Uno de los principales temas que generan mayor controversia en el país y principalmente en la Patagonia, es la facilidad que tienen las personas físicas y jurídicas extranjeras, de adquirir tierras. Sobre el particular la AGN realizó un pormenorizado estudio donde coloca a Santa Cruz entre las provincias que menos cumple con la normativa. Particularmente las empresas mineras se valen de esto para cercar sus locaciones comprando los campos aledaños y cerrando los yacimientos de miradas indiscretas y controles o potenciales denuncias.
Fuente_ Agencia OPI Santa Cruz
26/03/2010. Cuando estuvimos en el terreno pudimos comprobarlo personalmente hablando con los vecinos de Perito Moreno y con estanciero de la zona. Las empresas petroleras, en este caso puntualmente Oro Plata S.A, han comprado y ofrecido comprar campos, alrededor del yacimiento Cerro Negro, para “encerrar” el mismo con el objeto de impedir el acceso de personas que no sean las estrictamente autorizadas por la minera a ingresar a las tierras donde están produciendo las labores de cateo, exploración y próximamente de explotación.
Uno de los testimonios lo tuvimos de parte de los hermanos Castagnon a quienes la minera les ofreció comprar su estancia, al igual que otros campos cercanos (algunos adquiridos por la empresa) poniendo en cada oferta millones de dólares que en algunos casos casi triplican el valor que (aparentemente) tiene la tierra, en virtud de su escasa funcionalidad para la cría de ganado y ninguna para la agricultura. Sin embargo, tal como nos ilustró un Ingeniero en minas, la riqueza económica está en el subsuelo y la importancia estratégica está en la ubicación.
“Las mineras pretenden encerrar los yacimientos para evitar que personas no autorizadas por ellos ingresen y generen críticas y problemas que después a ellos les es muy difícil rebatir”, señaló este Ingeniero hoy dedicado a explotar una empresa de servicio petrolero. Luego agregó “en algunos casos, cuando el terreno es exclusivamente de la minera, colocan una tranquera y una casilla de control, generalmente ubicada a 10 o 20 Kms de las locaciones. Si por alguna casualidad aparece un funcionario de minería que quiera realizar una inspección imprevista, tiene el tiempo suficiente para realizar la llamada al yacimiento y existen mecanismos preparados para ocultar determinadas irregularidades o sacar a gente que no debe estar en determinados lugares o cumpliendo tareas inadecuadas”, explicó.
Sin embargo, bueno es aclarar que la culpa no es de las empresas explotadora de oro y palta que llegan a Santa Cruz para sacar lo más que puedan en el menor tiempo posible; la responsabilidad total es del Estado, porque por un lado admite y permite que se vulneren todas las normas en materia de control y por otro lado incumple con la Ley no exigiéndole a las personas físicas y jurídicas extranjeras, los requisitos perfectamente establecidos en los articulados de la normativa para la compra de tierras en el país.
Compre con facilidades
“No hay duda que cada uno siendo propietario de la tierra, puede hacer con ella lo que quiera, venderla, regalarla o donarla – prosiguió señalando nuestro interlocutor – y si una empresa le hace un ofrecimiento está en todo su derecho de aceptarlo. Lo que pasa es que es el Estado el que tiene que reglar esto y el estado (curiosamente en el caso de las mineras) está más ausente que nunca en esas negociaciones”, concluyó.
Santa Cruz aparece en los registros de la Auditoría General de la Nación (AGN) como la provincia que menos requisitos cumple a la hora de exigir a adquirentes de tierras de origen extranjeros, la compra de campos y propiedades, tanto en áreas de fronteras como en toda la Patagonia mediterránea.
A finales del 2007 la AGN realizó un pormenorizado informe, al cual ya hiciéramos referencia en el 2009, pero del que rescatamos las observaciones efectuadas por el órgano auditor en cuanto a las falencias encontradas en el cumplimiento de las leyes par la compra de tierras por parte de extranjeros en la Argentina.
De acuerdo a los registros a los cuales tuvimos acceso y que estableció la Auditoria General de la Nación en la zona andino-patagónica se contabilizaron en el periodo enero 2033 – julio 2007 428 expedientes que iniciaron el trámite de “Previa conformidad” de los cuales 137 fueron aprobados.
El equipo de Auditoría revisó el 49,5% de los expedientes aprobados de ese período de acuerdo al siguiente detalle por provincia:
Santa Cruz: 54 expedientes iniciados, 20 aprobados y 12 revisados.
Chubut: 84 iniciados, 28 aprobados y 12 revisados.
Neuquén: 92 iniciados, 32 aprobados y 20 revisados.
Río Negro: 144 iniciados, 35 aprobados y 16 revisados.
