Todo parece indicar que el Estado Plurinacional está siendo derrotado por los nuevos potentados de la minería nacional, el nuevo “súper Estado”. Tres noticias, aparentemente desvinculadas entre sí, han vuelto a poner durante los últimos días en primer plano de la agenda nacional el tema de la minería.
Fuente: Los Tiempos
Una es la que da cuenta de los enfrentamientos entre dos cooperativas mineras que en su afán de lograr el control del río Chaqueti, en Arcopongo (La Paz), donde se explota oro, han llegado a enfrentarse con armas de grueso calibre ocasionando un número de muertos y heridos aún no determinado. Según el intercambio de acusaciones entre las partes involucradas, de por medio estarían diferentes facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y “movimientos sociales” afines que habrían hecho valer sus respectivas influencias para “facilitar” la obtención de personerías jurídicas y concesiones para la explotación del yacimiento aurífero.
Una segunda noticia es la que salió a luz a través de la oficiosa intervención de dos diputados opositores que acusaron a familiares del Vicepresidente del Estado de haberse adjudicado mediante procedimientos irregulares una concesión minera.
En medio de ambas noticias, como telón de fondo, se ha mantenido el suspenso sobre la tan anunciada y poco difundida nueva Ley de Minería, la misma que después de tres años de continuos traspiés estaría por fin a punto de ser aprobada y promulgada.
A primera vista, podría suponerse que entre las tres noticias no hay más relación que la pura casualidad. Sin embargo, una somera revisión de los motivos que durante los últimos años han puesto a los temas mineros en la agenda informativa nacional sería suficiente para alentar la hipótesis de que no es así. Es que si algo tienen en común las tres noticias es que tras todas ellas está el descontrol en el que durante los últimos ocho años ha caído el segundo pilar más importante de la economía nacional.
En efecto, no hay mejor muestra de esa caótica situación que la cadena de contradicciones en que durante las últimas semanas han caído y recaído las principales autoridades gubernamentales. Baste recordar que al enviar el proyecto de Ley de Minería a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Evo Morales lo hizo con una orden expresa: “Que no se cambie ni una coma”, instruyó. Muy pocos días después, el mismo mandatario acusó nada menos que de “Traición a la Patria” a quienes exigían que el proyecto de ley se aprobara sin modificación alguna, reconociendo la incompetencia de su exministro de Minería.
En medio de los debates legislativos, lo único que quedó claro es que la minería boliviana está fuera del control estatal. Ni la Corporación Minera de Bolivia ni el Ministerio del rubro ni repartición estatal alguna puede hacer prevalecer su autoridad sobre intereses privados, que han logrado unir su poder económico con el poder político con tal eficacia que no hay quién ponga límites a sus designios.
Así, todo parece indicar que el Estado Plurinacional muestra impotencia para controlar y regular a los nuevos potentados de la minería nacional.
