Buenos Aires, Argentina – 28/11/07. Desde hace varias semanas se suceden las reuniones del empresariado minero con funcionarios del ejecutivo y legisladores nacionales para frenar las retenciones a las exportaciones de metales que planearía establecer el gobierno argentino. El sector minero en el país -dominado por poderosas empresas trasnacionales en algunos casos asociadas con capitales locales- es el único cuyas exportaciones no tienen retenciones. Sin embargo, junto a ello posee más de dos decenas de escandalosos beneficios territoriales, fiscales y aduaneros que abarcan reintegros y exenciones de numerosos impuestos y además una ley que les otorga estabilidad fiscal por 30 años. Este punto hace que -si finalmente se fija alguna retención a las mineras- las empresas que ya tienen los permisos para sus proyectos o se encuentran en explotación, no se verán afectadas y solamente pesará sobre nuevos proyectos mineros.
Fuentes: El Cronista y Página/12
Las mineras redoblan su presión contra las retenciones a metales
El Cronista
Otra interna oficial sacude la transición, con el superávit fiscal en el medio. Las multinacionales mineras con inversiones en el país redoblaron en las últimas horas su silenciosa presión sobre el Gobierno para frenar un decreto que tiene a la firma el presidente Néstor Kirchner y que fija retenciones a la exportación de metales, tal como anticipó la semana pasada El Cronista. Al mismo tiempo, según revelaron a este diario calificadas fuentes gubernamentales, los ministerios de Economía y Planificación trabajan contrarreloj en el sustento legal que requiere la norma, dado el régimen impositivo especial que garantiza estabilidad tributaria por 30 años a los emprendimientos del sector. Kirchner puso en la mira a los metales luego de elevar las retenciones a los granos y los combustibles, y ante las alzas que experimentaron en 2007 el precio del cobre (más del 80%) y el oro (25%), que constituyen los principales envíos al exterior de las empresas. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se mantuvo en silencio desde entonces, pero activó todos sus contactos privados con el poder para atenuar los alcances de la medida. Según la óptica empresarial, un cambio en el régimen tributario sectorial “sería una pésima señal internacional” y “frenaría muchas decisiones de inversión” de las casas matrices. Un reciente estudio de la CAEM calcula que las mineras invirtieron en los últimos doce meses cerca de u$s 2.900M, más del doble que en 2006. “Nosotros trajimos casi la mitad de las inversiones extranjeras que se hicieron este año en el país”, se defendió ayer ante este diario una fuente del sector.
Las ventas de metales al extranjero reportaron el año pasado u$s 2.650 M a las empresas. Una retención del 10% podría llevar así a las arcas fiscales cerca de $800 M anuales que, junto a los tributos sobre el agro y las naftas, redondearía una recaudación adicional cercana a los $ 10.000 M para 2007. La minería metalífera está concentrada en el país en un puñado de firmas europeas, canadienses y estadounidenses. Por una ley sectorial de 1993, las compañías pueden no liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, están habilitadas a deducir de Ganancias sus gastos de exploración y también a computar como aportes de capital propio hasta el 50% de sus avalúos de reservas. Tampoco pagan impuesto al gasoil ni impuesto al cheque. Por lo que pudo saber este diario, el anuncio oficial sobre las retenciones se encuentra demorado por los desacuerdos internos en el Ejecutivo y por la permanencia en El Calafate del matrimonio presidencial, que recién retornará hoy a Buenos Aires. En el seno del Gobierno, quien más resistencia opone a la medida es el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y quien más la fogonea es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Mayoral impulsó durante la presidencia de Kirchner la renovación de los convenios que garantizan al sector que no se le apliquen nuevos tributos. Veinte días atrás, antes de que Cristina Fernández presentara en público al gabinete que la acompañará desde el 10 de diciembre, el funcionario les dijo en privado a empresarios mineros que su continuidad en el cargo estaba garantizada por el ministro de Planificación, Julio De Vido. En el Ministerio de Economía desmintieron haberle puesto un freno a la iniciativa, tal como deslizaron fuentes empresariales. En la repartición de De Vido, en cambio, Mayoral y Moreno elevan a su jefe recomendaciones en sentidos opuestos. Como siempre, la última palabra la tiene Kirchner.