Tierra del Fuego: 55 iniciados, 22 aprobados y 8 revisados.
De los expedientes que auditó la AGN se estableció que el 41º% corresponde a personas jurídicas y el 59% a personas físicas. De 41% se desagrega en un 12% a personas jurídicas extranjeras y 29% a personas jurídicas de origen nacional y el 59% está compuesto por un 35% de personas físicas extranjeras, un 6% de personas físicas nativas correspondientes a trámites de inmuebles fiscales y un 18% de personas físicas extranjeras con años de ejercicios de la ciudadanía o de residencia permanente en el país.
Bajo cumplimiento
De los expedientes revisados por la AGN resultó el siguiente nivel de cumplimiento por parte de las provincias patagónicas, de la normativa referida a la adquisición de inmuebles en Zona de frontera es el siguiente:
Santa Cruz: Cumple en un 25% la normativa, 58% hizo una presentación incompleta de los formularios y al 17% le falta alguna documentación exigida.
Chubut: Un 33% cumple con la normativa, 50% hizo una presentación incompleta de los requisitos y al 17% le falta documentación.
Neuquén: Un 60% cumple con la normativa, 40% tiene deficiencia en conformación de formularios y no se registra falta de documentación.
Río Negro: El 56% cumple la normativa, 44% han presentado en forma incompleta los formularios y no se registra falta de documentación.
Tierra del Fuego: 63% cumple la normativa, 37% no ha completado los formularios y no se encontró falta de comumentación.
Con lo cual se puede resumir que de lo auditado el 48% de los expedientes aprobados cumple con toda la normativa vigente en su totalidad y el 52% parcialmente.
Errores, omisiones (y tal vez corrupción)
Seguidamente vamos a mencionar los principales puntos donde la AGN detectó gruesas fallas que en general facilitan la adquisición de tierras en lugares prohibidos, sin la debida fiscalización, detrás de lo cual no es imposible pensar que esté el tráfico de influencias, los negociados particulares, empresariales y políticos y en general un aceitado sistema de corrupción que está invariablemente enfrentado con el interés nacional.
Proyectos de inversión.
De los proyectos revisados por la AGN el 3% no contaba con el proyecto de inversión exigido y el 15% estaba incompleto, como descargo el DATF señaló que carece de estructura para inspeccionar in situ la ejecución real de los proyectos de inversión.
Accidentes orográficos e hidrográficos
Sobre la información contenida en los expedientes sobre pasos que faciliten o dificulten el tránsito por el límite internacional, se pudo establecer que el 81% no adjunta información y del 19% que adjunta el informe el 38% está firmado por el solicitante, el 31% por un profesional habilitado y el 8% por un organismo provincial.
Vía de excepción
El 45,6% de los expedientes revisados fueron aprobados por vía de la excepción, 23 de ellos corresponden a personas físicas y 8 a personas jurídicas. Los auditores señalan que si bien la normativa considera esta vía como probable “los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos exigidos resulta significativos”, resalta la observación.
De los demás, 2 de los expedientes no presentan proyectos de inversión exigido por el Art 22 de la Res1751/95 y los 27 expedientes restantes presentaban el proyecto de inversión pero la AGN no observó un seguimiento posterior.
Copia de escritura
Los auditores corroboraron que el69% de los expedientes revisados no tenían copia de la escritura lo cual impide el conocimiento acabado de la titularidad del inmueble, especialmente los ubicados en zona de seguridad. El 71% de los expedientes aprobados por vía de la excepción no contaba con la escritura a pesar que es condición indispensable por normativa, adjuntarla.
Falencias detectadas
La AGN sostuvo en su informe final que la legislación en materia de “Conformidad previa” es muy endeble, dispersa, desactualizado y conforman normativas emitidas por organismos hoy inexistentes o que han perdido competencia en la materia.
Señala además que no existe un mecanismo para controlar si todas las transmisiones de dominios en Zonas de Seguridad, cumplen el requisito de “Previa conformidad”.
En el 94% de los casos no se consulta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en los inmuebles que solicitan la “Previa conformidad”; solo el 6% presentó una nota de la SAyDS corroborando la inexistencia de bosques nativos.
No existe interrelación entre el Registro de la propiedad inmueble y Catastro de las provincias, hecho que recién ahora se estaría planificando para una instrumentación futura.
La AGN determinó que la falta de estructura estable de la DATF solo le permite conocer parcialmente el universo económico y demográfico y el estudio de los expedientes.
El Sistema de registro de Expedientes de “Previa conformidad” no se encuentra informatizado, carece de componentes técnicos que le den confiabilidad, es endeble, de acceso restringido y el soporte magnético no está protegido.
