente: Semana Sostenible
“No quisiéramos que haya esa minería, porque va a afectar al agua que usamos para el riego de nuestros cultivos”, sentencia Olimpia Alejo, secretaria general de la comunidad de Huancapampa (ubicada en Palca, a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz). Los pobladores de este municipio alertaron sobre la existencia de actividad minera en el nevado Illimani y se declararon en emergencia por el peligro que representa la contaminación para las aguas que escurren del glaciar, las cuales son fundamentales para su producción agrícola.
El pronunciamiento de los comunarios de Palca, realizado hace cuatro meses, derivó en una investigación que evidenció la existencia de actividad minera en el nevado Illimani, al igual que en el Mururata (ambos situados en ese municipio) y otros glaciares ubicados a lo largo de las cordilleras Real y Apolobamba.
La alerta de los palqueños llamó la atención de las autoridades y de los ciudadanos. Las voces de rechazo de parte de la población, de entidades políticas y cívicas no se dejaron esperar. Ante esta situación, funcionarios del gobierno -incluyendo el presidente Evo Morales- negaron que hubiera actividad minera en la icónica montaña nevada declarada Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en 2012.
Pero una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) confirmó lo denunciado por los pobladores de Palca. Tomando como base para su estudio la información oficial vigente sobre el registro minero nacional actualizado hasta 2014, el Cedib plasmó esos datos en mapas que muestran presencia minera tanto en el Illimani como en otros nevados. Ante la contundencia de esa información, el gobierno reconoció la existencia de derechos mineros (concesiones o arriendos) en la zona, mientras el Comité Cívico Pro La Paz (entidad civil que aboga por los derechos de los paceños y los representa) reaccionó solicitando la reversión de los mismos.
Glaciares en peligro
Tras la alerta de los palqueños -quienes han conformado un Comité de Defensa del Illimani con el objetivo principal de liberar a la región de esa actividad extractivista- entidades estatales de minería y el Comité Cívico realizaron, de manera separada, una inspección al nevado para verificar la denuncia.
Mientras tanto, los investigadores del Cedib revelaron que 17.226 hectáreas del Illimani se encuentran bajo derechos mineros, los cuales ocupan hoy una parte de la base del glaciar, así como algunos otros sectores del mismo nevado. Todas estas zonas son ostentadas por cooperativistas y privados, como la Compañía Minera Amazona de Bolivia (Comabol).
“Como Cedib hacemos seguimiento al problema minero en el país, para eso usamos las bases de datos oficiales proporcionadas por las autoridades sectoriales. La última oficial y vigente es la elaborada por el Sergeotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) en 2014”, explica a Georgina Jiménez, investigadora del Cedib.
Tras la publicación de la investigación del Cedib, en noviembre pasado, en la que construyeron un mapa colocando la información oficial vigente sobre la cartografía del Illimani, el Ministro de Minería, César Navarro, descalificó ese estudio argumentando que la ONG no utilizó información actualizada a 2016. Negó la existencia de actividad minera en el nevado y solo reconoció el arrendamiento de dos contratos de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro.
La investigadora del Cedib explicó que la información vigente sobre las concesiones mineras en el país está actualizada oficialmente por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hasta 2014. La AJAM les comunicó que tendrán los datos hasta 2016 recién en esta gestión.
El trabajo de los investigadores del Cedib no se quedó en el nevado Illimani. Usando la misma base de datos oficial, identificaron concesiones mineras en la región comprendida entre la Cordillera Real y la Apolobamba, la cual alberga una cadena de glaciares y nevados de gran importancia porque son la fuente principal de agua para numerosas comunidades.
“Tomando en cuenta la última información oficial vigente, se demostró que hay derechos mineros prácticamente en los alrededores de todos los glaciares”, dijo a Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib.
De acuerdo con el mapa superpuesto a las concesiones mineras contempladas en los datos oficiales, las faldas de los nevados Illampu y Ancohuma están totalmente cercadas por la actividad minera, y el glaciar Huayna Potosí corre con la misma suerte, aunque la superficie afectada es menor.
En la cordillera de Apolobamba la presencia de mineras es alta sobre todo en las cercanías de los nevados Cavayani, Canisa y Coruquini. En el mapa construido por el Cedib se ve que también hay concesiones en Matchu Sochi Conchi y otras que prácticamente rodean a la Reserva de Fauna Ulla Ulla.
En la cordillera Real, las áreas rojas marcadas en el mapa confirman que el nevado Illimani está completamente rodeado de concesiones (el punto 4 en el mapa), así como el Takesi y en menor medida el glaciar Huila Kollo.
En el Mururata, la Comibol tiene los derechos mineros y estos llegan prácticamente hasta la parte alta del nevado como se ve en la foto, las cooperativas mineras en este caso sí están algo alejadas del nevado. La alteración o remoción de los glaciares por esta actividad supone, además de la contaminación, una pérdida irreversible de una fuente de agua dulce tan importante, dice a Mongabay Latam la investigadora y ambientalista Cecilia Requena.
