Con el fin de debatir con distintos sectores de la comunidad y desde diferentes ámbitos de conocimiento y de actividades productivas sobre el tema de la megaminería y las consecuencias de la misma en las comunidades y en los ecosistemas, nos reunimos en el Salón Municipal de Tilcara el 19 de mayo pdo., en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, el día 6 de junio, en Salta los días 7 y 8 de junio en la Universidad Nacional de Salta y en la Biblioteca Provincial, en el teatro de Cafayate el día 9 de junio y en la ciudad de Santa María, Catamarca, el 9 de junio del presente año 2012, en el Instituto de Estudios Superiores de esa ciudad.

Tilcara 19/5, San Salvador de Jujuy 6/6, Salta 7 y 8/6, Cafayate y Santa María 9/6 de 2012

Con el fin de debatir con distintos sectores de la comunidad y desde diferentes ámbitos de conocimiento y de actividades productivas sobre el tema de la megaminería y las consecuencias de la misma en las comunidades y en los ecosistemas, nos reunimos en el Salón Municipal de Tilcara el 19 de mayo pdo., en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, el día 6 de junio, en Salta los días 7 y 8 de junio en la Universidad Nacional de Salta y en la Biblioteca Provincial, en el teatro de Cafayate el día 9 de junio y en la ciudad de Santa María, Catamarca, el 9 de junio del presente año 2012, en el Instituto de Estudios Superiores de esa ciudad.

Estas jornadas fueron organizadas por Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella, ADIUNSa, Autoconvocados de Cafayate, la Asamblea Sol del Valle y el Nuevo Centro de estudiantes del IES, ambos de Santa María, Catamarca y por el Instituto de Políticas Públicas de Jujuy.

Expusieron en esas jornadas abiertas al público:

1) Representantes de comunidades afectadas por los emprendimientos mineros:

De Jujuy:

• Abra Pampa

• La Quiaca

• Cangrejillos

• Cuenca de Pozuelo

• Susques

• Salinas Grandes

• Moreno

• Tilcara

• Juella

De Salta:

• Pueblos originarios de la Comunidad San José (San Carlos)

De Tucumán:

• Comunidad India Quilmes

• Colalao del Valle

2) Productores en contextos de economías tradicionales regionales

3) Docentes e Investigadores de las siguientes universidades:

• Universidad Nacional de Jujuy

• Universidad Nacional de Salta y de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa).

• Universidad Nacional de Tucumán

• Universidad de Buenos Aires

4) Profesionales y organizaciones:

• Movimiento Antinuclear de Chubut: Javier Rodríguez Pardo

• Autoconvocados de San Juan (UAC): Ing. en Minas Hugo González

• Fiscal General Federal de Tucumán: Dr. Gustavo Gómez

• Autoconvocados de Cafayate

• Asamblea El Algarrobo (Andalgalá- Catamarca)

• Pro- Eco Ecologista de Tucumán

• Asamblea de Chilecito – La Rioja

• Asamblea Sol del Valle – Santa María, Catamarca

• Nuevo Centro de Estudiantes del Instituto de Estudios Superiores, Santa María

• Junta Promotora del Agua – Salta

Se puede resumir lo debatido en estas jornadas según los siguientes temas:

1) Minería a gran escala: Delitos de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza

La actividad minera a gran escala afecta Derechos Humanos fundamentales como la vida, la alimentación, la salud, el agua y el territorio, pues altera de manera persistente e irreversible los ecosistemas, lo cual constituye un verdadero biocidio. En estos casos, las personas y las comunidades quedan indefensas, pues el Estado, que tiene la obligación de garantizar los derechos de su población, es copartícipe necesario de la comisión de dicho delito. Por esta razón, y por contar con la participación y responsabilidad directa y sistemática del Estado, por la amplitud de los grupos humanos afectados y por la sistematicidad de la aplicación de los proyectos de megaminería, estas prácticas constituyen, jurídicamente, Delitos de Lesa Humanidad, con todas las consecuencias inherentes a ello, entre las cuales se destaca su imprescriptibilidad y su imputabilidad en cortes penales internacionales; es decir, todos los responsables, en los diferentes ámbitos, son imputables de por vida.

