La Cumbre Social Sobre la Ley Minera que reunió a 800 delegados de organizaciones indígena originaria campesinas, vecinales, comunidades afectadas, colectivos urbanos y organizaciones de la sociedad civil de toda Bolivia que sesionó en La Paz el 8 y 9 mayo, rechazó el proyecto de Ley Minera que actualmente está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, “hecho por y a medida de los mineros, fortaleciendo e incentivando el desarrollo de la minería privada y transnacional en desmedro de la estatal, y subordinando la producción agropecuaria y las condiciones de vida de la población a la minería”.
Fuente: Bol Press
La Cumbre social que reunió a 800 delegados de organizaciones indígena originaria campesinas, vecinales, comunidades afectadas, colectivos urbanos y organizaciones de la sociedad civil de toda Bolivia propuso la convocatoria a un referéndum nacional para la definición de las bases estructurales del nuevo proyecto de Ley Minera que tome en cuenta los intereses de todos los bolivianos.
La Cumbre social rechazó el proyecto de Ley Minera que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa por considerar que “está hecho por y a medida de los mineros; fortaleciendo e incentivando el desarrollo de la minería privada y transnacional en desmedro de la estatal, subordinando la producción agropecuaria y las condiciones de vida de la población a la minería”.
Ante ello, la Cumbre planteó que el nuevo proyecto “desarrolle la minería estatal, devolverle al Estado la atribución de declarar reservas fiscales mineras, que la COMIBOL tenga las mismas potestades sobre minerales que YPFB sobre los hidrocarburos y se constituya en ente autárquico; recuperando su patrimonio y bienes por ser de propiedad del pueblo boliviano”.
Además, se propuso el establecimiento de plazos para la instalación de fundiciones que pongan fin a la exportación de concentrados y proponer con claridad el desarrollo de la metalurgia y la industrialización de la minería en Bolivia, que los impactos ambientales deben cuantificarse e incluirse en los costos de producción de todos los operadores mineros, incorporar un régimen impositivo minero que beneficie al Estado y garantizar los derechos de la Madre Tierra.
Los cerca de 800 delegados que aprobaron la resolución representan a CONAMPROMA (aglutina a CORIDUP, CODERIP, CODEMAP, PADIO-Potosí, Comunarios de Coro Coro y Norte de La Paz), Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, Sistemas de Riego de Culpina, Sistema de Riego de Vinto, COAMAC, CNAMIB, Regantes Norte Potosí, Regantes de Machaca, CONAMAQ, CIDOB, ARECRUZ, Comités de Fiscalización de Chiquitanía y Pantanal, Universitarios Santa Cruz.
También tomaron parte el Ayllu Puñaca (Poopo), Ayllu Kelli (Poopó), Pazña, Regantes Tupiza, Central Obres Sucre, Universitarios UPFX, Grupos Juveniles y Comités de Control Social de Sucre, representantes de Comunidades Indígenas de Chuquisaca, TIPNIS, Comunidad Yuracaré, Federación de Juntas Vecinales de Sucre, Federación de Juntas Vecinales de Oruro, Nación Charcas Qhara Qhara, Organizaciones Indígenas Originario Campesinas de Base, Regantes de Tupiza.
RESOLUCIONES DE LA CUMBRE SOCIAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY MINERA
En la ciudad de La Paz en fecha 8 y 9 de mayo del 2014 se reunieron organizaciones indígena originaria campesinas, vecinales, comunidades afectadas, colectivos urbanos y organizaciones de la sociedad civil de toda Bolivia para analizar el proyecto de ley minera en tratamiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional, llegando a las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES
El proyecto de ley minera atenta contra la vida y profundizara los problemas ambientales, no responde a los intereses nacionales, ni ha contemplado la participación de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y naciones originarias, por ello exigimos se suspenda su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se apruebe la ley marco de aguas presentada el 2011 y la ley marco de consulta libre previa e informada.
Este proyecto de ley permite la contaminación del agua, del aire, de la tierra, de la producción de los animales, provocando la desertificación y migración a las ciudades. Además no respeta nuestros derechos, vulnera el derecho fundamentalísimo del agua para la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano.
Este proyecto de ley no solo repite los problemas del Código de Minería anterior sino que los profundiza porque sigue entregando de manera preferencial el agua y otros recursos naturales a los mineros, permitiendo desvió de cursos de agua, minería en glaciares, minería en áreas protegidas, minería en ríos.
