Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.

 

Fuente: diario Página/12

La planta de UPM-Botnia es motivo, otra vez, de diferencias entre Argentina y Uruguay.

Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.

Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.

El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.

El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:

– En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.

– Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, «es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia». Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar «las condiciones naturales del río Uruguay», que están en los 20 grados.

– Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con «un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río», detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.

– Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.

– Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.

Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. «El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.»

Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, «incrementando su contaminación».

Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.