En correspondencia con lo anterior, también constituyen Delitos de Lesa Naturaleza. Por ello, se puede hablar de que la Argentina se encuentra bajo un régimen de Dictadura de las Mineras, con todos los abusos que son inherentes a una dictadura. Este régimen se extiende a toda Nuestra América Latina.

Durante la pasada Dictadura Militar, un general dijo que «no se permitirá en el futuro revisar lo actuado contra la subversión». Hoy ese «nunca» no corre, y muchos de ellos son delincuentes juzgados y encarcelados.

2) Represión a los pobladores y criminalización de la protesta

Al quedar indefensas las comunidades por la coparticipación necesaria, directa y sistemática de los Estados Municipales, de los Estados Provinciales y del Estado Nacional, los pueblos buscan defender mediante diversas acciones sus Derechos Humanos Fundamentales vulnerados. La respuesta del Estado es la criminalización de la protesta y la represión. Precisamente, se ha «estrenado» la llamada «Ley Antiterrorista» mediante una brutal represión policial a pobladores de Tinogasta en el pasado mes de febrero de 2012, cuando sostenían un corte selectivo a camiones que trasportaban insumos de alta peligrosidad (explosivos, cianuro, etc.) para el proyecto minero Bajo La Alumbrera. Se repitió la represión estatal en Tinogasta en el mes de mayo del mismo año. Actualmente se los procesa por supuestos delitos de desacato a la autoridad y otros, siempre inventados con el fin de desarticular la genuina defensa de la vida.

Con respecto a los cortes selectivos, se ha informado acerca de jurisprudencia federal reciente, según la cual el corte selectivo no constituye delito alguno, habiendo sido los demandados sobreseídos en un caso de éstos.

3) Ecosistemas en peligro: biocidio

El Estado Nacional y los Estados Provinciales, en asociación (¿ilícita?) con empresas extranjeras, propalan a diestra y siniestra una minería sustentable o sostenible, con responsabilidad social y aporte al desarrollo laboral y económico de los pueblos. Se trata de una etiqueta bien diseñada para ocultar la información real que tanto unos como otros poseen. Desde el gobierno de Catamarca, por ejemplo, se llegó a afirmar que el emprendimiento Bajo La Alumbrera no usa cianuro, cuando su propio informe de impacto ambiental de 1998 habla del uso de 700 toneladas por año, ¡dos toneladas de cianuro por día! Tal asociación constituye un verdadero sabotaje a toda escala: alianza del poder con los extranjeros que provoca la ruina de los propios (Sepich). Esta destructiva ecuación pretende sostener lo insostenible: la sostenibilidad de lo que no se sostiene como bueno en ningún aspecto, más que en el saqueo, el agotamiento del agua, de la tierra, del aire, en suma, de la vida.

a) Saqueo del agua, saqueo de la vida

«Para la Barrik, toda el agua es poca», esta expresión, dicha por un empleado que trabajó seis años en San Juan para la megaminera multinacional Barrik Gold, una de las más cuestionadas en todo el mundo por violación de todo tipo de Derechos Humanos, sintetiza la voracidad hídrica de los proyectos actuales de minería a gran escala. De tener que pagar mínimamente un canon de agua, por ejemplo, el proyecto Veladero, la empresa debería dejar en el país todo el mineral que extrae y se lleva. Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 5.000.000 de litros de agua por hora (¡más de 100 millones de litros por día!), extraídos del Campo del Arenal, un ecosistema semiárido, por lo cual se prevé que, hacia el 2030 estará muerto y, además, dejará de proveer agua al río Belén –necesaria para la vida de las poblaciones asentadas a la vera de su curso y para sus producciones regionales. El mineraloducto de más de 300 km de longitud, que transporta los minerales hasta la provincia de Tucumán para ser trasladados luego al puerto de Rosario, sufre permanentes roturas en diversos puntos de su trayecto, por donde fluye barro contaminado.

Cuando todo el país está minado de estos proyectos en curso y/o en etapas previas, es imposible que las aguas superficiales y subterráneas de la Argentina no se vean gravemente afectadas de una u otra forma a causa de las cantidades exorbitantes de agua que requiere este tipo de minería, su contaminación y las consecuentes emergencias hídricas en diversas regiones, como por ejemplo ocurre actualmente en la provincia de San Juan, por de la cantidad y envergadura de los emprendimientos mineros existentes.