No existen medidas específicas en el proyecto de Ley para garantizar que los mineros eviten daños ambientales, implementen tecnologías de tratamientos de agua; así como restricciones a la megaminería y la megaexplotación de acuíferos de agua.
El proyecto de ley minera está hecho por y a medida de los mineros; fortaleciendo e incentivando el desarrollo de la minería privada y transnacional en desmedro de la estatal, subordinando la producción agropecuaria y las condiciones de vida de la población a la minería.
El Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia es una medida legislativa que vulnera los derechos individuales y derechos colectivos de pueblos indígena originario campesinos y de la población boliviana en general.
Denunciamos que las leyes son elaboradas desde el órgano ejecutivo sin respetar las instancias competentes y mucho menos garantizan nuestra participación. Por ello, exigimos que cualquier ley de carácter estructural elaborada por el Órgano Ejecutivo y Legislativo debe ser sometida a una consulta del pueblo boliviano y en el caso de los pueblos indígena originario campesinos, a una consulta previa, libre e informada en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Ante ello proponemos se debe realizar un nuevo proyecto de ley minera que recupere una visión nacional, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, que respete los derechos humanos, la CPE y la participación de todos los sectores de la sociedad boliviana.
El nuevo proyecto de ley:
– debe proponer y desarrollar la minería estatal,
– debe devolver la potestad plena al Estado de declarar reservas fiscales mineras,
– la COMIBOL debe tener las mismas potestades sobre minerales que YPFB sobre los hidrocarburos y debe constituirse un ente autárquico; recuperando su patrimonio y bienes por ser de propiedad del pueblo boliviano,
– debe establecer plazos para la instalación de fundiciones que pongan fin a la exportación de concentrados y proponer con claridad el desarrollo de la metalurgia y la industrialización de la minería en Bolivia,
– los impactos ambientales deben cuantificarse e incluirse en los costos de producción de todos los operadores mineros,
– debe incorporar un régimen impositivo minero que beneficie al Estado
– debe garantizar los derechos de la Madre Tierra.
RESOLUCIONES
1. Llamamos al Defensor del Pueblo se pronuncie frente a este proyecto del Ley que es inconstitucional.
2. Se rechaza el acuerdo firmado entre los regantes y los mineros por ser totalmente insuficiente a los puntos discutidos y propuestos por esta cumbre social.
3. Declarar a nuestros legisladores diputados y senadores traidores a nuestras organizaciones por aprobar leyes en contra de la población boliviana, por no defender y hacer respetar nuestros derechos y exigir su renuncia inmediata.
4. Convocamos a los asambleístas comprometidos con la defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía y el Derecho a la Tierra y Territorio de las Pueblos indígenas y originarios a que presenten una minuta de comunicación a la cámara de diputados y senadores para que paralicen el tratamiento de esta ley y se unan a las movilizaciones para frenar la aprobación de esta Ley maldita.
5. Llamamos a la Federación de trabajadores mineros, la COB, la CSUTCB, comunidad universitaria, gremiales, juntas vecinales y otras organizaciones sociales a sumarse a la lucha contra la Ley minera en aras de la defensa de la soberanía nacional, el agua y en contra de la criminalización de la protesta y construir una Ley de consenso nacional.
6. Denunciamos ante las Naciones Unidas y el G-77 el atropello que se pretende propiciar contra los territorios indígenas/originarios y los derechos del pueblo boliviano.
7. Convocamos a la unión de tierras altas y tierras bajas, campo y ciudad, a todos los sectores de la sociedad civil: organizaciones, instituciones y movimientos en general, a conformar una alianza más amplia para la protección de los derechos humanos, a la vida, a la salud, a vivir en un medio ambiente sano, y para el respeto al derecho a la Consulta previa, libre e informada.
8. Proponemos conformar un Comité Nacional de Defensa de los Recursos Naturales que coordine movilizaciones nacionales y departamentales.
9. Proponemos la convocatoria a un referéndum para definir cómo se tiene que hacer el nuevo proyecto de Ley que tome en cuenta los intereses de todos los bolivianos.
En caso de la aprobación del proyecto de ley minera sin la consideración de los puntos de la presente resolución, las organizaciones abajo firmantes procederemos a:
– Interponer las acciones legales que fueren necesarias ante tribunales nacionales e internacionales, demandando al Estado Boliviano por la vulneración y el atropello que sufrimos en nuestros derechos con este Proyecto de Ley.
– El voto castigo contra el MAS IPSP.