La amenaza del retroceso de los glaciares
“Las comunidades del Sector Illimani nos declaramos en estado de emergencia permanente para defender la vida y principalmente la protección de los nevados del Illimani y el Mururata, y de igual forma defender todos los recursos naturales existentes en nuestra jurisdicción territorial”, señala el artículo primero de la resolución emitida por los comunarios de Palca el 25 de septiembre de 2016.
En el documento evidencian su preocupación por cómo la actividad minera estaría contaminando sus fuentes de agua, lo cual afectaría la vida de las comunidades y su producción agrícola. A cuatro meses de ese pronunciamiento, no recibieron ninguna respuesta de las autoridades, dijo Emilio Limachi Colque, secretario general de la Central Agraria Huancapampa.
“Ya hemos hecho la denuncia ante la Gobernación de La Paz y el Ministerio de Minería. Todavía no tenemos un informe técnico, pero ya sabemos que hay contaminación por mercurio. Ya es casi seguro que hay esa contaminación”, remarca Limachi.
En la visita realizada el último domingo por Mongabay Latam a Palca, los comuneros manifestaron su preocupación porque su actividad es netamente agrícola, producen una variedad de verduras para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto, y ven amenazada esa producción por la actividad minera de tres empresas en el río Chilicoya, cuyas aguas nacen en el Mururata y confluyen en el río La Paz.
“Nuestras comunidades serán afectadas. (Los mineros) van a agujerear (la tierra) y no va haber agua para nuestra producción”, explica Olimpia Alejo, quien asegura que el cerro de esa comunidad “ya está cedido” a la minería “justo donde está la toma de agua que usan para riego.
Pero el problema se agrava cuando a la contaminación se suman los impactos del cambio climático. Se calcula que desde los años ochenta, la pérdida de superficie glaciar en la región andina ha oscilado entre el 27% y el 37%: la cordillera Apolobamba retrocedió en un 40,09%, la cordillera Tres Cruces en un 27,29% y la cordillera Real un 37,40%. Este inventario de glaciares fue elaborado en el 2014 como parte del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), que fue ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente en Bolivia.
El retroceso acelerado de los glaciares en los Andes Tropicales es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. Esta deglaciación amenaza la disponibilidad futura del agua para las economías de subsistencia, para la agricultura y para los requerimientos de algunas de las poblaciones altoandinas, según el PRAA.
El inventario glaciar de Bolivia se actualizó (el anterior data de 1980) con el fin de cuantificar las pérdidas en superficie en los últimos 30 años. La metodología incluyó el uso de herramientas de percepción remota tales como imágenes satelitales de alta resolución (ALOS), así como sofisticadas técnicas de tratamiento como la “Fotogrametría Digital” que sirve para obtener las características geométricas de los objetos a partir de fotografías.
Las comunidades que viven en los alrededores de los nevados Illimani, Mururata, Huayna Potosí y Tuni-Condoriri conocen de este impacto, por eso su preocupación es mayor frente a la amenaza de que sus fuentes de agua sean contaminadas por la actividad minera, que además potencialmente agudizaría el problema. Los pobladores de las comunidades que dependen de ríos que son alimentados por los glaciares saben que deben aprender a adaptarse a los cambios estacionales en los caudales, porque han sido capacitados sobre el tema por diversos proyectos públicos y privados.
La ambientalista Cecilia Requena considera que es necesario modificar la Ley de Minería y Metalurgia de 2014, porque esta permite la existencia de derechos mineros sobre recursos hídricos. “Esta última ley dió autorizaciones en glaciares, en cursos de agua, aguas superficiales, subterráneas”, explicó.
Un estudio realizado sobre el tema por Oscar Campanini, investigador del Cedib, establece que 510 microcuencas, que representan un cuarto de las que existen en Bolivia, son afectadas por concesiones mineras. El informe que data de 2014 señala que la minería en Bolivia es la que consume la mayor cantidad de agua.
Si bien el artículo 93 de la Ley Minera de 2014 establece restricciones a esta actividad en áreas de importancia como son las fuentes de agua, también contempla una excepción que permite levantarla si se cuenta con estudios ambientales favorables a la actividad minera, explica la abogada Erika Bruzonic.
“El espíritu de esa ley (535) es dar todas las facilidades posibles a las mineras sin importar los efectos en el medio ambiente, los impactos sociales, la contaminación, informalidad y violencia”, señala Bruzonic.
Actividad minera en el Illimani
Ante las declaraciones de los pobladores de Palca sobre la existencia de actividad minera en el Illimani, investigadores y autoridades del gobierno, así como especialistas de varias instituciones públicas y privadas anunciaron una visita a la zona para verificar la información. La estatal Comibol y el Comité Cívico Pro La Paz fueron al lugar, por separado, en noviembre pasado.