La red de irrigación hídrica natural de todo el país, proveniente de la cordillera, donde se ubican la mayoría de los emprendimientos megamineros, se ve irremediablemente alterada por la irracional modificación de sus cauces naturales y por su insanable contaminación. Los glaciares cordilleranos, esa «fábrica de agua», son violados en forma irresponsable, como es el caso del mega proyecto en marcha de Veladero. Su disminución acelerada se debe principalmente a la actividad minera a gran escala.

Además, se ha comprobado que esta voracidad hídrica afecta inevitablemente los modos tradicionales de producción de comunidades, que son sus modos de vida y que la garantizan. Por lo tanto, estos mega-emprendimientos imposibilitan la vida de comunidades humanas enteras, muchas de las cuales ya se han visto desplazadas por esta razón. Por otra parte, atentan contra la flora y fauna naturales, incluso en zonas declaradas de reserva natural.

La cantidad de proyectos de este tipo a lo largo de toda la geografía argentina hace prever también problemas graves para la provisión de agua en diversos conglomerados urbanos. De ello, ni el Estado ni las empresas mineras dan cuenta debidamente mediante información completa, veraz y adecuada, ni garantizan el Derecho Humano al Agua para las generaciones actuales ni futuras.

No hay minería a gran escala que no requiera utilizar e inutilizar cantidades ingentes de agua, tanto por el uso como por la contaminación. Pobladores de la Puna salto-jujeña han manifestado su oposición decidida por la enorme afectación del agua que conllevan los proyectos de explotación de litio.

Es necesario presionar incansablemente a los estados municipales, provinciales y nacionales a que sancionen en sus Cartas Magnas el Agua como Derecho Humano Fundamental, de acuerdo con la Declaración de la ONU del 27 de julio del 2010.

b) La tierra maltratada

Ningún emprendimiento minero de estas proporciones deja de vulnerar la tierra, a la cual la reduce a mero objeto, a mero recurso para convertirlo en dinero. No hay ninguna otra dimensión vital de la tierra que tengan en cuenta los estados provinciales que alientan los emprendimientos mineros a gran escala, sino sólo la del lucro. Así como arrasan con el agua, arrasan con la tierra y las diversas «culturas de la tierra». Ante los derechos de las comunidades y pobladores a vivir su relación con la tierra según sus modos ancestrales, funcionarios y empresarios, sin descontar académicos, los califican de «ignorantes», deslegitimando sus reclamos basados en derechos adquiridos y en la sabiduría de una vida en armonía con la naturaleza. Para nuestros pueblos del NOA, como para tantos otros, es impensable agredir a la Madre Tierra, como lo hacen estas mineras, haciendo estallar, por ejemplo, toneladas y toneladas diarias de explosivos para procesar minerales. Estas explosiones provocan inmensos cráteres, de kilómetros de diámetro, en donde antes había, por ejemplo, una aguada con flora del lugar y a donde concurría la fauna autóctona a comer y a beber.

c) El aire contaminado

Como consecuencia de las mega explosiones, se levanta gran cantidad de polvo con elementos tóxicos, tanto de los mismos explosivos, como los del subsuelo triturado. Éstos son trasladados por el viento a grandes distancias y afectan a cultivos, a cursos de agua, a la tierra y a la salud de las personas y de los animales autóctonos y los de la actividad productiva regional. Situaciones como las descriptas en forma general, a causa de diversos emprendimientos mineros, han sido ilustradas ampliamente durante las exposiciones y reclamos de pobladores de las diversas provincias. Una partícula de uranio procesado por las mineras puede ser transportada por un viento de sólo 16 km/h hasta una distancia de 1.000 km, lo que pone en evidencia la peligrosidad de estas prácticas que sólo contemplan el «megalucro». De ese modo, la euforia con el uranio y las perspectivas de su explotación para los planes gubernamentales de producción de energía nuclear ponen, para empezar, en grave riesgo radioactivo a todos los Valles Calchaquíes.

d) El plan IIRSA: enemigo de la vida

El plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), además de otros aspectos cuestionables, impacta negativamente de manera directa en los ecosistemas, ya que proyecta una red de infraestructura direccionada a agilizar el saqueo generalizado de todo el subcontinente, sin tener en cuenta para nada la vida de cada región ni su sustento. Red vial para dinamizar la salida de lo extraído, fuentes energéticas para abastecer la desorbitante exigencia de electricidad por parte de las mineras extranjeras (Bajo La Alumbrera, por ejemplo, consume un equivalente al 80% de energía eléctrica de toda la Provincia de Tucumán). De ese modo, se le impone a la Argentina la necesidad de ampliar la producción de energía nuclear, con la demostrada gran peligrosidad que importa, para garantizar el funcionamiento de ese mismo saqueo.

