La explotación del oro en Bolivia está fuera de control, ya que sólo aporta al Estado unos 30 millones de dólares de los más de 1.500 millones de dólares que genera al año. Los cooperativistas mineros, más sus familias, suman unas 500 mil personas y se han convertido en un factor de presión política al Gobierno, que anunció que no cederá a las demandas de este sector. Ahora busca modificar la Ley Minera para poder firmar contratos con empresas privadas para realizar labores de exploración y desarrollo de las minas a su cargo.
Fuente: Sputnik
“Lo que ha ocurrido es que en el periodo llamado neoliberal se ha destruido la estructura minera boliviana lo que significó la pérdida total del control de la producción minera nacional y desde luego de la minería del oro”, explicó Córdoba, integrante de la Fundación Jubileo.
La Fundación Jubileo es una institución católica que desarrolla investigaciones políticas, económicas y sociales.
Según el especialista la explotación aurífera está actualmente en manos de más de 1.400 cooperativas privadas que manejan el proceso de producción, lo que debería recaer nuevamente en manos del Estado.
“Es necesario hacer un alto en el camino para que el Estado retome las riendas del proceso de producción, hoy son los empresarios privados los que deciden cómo desarrollar la minería en Bolivia: se burlan del Estado porque ellos mismos comercializan el mineral y no reportan utilidad para no pagar regalías”, explicó.
Demandas indeseables
El Gobierno de Bolivia mantiene un pacto político con los cooperativistas mineros, considerados una de las principales bases de sustentación electoral, dijo el especialista.
Asimismo advirtió que el sector cooperativo minero si bien se ha beneficiado como nunca antes con el Ejecutivo, ahora busca modificar la Ley Minera para poder firmar contratos con empresas privadas para realizar labores de exploración y desarrollo de las minas a su cargo.
En declaraciones a la prensa local en la ciudad de Cobija en el departamento de Pando, al norte del país, el presidente Evo Morales dijo este lunes que las demandas de los cooperativistas mineros “no sólo son inatendibles, sino indeseables”.
“El único que puede firmar contratos con empresas privadas para la explotación de los recursos naturales es el Estado, eso está en la Constitución”, declaró el mandatario.
Sin licencia ambiental
A la falta de capacidad operativa se suma que sólo el 15% de las cooperativas, muchas de las cuales tienen a sus empleados en condiciones infrahumanas, cuenta con licencia ambiental.
“Sólo 252 cooperativas mineras de las 1.700 que operan en Bolivia tienen licencia ambiental y por eso plantean que se rebaje las exigencias de carácter ambiental para facilitar sus operaciones”, señaló Córdoba.
La semana pasada el Gobierno enfrentó medidas de protesta del sector cooperativista, que bloqueó las principales carreteras del eje central del país y protagonizó violentos choques con efectivos de la policía.
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Los cooperativistas adoptaron medidas de protesta en rechazo a la sindicalización de trabajadores en este sector y piden modificaciones a la ley minera.
Los cooperativistas mineros, más sus familias, suman unas 500 mil personas vinculadas a esta actividad y se han convertido en un factor de presión política al Gobierno, que anunció que no cederá a las demandas de este sector.
De acuerdo con datos del Ministerio de Minería el sector cooperativo minero cuenta con 120 mil asociados y absorbe a unos 50 mil subempleados en labores de explotación.
