Los emprendimientos sojeros y mineros son causantes de la grave crisis hídrica que padecen las provincias de Córdoba y Jujuy. El gobierno responsabiliza a los consumidores, pero ¿Quiénes son los responsables?
Fuente: Fernando Rovelli GRR (Grupo De Reflexion Rural) publicado por Red Eco
Córdoba y Jujuy – 18/11/2009. Hace tiempo que diferentes organizaciones ambientalistas, no gubernamentales y vecinos autoconvocados vienen denunciando las consecuencias que traen aparejadas los grandes emprendimientos sojeros y mineros.
Por su parte, el gobierno provincial y Aguas Cordobesas parecen no escuchar dichas denuncias y hoy frente a una situación de colapso deciden culpar a los usuarios y acusarlos del excesivo consumo de agua en la provincia.
Desde la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (C.CO.D.A.V.) afirman que “El gobierno empezó a aplicar multas a los vecinos que riegan la vereda o que lavan un auto, pero nada se dice de que el 75% del agua es utilizada por el complejo sojero y la industria. Nosotros no creemos que sean los vecinos los responsables de la sequía y de la falta de agua. En todo caso, nos tratan de culpabilizar a nosotros, nos hacen creer que porque usamos el inodoro dos veces por día, porque lavamos los platos o porque queremos baldear una vereda, somos culpables de la escasez”
Sin embargo, el consumo domiciliario de los habitantes de la provincia representa el 3% del consumo total, mientras que el agua destinada al riego de la agr
oindustria es de más del 75% – los canales maestros Norte y Sur riegan más de seis mil hectáreas, 700 especuladores sojeros riegan cuatro mil hectáreas con agua del canal Los Molinos.
“Detrás de las mentiras, se esconden los verdaderos responsables de la tragedia y los obscuros intereses que operan a favor de la transnacional Aguas Cordobesas. Los empresarios y políticos corruptos que generaron la criminal ruptura del sistema hídrico provincial. El complejo agroindustrial de los especuladores del monocultivo de soja transgénica que devastó el bosque nativo en un 92%, convirtieron a Córdoba en una ventosa región de desiertos y áridos territorios, hiriendo de muerte el ciclo natural del agua, el clima y los ecosistemas. Situación agravada por la contaminación que producen sus agrotóxicos en el canal a cielo abierto Los Molinos, que abastece en la zona sur de la ciudad a 360.000 habitantes, victimas de agua envenenada, sin que la justicia haga nada a pesar de la denuncias penales presentadas y cajoneadas”.
Por otra parte, en la provincia de Jujuy, la situación se repite. Aquí el escenario es ocupado por la mega minería a cielo abierto, actividad productiva que casualmente consume enormes cantidades de agua. Y la escena ya es vista, el gobierno provincial paradójicamente pide a la población que debe concientizarse y racionalizar el uso del agua, “mientras se siguen otorgando permisos para cateo, exploración y explotación de minerales de primera y segunda categoría a cielo abierto sin control posible” afirman los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella y agregan “Nos piden racionalizar el agua y autorizan la mega minería, que consume millones de litros de agua por día”.
Dicha actividad implica la utilización irracional de un recurso escaso en las zonas desérticas y semidesérticas de la provincia de Jujuy, como la Puna y la Quebrada, y trae como consecuencias grandes daños en la agricultura y la ganadería de esas zonas. “Entre los impactos ambientales, sociales y económicos, se destacan: los posibles agotamientos de napas, pérdidas de vertientes y 
caídas de nivel del agua en pozos, con lo cual pueden afectarse consumos potables, para animales de cría, la vida silvestre nativa, así como los usos municipales y domésticos del agua. Además hay que agregarle la contaminación existente, producto de la actividad minera actual y pasada en la Puna” explican los Vecinos Autoconvocados de Tilcara quienes advierten los graves impactos ambientales y sociales por los descomunales consumos mineros, donde el agua dulce es escasa y no puede recuperarse.
Tanto en Córdoba como en Jujuy las organizaciones continuarán con la lucha. La C.CO.D.A.V, considera que la solución esta en crear una empresa Estatal, Pública y Comunitaria y afirman “una solución urgente y rápida sería una intervención del Estado, con sus organismos de control, sobre las empresas, para evitar el derroche cerrándole el grifo al complejo sojero”.