4) Contaminación social

Los modos tradicionales de vida en las regiones donde se implantan los grandes emprendimientos mineros resultan afectados en forma global. La aparición de zonas restringidas impuestas por los mineros produce un primer impacto social que ni el estado ni los empresarios tienen en cuenta. Además, se coopta a dirigentes comunitarios, a docentes y a otros actores sociales con el fin de alcanzar la licencia social, imprescindible para llevar a cabo cualquier proyecto de este tipo. En ese sentido, una sistemática tarea clientelar, combinada entre el estado minero y los empresarios, afecta la libre decisión de los pobladores. Ello produce división entre los miembros de diferentes comunidades y hasta de familias, la cual puede desembocar en la desintegración del tejido social.

Por otra parte, se entusiasma a jóvenes desocupados con ingresos mineros mensuales elevados para acallar toda objeción, usando el artificio de la creación de fuentes de trabajo, la cual se ha demostrado irrelevante.

Como parte de su perverso plan, las empresas mineras, alentadas por los estados, ponen becas y otros beneficios a disposición de estudiantes de los niveles superiores para acallar todo estudio serio o crítico de esta problemática.

Se instrumentan audiencias públicas, pero en forma asimétrica y sin proporcionar la legalmente obligada información detallada del impacto de los respectivos emprendimientos, pues con sólo cumplir debidamente este requisito, ninguna población ni comunidad aceptaría su propio suicidio ni el de su ecosistema.

También se ha hablado, en La Rioja y en ámbitos de gobierno, de plebiscitar la minería del Famatina por parte de toda la provincia, con el objeto solapado de diluir la sólida resistencia de todo un pueblo a la destrucción del cerro, inmiscuyendo en la decisión a pobladores alejados de ese cordón montañoso y manipulándolos mediante todo tipo de cooptaciones y clientelismos.

5) Contaminación cultural y académica

a) La ética universitaria en venta

Es emblemática la objetable situación de la Universidad Nacional de Tucumán, convertida en «universidad minera» o «universidad empresa», copropietaria del YMAD (Yacimiento Minero Aguas del Dionisio), concesionado en explotación a una Unión Transitoria de Empresas extranjeras que explota la mina Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca. Por una parte, al tratarse de una universidad pública, su actividad se debe al pueblo que la sostiene. Por otra, su actividad queda determinada por un negocio de gran envergadura. Por su calidad de universidad pública, tiene el deber básico de servir al pueblo y no a un mega emprendimiento, el cual, además, afecta a poblaciones enteras y al ambiente. Esta situación pervierte el quid de su accionar académico y contamina todas las decisiones importantes, como, por ejemplo, la elección de rectores, etc. De ese modo, su ámbito cultural se ve altamente reducido a la finalidad propia de la empresa privada foránea, proscribiendo todo cuestionamiento o visión crítica a la megaminería a causa de su innegable compromiso con los dividendos de semejante actividad.

También, por imperio de la ley nacional 14.771, de 1958, una pequeña parte de las ganancias de la minera Bajo La Alumbrera debe ser distribuida entre el resto de las universidades nacionales del país. Éstas tienen la facultad de aceptar o no los fondos correspondientes que proceden del emprendimiento. Mediante la aceptación de los mismos, las Casas de Estudios superiores se convierten en parte interesada del negocio megaminero y, en consecuencia, legitiman, a cambio de «un plato de lentejas», la destrucción ambiental, la violación de los Derechos Humanos y otorgan una suerte de licencia académica para la contaminación, el saqueo y la muerte. Por ello, muchos estudiantes, docentes e investigadores se oponen firmemente a la aceptación de los fondos y se ha logrado que algunas universidades nacionales o, en su defecto, muchas de sus facultades, asuman su responsabilidad ética pública y, con dignidad, rechacen esos fondos.

b) Racismo cultural y epistemológico

Las mismas empresas mineras intervienen en tareas educativas, de salud pública, etc., para lograr sus fines del saqueo contaminante, y hasta pretenden determinar aspectos decisivos de política educacional, afectando la cohesión cultural de las poblaciones. En efecto, se manifiestan culturalmente superiores y desprecian las culturas tradicionales, alegando con cinismo que las poblaciones carecen de «sustento científico». Comparten esta hegemonía epistemológica muchos docentes e investigadores universitarios.

