La explotación minera de la empresa Sinchi Wayra (muy pronto Illapa) en Porco, en el departamento de Potosí, fue impedida desde ayer por comunarios, quienes demandan que se frene el contrato entre la operadora y la Comibol. Uno de los argumentos de los habitantes para frenar el contrato es el no haber consultado a la comunidad para sus operaciones, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Fuente: La Razón y Radio Kollasuyu
La información fue difundida por un periodista de radio Panamericana en Potosí, quien indicó que se cortó el flujo de agua para impedir las labores de la citada compañía.
La información fue difundida por un periodista de radio Panamericana en Potosí, quien indicó que se cortó el flujo de agua para impedir las labores de la citada compañía, filial de la suiza Glencore, que explota concentrados.
Uno de los argumentos de los habitantes del lugar para frenar el contrato con la firma es el no haber consultado a la comunidad para sus operaciones, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Una próxima reunión de los campesinos de la zona definirá otras medidas para ser escuchados.
La autoridad originaria señaló que además de frenar la salida de los minerales se quiere paralizar todo el proceso de extracción y refinación de los minerales para lo cual cortarán el agua que llega de la zona de “Falsuri” porque no pueden permitir más abusos de la empresa.
Los comunarios de Porco llegaron el 16 dejunio a la Villa Imperial y tras marchar por las calles del centro se dirigieron a las garitas de, San Antonio (salida a La Paz), Janac Mayu (salida a Uyuni) y Comco (salida a Tarija) para presionar a las autoridades nacionales a las que les piden frenar el contrato entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la empresa transnacional Sinchi Wayra que a partir del contrato pasará a denominarse “Illapa”.
Las autoridades originarias denunciaron que el contrato se redactó a sus espaldas sin respetar la consulta previa y sin definir los beneficios que tendrá la población.
También cuestionan el uso del agua de la zona para operaciones productivas y temen que el proyecto tenga menor tiempo de vida porque la explotación será más fuerte una vez que se consolide la migración del contrato.
El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, sostiene que no se tenía que realizar consulta alguna porque solo se trata de una migración de contrato y no de uno nuevo ya que la empresa trabajará en el mismo área y con mejores condiciones para el Estado que percibirá el 55 por ciento de los beneficios y la empresa el 45 por ciento.
Los dirigentes del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Porco fueron más duros con las autoridades originarias a las que cuestionan porque estarían beneficiando a las cooperativas mineras.
Cuestionaron los motivos de la movilización e indicaron que la población apoya el cambio de contrato y son pocos los que se están movilizando. El documento ya fue aprobado en diputados y pasará a senadores para que se lo refrende.
