Aunque el senador por Córdoba Carlos Rossi asumía que había que ceder en algunos puntos y se lamentaba por el veto presidencial, de todos modos felicitó a Daniel Filmus por su política de “consensos” para lograr una nueva ley de protección de glaciares. Hoy crece la preocupación en un importante sector ambientalista que afirma que el nuevo texto, lejos de proteger los glaciares, “reglamenta la entrega”.
Por Biodiversidadla
02/11/2009. El “veto Barrick” fue como se conoció el rechazo de Cristina Kirchner a la ley de Protección de Glaciares 26.418 que el Congreso votó por unanimidad en octubre del 2008. Como el escándalo crecía, el oficialismo terminó impulsando un proyecto propio de la mano del senador por Buenos Aires Daniel Filmus. La nueva iniciativa conserva un articulado “similar” a la ley vetada, pero algunos cambios y agregados parecen venir con sorpresa letal, cual caballo de Troya.
El 21 de octubre pasado se trató en comisión y acto seguido se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores el proyecto de Filmus para la “protección de los glaciares”. Hubo sólo algunas objeciones por parte de los senadores de Salta y Catamarca, a quienes sólo parecía preocuparles la injerencia nacional en sus negocios provinciales. La fecha del 10 diciembre es una bisagra para un gobierno que plantea aprobar lo que piensa como sus “leyes estratégicas” antes de esa fecha en la que hay renovación parlamentaria. No es casual que entre esas leyes esté la de Glaciares, ya que el problema ambiental condiciona un gran negocio con el que el kirchnerismo está muy involucrado: la minería a cielo abierto . Por eso antes de diciembre es muy probable que se apruebe el texto de Filmus en Diputados y que los sectores del ambientalismo tengan que lamentarse por “la reglamentación del saqueo”, como han caracterizado a la futura ley.
La centralidad del negocio minero para el gobierno estuvo demostrada en el reciente viaje de la presidenta a Chile. Allí fue acompañada por el secretario de minería Jorge Mayoral, entre otros funcionarios y representantes. En presencia de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Cristina Fernández defendió el proyecto minero binacional Pascua Lama que impulsa la empresa Barrick Gold y alentó los proyectos de infraestructura sobre los Andes, en los que el principal interesado es el empresario argentino Eduardo Eurnekian, con quien se disponen a “perforar esa cordillera”.[1]
La letra con sangre entra
El escándalo se originó en el mundillo de las empresas mineras y sus lobbystas cuando se dieron cuenta que la ley impulsada por la ex diputada Marta Maffei les prohibía hacer lo que mejor hacen, destruir montañas, y que se les terminaba el negociado. El texto original establecía preservar los glaciares y los ambientes glaciares por considerarlos una reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua. Ante eso, en noviembre pasado, Cristina Fernández vetó la ley argumentando que no podía darse “preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse”, como proyectos mineros y petroleros.
¿Cuáles son los ejes de la discusión? En primer lugar, y principalmente, el artículo 2 de la ley vetada establecía que “se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”. En cambio para la ley de Filmus sólo se protege “dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros”, esto es a los glaciares ocultos por la roca, pero no al ambiente en general como un ecosistema. Para el activista ambiental Javier Rodriguez Pardo esto es gravísimo, “porque sabemos que el ambiente periglacial protege a los glaciares”. También, según Mariela Silvestein de Conciencia Solidaria, “el proyecto de Filmus es menos abarcador, reduce lo que tiene que custodiar. Se habla de lo periglacial pero no se lo protege, lo que hace es entregarlo a las industrias que se pueden asentar sobre ellos para realizar sus actividades que los destruyen o contaminan y utilizan sus aguas”.
El segundo elemento en discusión es qué pasa con los emprendimientos mineros y de otro tipo que actualmente están funcionando sobre glaciares y en ambientes periglaciares. En el texto de Maffei se daba 180 días como máximo para hacer las auditorías ambientales y en función del diagnóstico y “en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan” . La ley Filmus, en cambio, sólo impone hacer “una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales generados sobre los cuerpos protegidos” y esto luego de que se haya terminado el inventario y en función de un cronograma de tiempos indefinido.
La diputada por la Coalición Cívica Fernanda Reyes explica de este modo las implicancias de estos cambios: “Se deja abierta la posibilidad a que la ley no se aplique, porque determina que tiene que hacerse el inventario de la provincia y recién ahí empiecen a hacerse las auditorías para ver los impactos y las condiciones con las que se presentan los emprendimientos mineros. Si la provincia tarda veinte años en hacer los inventarios, entonces recién ahí van a empezar a auditarse y regularizarse los emprendimientos que funcionan actualmente. Por lo tanto podrán seguir explotando y se deja la puerta abierta a que nunca se hagan los inventarios”.