6) Energía nuclear: peligro nuclear en Argentina

a) Valles Calchaquíes y Quebrada de Humahuaca radioactivos

Se informó en Cafayate que la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta tiene previsto recomenzar decididamente la explotación de la mina Don Otto, en el Departamento de San Carlos, a partir del año 2013, sin descontar a Emmy y los Berthos, vecino al Parque Nacional Los Cardones. Estos proyectos abren la peligrosa posibilidad de unos Valles Calchaquíes radioactivos, con todo lo que significa de afectación al turismo nacional e internacional y otro tipo de emprendimientos como cultivos viñateros y otros, e incide perniciosamente en la salud de la población.

La Quebrada de Humahuaca y su área de influencia tampoco quedan al margen de tales proyectos: ¡el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad está bajo riesgo nuclear!, pues la formación geológica Yacoraite, con su subsuelo rico en uranio, abarca las provincias de Salta y Jujuy. En esta última, también se efectúan exploraciones mineras de uranio, como en Los Amarillos, Juella y Tilcara.

El Plan Nuclear Argentino enfoca, principalmente, para la explotación de uranio, esta amplia área geográfica. La amplitud de dicho plan hace prever un grave riesgo radioactivo para la vegetación autóctona, los cultivos, la fauna, el ganado, para las personas y poblaciones.

Se ha rechazado firmemente a lo largo de las Jornadas la exploración y explotación de uranio y la producción de Energía Nuclear en toda la Argentina.

Pero, como ya se dijo, por las características propias de este tipo de explotación, la radioactividad se desplaza a través del aire, del agua y de las napas subterráneas y afecta a otras regiones y provincias. Existen 500 mil toneladas de uranio procesado, volcadas irresponsablemente en el lecho del río Tonco, afluente del Calchaquí. Éste desemboca en el dique de Cabra Corral (Valle de Lerma) y forma el río Pasaje o Juramento, luego afluente del Paraná.

7) La falacia del progreso por la gran minería

Gobiernos y megamineros, en conjunto, pretenden imponer como dogma la falacia de que sin minería no hay progreso económico, y de que los pueblos tienen un «destino minero». Esta pseudo fatalidad que se pretende impuesta por la naturaleza, se diluye ante los números. Así, la Cámara de Diputados de la provincia que mayor incidencia megaminera posee actualmente en el país, San Juan, ha aprobado el presupuesto 2012 en el que se puede constatar que la actividad minera aporta no más del 1,7% de su monto total. Es decir, con emergencia hídrica, destrucción de áreas naturales, de aguadas, de reservas, de glaciares, etc., esa insignificancia financiera no cubre ni para empezar los inconmensurables daños ambientales, humanos y sociales que provoca este saqueo generalizado y promovido irresponsablemente por su gobierno. Nada se diga de la cuasi nula incidencia económica de Bajo La Alumbrera, luego de décadas de funcionamiento, en la provincia de Catamarca, aún una de las más pobres del país, salvo en los bolsillos de funcionarios y otros actores sociales corruptos.

Conclusión

Estas jornadas han mostrado aquello que los pueblos que padecen la minería a gran escala saben por experiencia propia: el país se encuentra, reiteramos, bajo un régimen de verdadera DICTADURA DE LAS MINERAS extranjeras, en el contexto de recolonización de la Argentina y del continente entero. Ante ello, y ante la falta absoluta de diálogo serio por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con honrosas excepciones, sólo es posible el compromiso efectivo y global con un proceso liberador para la autodeterminación de los pueblos.

Aquellos Delitos de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza comprometen de por vida inevitablemente a legisladores y funcionarios de diverso rango de los poderes ejecutivos municipales, provinciales y nacionales, y con imputabilidad ante cortes penales internacionales. Fiscales y jueces no pueden desentenderse de esta situación: tienen grave responsabilidad moral y pública por la defensa de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza.

