El ex-gobernador mendocino, Julio Cobos lo intentó en 2006. Ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador sanjuanino José L.Gioja también peregrinaron a la Meca minera, Toronto. Frustraciones: la Ley 7722 de Mendoza y ahora la de Defensa de los Glaciares. Todos apuntan ahora al Senado.
Por Gabriel Bustos Herrera, especial para diario Los Andes
15/08/2010. Que el Hombre propone y las circunstancias políticas disponen, parece un sino ineludible para la minería metalífera.
Ya le pasó a Julio Cobos: a poco de asumir la gobernación imaginó un reverdecer de la minería metalífera en Mendoza, hizo preparar un video, mapas y un paquete con las inmensas posibilidades que en ese sentido ofrecían las entrañas de la cordillera, aquí en el sur.
Y puso en un avión a Laura Montero, al Director de Minería y un par de asesores rumbo a Toronto (el emporio minero canadiense de donde viene la poderosa Barrick Gold).
La delegación promovía inversiones mineras en este paraíso de cobre, oro y plata (“De este lado está la continuidad de las vetas que explota Chile”, sugerían los informes que llevaron los mendocinos para tentar a los canadienses).
Sin embargo, el ambientalismo (que por entonces se hizo fuerte desde el Valle de Uco) y las necesidades políticas, revirtieron el entusiasmo y la propuesta de Cobos-Montero se estrelló contra la Legislatura.
Todos rebobinaron y en junio de 2007 la Ley 7722 cerró el ciclo prohibiendo aquí en el pago la explotación de la minería a cielo abierto con el uso de sustancias contaminantes del agua, como el cianuro maldito y otros parientes químicos.
Es más: la política se puso rápidamente a tono con la demanda popular y extendió las áreas de reserva en las que se prohibió la exploración y explotación minera (llegó a pasarle por arriba a permisos de cateo ya otorgados).
La foto y después. Esta vez, el traspié le tocó a Cristina de Kirchner, a José Luis Gioja, al gobernador de La Rioja, Beder Herrera y a una delegación pro-minera que fue a Toronto días antes del encuentro del Mercosur en San Juan, a prometer días venturosos para el negocio de la Barrick y sus similares.
El mercado mundial de los metales preciosos está de parabienes y los canadienses ya explotan en San Juan el oro de Veladero -cerca de lo que será algún día el paso de Agua Negra- y están en el oro-cobre de Pascua Lama, el gigantesco emprendimiento mixto con Chile, unos 300 kilómetros al suroeste de San Juan, frente a Huasco.
En el encuentro de Toronto comieron muy bien y se sacaron la foto con el zar minero de la Barrick Gold, Peter Munk. Todo evolucionaría venturoso para los mineros en la montaña argentina: estaban dadas las condiciones extractivas y el control político era cuestión del tándem K-Gioja y los legisladores del palo.
Los viajeros aseguraron el plafond político necesario para la inversión de los mineros, recelosos.
Como muestra de su poder, Cristina y Gioja recordaron a Munk y a sus asesores que ellos habían sido capaces de vetar poco tiempo antes una ley del propio Congreso argentino que por unanimidad de ambas cámaras había limitado las operaciones mineras en torno a los glaciares y que se había gestado por iniciativa ambientalista.
Tamaña evidencia de poder, dicen, impresionó al magnate minero. Cristina había vetado las prohibiciones del propio Congreso y puso a su gente -encabezados por Daniel Filmus y gente de Gioja- a elaborar algo más light, que no frenara la explotación minera y cuidara la integridad del hielo.
Pero lejos de los brindis, algo estaba cambiando en la montaña.
El frente se quebró. La historia se repitió, persistente. Tal cual le pasó a Julio Cobos en otros tiempos, algo se rompió en el monolítico frente kirchnerista. Densos nubarrones se gestaron sobre las expectativas mineras en la Argentina.
Cuando Cristina, Gioja y Beder Herrera aterrizaron de vuelta, todas las evidencias mostraban herido al frente minero, mientras se gestaba un acuerdo entre Daniel Filmus y Miguel Bonasso, para consensuar una Ley de Defensa de los Glaciares, mucho más restrictiva que la que habían pedido los promotores de la minería.
Bonasso disparaba ante los medios metralla gruesa contra “el clan Gioja y su lobby a favor de las mineras internacionales” y le advertía a Cristina que no se animara a torcer la voluntad popular de defensa de los últimos bastiones “limpios” de la montaña.
Pino Solanas sumaba fragor y paseaba por todo el país sus videos contra la minería del cianuro, sembrando terror.
La conciencia de defensa de los glaciares como el último bastión del agua dulce, puso en discusión en la base científica (el Ianigla tiene 180 días para hacer el inventario). Como resabio de las urnas del año pasado, en la Cámara de Diputados se resquebrajó el frente kirchnerista.
Con un criterio restrictivo mal visto por los mineros, la nueva Ley (en la Rosada no se animarán a vetarla, explican) es restrictiva e impide horadar el suelo en las inmediaciones de los glaciares y sus ambientes aledaños (peri glaciares, entre otros los ocultos los glaciares de escombros, de los que en tiempos de poca nieva fluye el 65% del agua de los ríos de San Juan y Mendoza).
Lobby del oro. “Hemos vencido al lobby de la Barrick Gold”, se ufanaba Miguel Bonasso, el miércoles (los legisladores oficialistas habían hecho mutis, pero los de oposición alcanzaron a definir la batalla a favor de la Ley Filmus-Bonasso). Mostraba a sus allegados la foto de Toronto, donde sonríen Cristina, Gioja, Beder y el magnate Peter Munk.
Compungido, en cambio, Ruperto “Peto” Godoy -mano derecha en Diputados del gobernador Gioja- supone limitado el futuro del “San Juan minero”: “La provincia ha definido su futuro en base al desarrollo de una minería sustentable y esta ley nos complica hasta los propios proyectos de desarrollo vial y de comunicaciones con el Pacífico. Es el caso del Corredor Bioceánico que une el centro del país con el puerto de Coquimbo, por el paso de Agua Negra. Como salió la ley no hay posibilidades ni de hacer un camino internacional, porque pasa cerca de glaciares”.
El proyecto aprobado incluye un régimen de presupuestos mínimos “con el objeto de preservarlas como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Los sanjuaninos la emprendieron incluso contra un artículo agregado por el mendocino Ricardo Manzur: “Es un artículo que señala que para emprendimientos nuevos, el que determina si está o no dentro de los límites prohibidos es el Ianigla, que va a hacer el inventario de los glaciares. Lo que ya está concedido sigue vigente; esto es para los futuros emprendimientos”, aclaró el rivadaviense.
Ahora todos -mineros, ambientalistas y políticos- miran hacia el Senado: es el escenario de la batalla definitiva. Las provincias mineras -que han aprobado sus propias leyes- confían en que “el poder de decisión final es de las provincias, son las dueñas de los recursos” (tal el caso de nuestra Ley 7722, que prohíbe la minería a cielo abierto con cianuro y otras sustancias).
La Ley de Glaciares dictada por el Congreso, funcionaría como una suerte del Código de Presupuestos Mínimos.
Por las dudas, San Juan sancionó su propia ley y ya se apuró a poner en marcha el inventario de sus glaciares. Prometen que nada truncará su decisión de tener destino minero.