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EL GOBIERNO ESTUDIA APLICAR RETENCIONES A LA MINERIA. RESISTENCIA DE LAS EMPRESAS
Pelea para no compartir la mina de oro
Página /12
La poderosa cámara minera presiona a funcionarios y legisladores para frenar la instrumentación de una escala de retenciones a las exportaciones mineras. Ganancias fabulosas contabilizan las compañías por el alza internacional de los metales.
Por Roberto Navarro
Por segunda vez en una semana el Gobierno postergó el anuncio de implementar retenciones a las exportaciones de productos minerales. Ya el jueves pasado el lobby de las trasnacionales que manejan el sector había logrado frenar el nuevo impuesto. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros amenaza con una catarata de juicios si el Gobierno se decide a romper con el compromiso que les da la Ley de Estabilidad Fiscal legislada en 1994, que les asegura que no serán pasibles de ningún nuevo impuesto por 30 años a partir de esa fecha. Además, presentaron una carpeta con estructuras de costos distintas a las que maneja el Gobierno para, en el caso de que igual salgan las retenciones, los aranceles a las exportaciones sean menores. Incluso anoche estuvieron reunidos con integrantes de la Comisión de Minería de Diputados para frenar las retenciones. Sin embargo, según fuentes oficiales consultadas por este diario, el Gobierno busca la manera de sacarlas “a toda costa”.
“Nosotros estamos decididos a avanzar, pero hay un problema jurídico y no vamos a hacer nada que implique una catarata de juicios”, aseguró un alto funcionario a Página/12. Pero la presión de la cámara minera, fundamentalmente con respecto al tema de la estabilidad fiscal, podría obligar a que el Ejecutivo tenga que implementar el impuesto a las exportaciones mineras vía una ley y no mediante una resolución, como estaba previsto. Incluso esa norma ya estaría redactada.
El sector cuenta hasta el momento con una situación fiscal inédita y desigual con respecto a cualquier otra actividad en el país: puede dejar el 100 por ciento de las divisas logradas por exportaciones en el exterior, pagar regalías a las provincias menores a un tres por ciento por la extracción de un recurso no renovable, recibir subsidios para la compra de combustible y desembolsos por exportaciones por puertos patagónicos, y sólo le aporta al fisco por el impuesto a las Ganancias, aunque con una alícuota menor al 35 por ciento general, ya que recibe un descuento de 5 puntos porcentuales para “cuidado del medio ambiente”.
Los precios de los principales minerales subieron un promedio del 300 por ciento en los últimos tres años. El Gobierno, basándose en la cada vez más difundida internacionalmente teoría de las ganancias sorpresivas extraordinarias, decidió que el Estado se apropie de parte de esas rentas fabulosas. En los últimos tres años el oro aumentó de 300 a 800 dólares la onza, la plata y el cobre subieron un 90 por ciento sólo en lo que va de 2007. Según datos de la Secretaría de Minería, en los últimos tres años la producción de recursos mineros pasó de 4080 a 9450 millones de pesos. Las empresas exportan el 70 por ciento de lo que producen. Así, en tres años subieron sus ventas externas de unos 1100 a 2500 millones de dólares. Este hecho generó que las empresas del sector capturaran utilidades excepcionales. El nivel extraordinario de las ganancias llevó a que las compañías del sector anunciaran en 2007 nuevas inversiones por más 8000 millones de dólares. Los principales destinatarios de las ventas externas son Japón, el Sudeste Asiático y la Unión Europea. Las principales empresas que producen son Minera Alumbrera Limited, Cerro Vanguardia, Minera del Altiplano, Compañía Minera Polimet, Compañía Minera Aguilar, Borax Argentina y Bayer. Todas de origen extranjero.