La inspección realizada por el comité, entre el 24 y 26 de noviembre, encontró operando a la mina Bolsa Negra que explota wolfrán y zinc, entre otros minerales. La comitiva llegó hasta Taka, ubicada en el municipio de Irupana en la parte posterior del Illimani. “Vimos terraceos y socavones que deben estar abandonados por las cooperativas desde hace 30 años”, dijo Clemente Gutiérrez Mamani, presidente del Comité Cívico Paceño.
En los tres días, recorrieron también poblaciones como Tres Ríos, Santa Rosa, Khani y Pinaya, entre otras. “Hemos encontrado gente trabajando artesanalmente en el Águila en la comunidad Pinaya. Allí explotan zinc y wólfram”, dice Gutiérrez, aunque resalta que no evidenciaron “contaminación masiva”.
Según un medio de comunicación local, se evidenció que tres cooperativas mineras extraen desde socavones improvisados y rústicos un promedio de 20 toneladas de concentrados de minerales, entre los cuales se hallan wólfram, plomo, zinc, oro, antimonio y plata. Estas son la Cooperativa Minera Aurífera 14 de Septiembre del Illimani Ltda., Cooperativa Minera Aurífera Pinaya Illimani S.R.L. y “Águila Chica”, las cuales tienen derechos reconstituidos para explotar el mineral en el Illimani.
Entre noviembre y diciembre, el gobierno manejó distintas versiones. Primero negó la existencia de concesiones en el nevado Illimani calificando de mentiras lo difundido por los investigadores del Cedib. Luego Navarro admitió la existencia de derechos mineros, aunque dijo que en el caso de la empresa privada Comabol, el 80% de sus concesiones habían sido anuladas y que en el 20% restante no se desarrollaban hoy actividades. Gandarillas señaló que no existe información oficial (Gaceta Minera del AJAM) que confirme lo dicho por el titular de Minería.
Lo que quedó establecido, tras la interpelación realizada por la Cámara de Diputados el 18 de enero al titular de Minería, es que existen concesiones mineras en el Illimani. “Nosotros hemos hecho una relevación de información y hemos identificado 40 áreas mineras, 18 son exconcesiones, 17 (son) solicitudes de contratos a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que no fueron autorizados, y cinco (fueron) dadas por la Comibol”, puntualizó Navarro en esa oportunidad.
Marco Antonio Gandarillas afirma que “toda actividad minera, por pequeña que sea, genera un impacto severo principalmente en los cursos de agua”. Por tanto, aunque desde el gobierno se afirme que las mineras que operan en el Illimani lo hacen de manera precaria, es decir, que no procesan su mineral y no usan químicos, con solo remover la tierra provocan contaminación, más si se extrae metales pesados como el cadmio o el plomo.
Las exigencias y acciones irresueltas
Para la ambientalista Cecilia Requena, lo que queda es exigir al gobierno que transparente la información sobre las concesiones mineras. “Eso es lo más importante porque es el único país donde se dan este tipo de derechos mineros”, remarca.
Para el presidente del Comité Cívico Pro La Paz es importante que el Ministerio de Minería y Comibol dejen sin efecto los derechos mineros en los nevados y que la contaminación que genera la actividad “tenga un tratamiento para que no afecten con los minerales a las comunidades de la región”.
Adelantó que la entidad cívica realizará visitas a los nevados Mururata, Huayna Potosí, Tuni Condoriri e Illampu para constatar que no haya actividad minera, “porque es importante preservarlos por el valor que tienen para los paceños en la provisión de agua potable”, precisó. Mientras tanto, los asambleístas departamentales anunciaron que declararán patrimonio de los paceños a los nevados para protegerlos.
Por su parte, los comunarios de Palca ratificaron su solicitud de que se eliminen las autorizaciones dadas para la explotación minera en los nevados Illimani y Mururata. “Queremos que se protejan los nevados. En la infancia hemos crecido ahí arriba (en el nevado), antes era lindo el Mururata tenía mucho blanco, pero desde hace 20 años su color es más oscuro”, recordó el dirigente comunal de Huancapampa. Emilio Limachi dice que se sienten desamparados y abandonados porque las autoridades solo se preocupan de llevar agua a La Paz y no de los palqueños.
Navarro adelantó que a partir de 2017 se iniciará un proceso de saneamiento de la propiedad de unas ocho mil concesiones de explotación minera para establecer cuántos titulares de la actividad productiva existen porque muchos titulares fallecieron, y en otros casos “hubo concesiones que se traspasaron a segundas, terceras y hasta cuartas personas”.
Lo que no menciona el Ministro de Minería es si con las anulaciones de las concesiones se busca evitar la contaminación de fuentes de agua que son vitales para la supervivencia y producción agrícola de comunidades como las de Palca.