La comunidad civil en su conjunto no puede enajenarse de una toma de posición clara respecto de semejante invasión y saqueo. Cabe una responsabilidad ética grave a las personas con mayor influencia en la población: periodistas, religiosos, educadores y docentes de todos los niveles de enseñanza, intelectuales, artistas, etc. Del mismo modo, colegios de profesionales, sindicatos, partidos políticos son corresponsables o de optar por los Delitos de Lesa Humanidad y Lesa Naturaleza, o de situarse al lado de las poblaciones y la defensa de sus Derechos Humanos y Ambientales.

Nada es posible en esta Segunda Emancipación Nacional y Continental sin que toda la población tome conciencia de lo que nos está ocurriendo.

El pueblo de Famatina muestra, mediante el compromiso de coraje cotidiano, digno de nuestra historia, que esta Segunda Independencia no sólo es posible, sino que va siendo cada día más real. También lo muestran Chilecito, la ciudad de La Rioja y, en Catamarca, Andalgalá, Tinogasta, Santa María, etc. además de otros pueblos tucumanos, salteños y jujeños, y a lo largo de toda la zona cordillerana y precordillerana argentina, siempre unidos en la lucha contra la megaminería.

Otros frentes independentistas en esta misma epopeya tienen lugar mediante la lucha contra la agricultura industrial con uso de agroquímicos, que afecta gravemente al agua y a la salud de la población, que erradica campesinos y pueblos originarios en todo el país, con la violencia acompasada de grandes propietarios y de los estados provinciales y nacional.

Se debe trabajar y luchar por:

• Declarar el Agua como Derecho Humano Fundamental.

• Declarar los Derechos de la Naturaleza.

• Declarar el Derecho de la Naturaleza al Agua. Ello importa resguardar sus cauces naturales y sus ciclos en los contextos ambientales propios. Toda afectación a tales cauces y ciclos significa la violación del Derecho de la Naturaleza al Agua y la correspondiente violación al Derecho Humano al Agua. Sólo es posible mantener la fuente de vida que representa el agua si se los respeta en forma integral.

• Denunciar permanentemente los Delitos de Lesa Humanidad en que incurren funcionarios y empresarios dedicados a la destrucción y al saqueo. En efecto, configuran Delitos de Lesa Humanidad porque: 1) se violan Derechos Humanos Fundamentales a amplios sectores de población; 2) estas violaciones se efectúan en forma sistemática y de acuerdo a un plan preestablecido, como la larga preparación del saqueo minero y agroexportador; 3) los estados provinciales (por ejemplo, la Organización Federal de Estados Mineros -OFEMI ) y el Estado Nacional tienen participación necesaria, continua y directa en este plan sistemático, dejando indefensa a toda la población.

• Difundir en todos los ámbitos y en forma permanente tanto los Derechos Humanos, los Derechos Culturales de los pueblos y sus Derechos a las Culturas del Agua y a las Culturas de la Tierra, que le son propios, imprescriptibles e irrestrictos.

• Erradicar a las empresas megamineras, pues necesariamente violan los derechos antes enunciados (aplicar, además, la Ley General del Ambiente N° 25.675, Art. 4°) e impedir que otras nuevas se instalen en nuestro territorio. Mediante leyes, prohibir la minería a gran escala y la mortífera nuclearización del país y paralizar de inmediato los emprendimientos destructivos y saqueadores actualmente en marcha, exigiendo las reparaciones ambientales, sanitarias y sociales correspondientes.

Por la soberanía ambiental y alimentaria de los pueblos

Por una vida en armonía con la naturaleza y con la riqueza plural de culturas

Por la liberación de Argentina, sin saqueo extractivo megaminero ni megaagrario megacontaminantes

1 El acuerdo de creación de la OFEMI, suscrito en el mes de marzo del 2012, lleva las firmas de los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner, quien preside la OFEMI; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Catamarca, Lucía Corpacci; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de San Juan, José Luis Gioja; de Mendoza, Francisco Pérez; y de Santa Cruz, Daniel Peralta, y es promovido por el Gobierno de la Nación.

(ver: http://tn.com.ar/politica/00087184/diez-provincias-firmaron-el-acuerdo-federal-minero).