Según un informe de Minning Journal, una de las revistas especialistas en minería más importantes del mundo, Argentina se ubica en el sexto puesto en el ranking mundial de recursos mineros, en función de una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados, sumamente rica en recursos minerales. La valoración del potencial en minerales metalíferos está fundada en las favorables características geológicas y metalogenéticas de los pocos depósitos en explotación y de los numerosos yacimientos en etapa de factibilidad, a lo que debe agregarse el alto porcentaje de superficie con potencial minero aún inexplorado, que se estima por lo menos en un 75 por ciento. Por esto, la medida decidida por el Gobierno, lejos de ser cortoplacista, cambia las reglas de un negocio enorme que tendrá como testigos a varias generaciones.
Aunque hasta último minuto las empresas siguen haciendo lobby sobre el Gobierno para impedir la implementación de las retenciones con la amenaza de suspender nuevas inversiones, es difícil que cumplan su palabra. Los principales países productores de minerales dieron un paso más audaz que Argentina: nacionalizaron sus recursos. Rusia, el principal productor de oro del mundo, estatizó la producción, lo mismo hizo Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. En este último caso, realiza asociaciones parciales con algunas empresas privadas. Brasil cuenta desde hace décadas con su empresa, Vale do Rio Doce, que explota en forma mixta con capital privado la minería. Chile tiene su empresa estatal Corporación del Cobre.
Los minerales que representan la mayor parte del producto son cobre, oro, litio, triturados pétreos, piedra caliza y boratos. Aunque la distribución geográfica de los yacimientos es homogénea, la producción se concentra en doce provincias. Catamarca es la jurisdicción con mayor producción de minerales: cobre, oro y litio; seguida por Buenos Aires: rocas de aplicación, como, caliza y triturados pétreos, y Santa Cruz: oro y plata. Estas tres provincias representan en conjunto el 77 por ciento del producto sectorial.
La mayor parte de los capitales prometidos para los nuevos proyectos de inversión son canadienses. El hecho no es casual. La minería es uno de los sectores productivos más contaminantes (ver aparte). En Canadá la legislación es mucho más cuidadosa que en Argentina. Pero, además, el Parlamento de ese país está trabajando en una nueva legislación aún mucho más restrictiva.
FUERTE IMPACTO AMBIENTAL POR LA MINERIA
Peligro de fiebre amarilla
Por R.N.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que la minería es uno de los sectores más peligrosos en el mundo y “causa más de 15.000 muertes al año”. Entre todos los metales, señala el informe que “el oro puede distinguirse por dos factores: su producción en cantidades muy pequeñas y la enorme alteración ambiental que genera su extracción”. Y detalla un ejemplo concreto: “La producción de 2445 toneladas de oro requiere la remoción y el procesamiento de más de 741 millones de toneladas de mineral. En la dimensión del daño ocasionado por tonelada de metal producido, nada puede igualar al oro. Cada tonelada de oro requiere el procesamiento de 300.000 toneladas de mineral, el equivalente a una pequeña montaña”.
Además, en el informe se menciona que del vertido de sustancias tóxicas al ambiente, la minería de oro es físicamente peligrosa. En Sudáfrica, donde la mayor parte del oro se extrae de manera subterránea, la muerte en las minas es un hecho rutinario, promediándose el deceso de una persona por cada tonelada de oro producida. En Esquel, por ejemplo, hay una serie de montañas que contienen oro en muy pequeñas concentraciones pero, al ser muy grande el yacimiento, la cantidad a extraerse es sustancial. ¿Cuál es la propuesta para desenterrarlo? Literalmente, pulverizar las montañas. La iniciativa de la empresa minera cuenta con la oposición unánime de la población que, además, no obtendría beneficio económico alguno.
Además, para extraer el metal de las rocas se recurre al cianuro. El uso de este veneno genera graves problemas.
A pesar de lo que dice la industria minera, los registros claramente demuestran que la minería con lixiviación de cianuro no está siendo practicada de manera segura. Ha habido una larga serie de accidentes involucrando cianuro en las minas. El cianuro es un compuesto químico altamente tóxico. La exposición a dosis altas daña el cerebro y el corazón, puede causar coma y la muerte. La exposición a niveles bajos puede resultar en problemas respiratorios, dolores cardíacos, vómitos, alteraciones en la sangre, dolores de cabeza y crecimiento de la glándula tiroides.
Por último, en el terreno ambiental, la extracción de minerales conlleva un abrumador uso de agua en todo el proceso y su derrame en el ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Según el biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba Raúl Montenegro, la actividad minera genera dos externalidades que impactan negativamente sobre la sociedad, la afectación muchas veces irreversible de las altas cuencas hídricas, sobre todo en los yacimientos mineros de la cordillera, y la localización de yacimientos en regiones donde existe por ejemplo producción de vinos y frutas, lo que puede destruir sus posibilidades de exportación.
DE ACTIVIDAD MARGINAL A GRAN PRIVILEGIADA
La ley que el inversor soñó
Por Fernando Krakowiak
La minería fue una actividad marginal en el país hasta la década del ’90, cuando el gobierno de Carlos Menem decidió promover las inversiones en el sector con un combo de beneficios que incluyó desgravaciones impositivas, tope de 3 por ciento a las regalías provinciales, estabilidad fiscal por 30 años y libertad para disponer de las utilidades. A partir de la devaluación, esos incentivos se combinaron con una reducción significativa de los costos de producción, lo que les permitió a las empresas multiplicar sus ingresos de manera notable. Según un reciente informe de la Cepal, la utilidad de las 38 mineras más grandes, antes del pago del impuesto a las Ganancias, promedió 50,4 por ciento en el período 2003-2004 y es probable que desde entonces haya crecido aún más, sobre todo si se toma en cuenta la fuerte suba de la cotización internacional de los minerales.
En el sector operan dos tipos de empresas: las que realizan la actividad de prospección para localizar un sitio con potencial geológico de interés económico y las grandes multinacionales que compran los preproyectos y, en caso de comprobarse su viabilidad, desembolsan las inversiones necesarias para llevarlo adelante.
La mayor mina del país es Bajo la Alumbrera, inaugurada en 1997 en Catamarca para extraer cobre y oro. Es propiedad de Minera la Alumbrera, una firma de capitales suizos (Xstrata) y canadienses (Wheaton River y Northern Orion), que realiza la explotación junto con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), sociedad integrada por el Estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional. La inversión extranjera fue de 1200 millones de dólares y se amortizó en apenas siete años.
Recién entonces, la firma comenzó a pagar Ganancias (hasta entonces pudo deducir toda la inversión del impuesto) y a compartir el 20 por ciento de sus utilidades con YMAD. Sin embargo, todavía se beneficia con la devolución de IVA sobre compras de bienes y servicios destinados a la inversión, el tope para las regalías de 3 por ciento del “costo del mineral en boca de pozo” (antes de iniciar cualquier transformación que le agregue valor), la libertad para no tener que liquidar sus divisas en el país y la estabilidad fiscal de 30 años, principal obstáculo legal que enfrenta el Gobierno para avanzar con la aplicación de retenciones a las exportaciones.
Otro emprendimiento relevante es el que lleva adelante Cerro Vanguardia, una multinacional controlada por la sudafricana Anglogold y la firma provincial Formicruz, que desde 1998 explota un yacimiento de oro y plata en Santa Cruz, donde invirtió 280 millones de dólares. Además de los beneficios generales mencionados, esta firma recibe reintegros a la exportación por puerto patagónico, pues su producción sale por el Puerto San Julián. En 1998 también se puso en funcionamiento el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, explotado por la estadounidense FMC Lithium donde se invirtieron 137 millones de dólares para extraer litio. Además, se destacan los proyectos Veladero y Pascua Lama, impulsados por la canadiense Barrick Gold en San Juan para la explotación de oro y plata, y Minera Aguilar, comandado por la suiza Glencore en Jujuy.
El listado es mucho más amplio, pues los beneficios otorgados impulsaron la maduración de distintos proyectos actualmente en estudio: Agua Rica, en Catamarca (canadiense Northern Orion); Manantial Espejo (canadiense Pan American Silver) y San José (canadiense Minera Andes), en Santa Cruz; Río Colorado (británica Río Tinto), en Mendoza; Pirquitas (estadounidense Silver Standard), en Jujuy y Gualcamayo (canadiense Yamaha Gold), en San Juan; entre otras. Todas estas firmas son las responsables del lobby que hasta ahora frenó con éxito las retenciones a las exportaciones que quiere aplicar el Gobierno.