Alcances políticos
Varias posiciones se dieron a partir de la aparición del proyecto de Filmus. Desde el Senado hubo consultas a organismos, otras fuerzas políticas y ONGs. Para la diputada Reyes “cualquier modificación que se haga a la ley original de protección de glaciares es parte de la trampa que estipula este gobierno. Dar lugar a modificaciones implica aceptar el veto de la presidenta, cuando la ley fue votada por unanimidad por ambas cámaras. Nosotros creemos que no tenemos que ir por ningún tipo de reforma sino por la ley original y en contra del veto”. En el mismo sentido se manifestaron Conciencia Solidaria y Javier Rodríguez Pardo, ya que la posición es ir por el texto original, es decir el que se aprobó el año pasado, que puede ser ratificado o también retomado a partir del proyecto de ley que redactó Miguel Bonasso (con la misma letra que la ley vetada). Sin embargo, aunque el proyecto de Bonasso fue aprobado en agosto pasado por la comisión de recursos naturales, permanece “cajoneado” en la comisión de minería de Diputados desde esa fecha.
Mariana Alanís es asesora del senador Daniel Filmus. Consultada sobre por qué de impulsar otro texto para proteger a los glaciares afirmó: “Porque la anterior ley tenía errores puntuales en cuanto a la definición del ambiente periglaciar, faltaba el tema del tratado del antártico, y además hay un convenio bilateral entre Chile y Argentina respecto de hielos que tendría que haber sido tenido en cuenta”. Acerca de los cuestionamientos recibidos, Alanís responde que esta ley “fue bastante consensuada, acá se realizó un foro donde se convocó a todas las asociaciones ambientalistas, a todos los senadores de los distintos bloques, también hubo reuniones con las ONGs ambientales más representativas de Argentina como Greenpeace, FARN, Amigos de la Tierra, Vida Silvestre y Taller Ecologista, que nos pidieron introducir algunas modificaciones de cosas que faltaban en el texto anterior”.
Efectivamente hay un documento con observaciones que presentaron esas cinco organizaciones [2] en el que se realizan críticas al texto de Filmus. Sin embargo desde Amigos de la Tierra niegan haber dado consenso y apoyo a esta ley, y afirman que sólo acercaron ese material con fines críticos. Desde Conciencia Solidaria opinan que si bien “algunas organizaciones presentaron un proyecto que señalaba aportes o errores a la ley de Filmus, nosotros no estamos para nada de acuerdo con ese espíritu. Desde el comienzo exigimos que se ratifique la ley vetada o en todo caso que se apruebe el proyecto de Bonasso que mantiene la misma letra”.
¿Y qué pasa con la mina?
“Creo que se plantea mal cuando hablan de minería sí o minería no. Esto es una ley de protección de glaciares, después habrá que hacer una ley sobre minería y regular la actividad. Me parece que la discusión es difusa cuando mezclan este tema con la protección de glaciares, nada tiene que ver esto con minería sí o no”, explica la asesora de Filmus.
Consultado acerca de esta dicotomía que plantea Alanís, Javier Rodríguez Pardo contestó con algo de cólera: “no tienen la más pálida idea, ya no es que defienden el interés de las corporaciones: es de una ignorancia absoluta. Si esta gente viera cómo se hace la minería en la alta montaña, si lo pudieran ver, se darían cuenta que se requiere mucha agua. ¿Y el agua de dónde se obtiene? De los glaciares y del ambiente periglacial. Esto es lo que tienen que saber estos imbéciles que defienden lo indefendible por ignorancia supina”. Y agrega: “No queremos que se someta el bien común de un pueblo y una nación, todo un ecosistema, a la decisión de una persona que va a tener la facultad de caracterizar el tipo de glaciar y si allí se podrá explotar, sea esta persona de una consultoría contratada o del CONICET, porque en algún punto esto es imposible de controlar. Queda todo librado al criterio de la autoridad de aplicación de cada provincia”.
En definitiva en pocas semanas sabremos qué suerte correrá el destino de los glaciares de Argentina.
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Notas:
[1] Diario Clarín, viernes 30/10/09, p. 13.
[2] http://www.glaciaresandinos.org/ONGglaciares.pdf
Por Marcelo Maggio para la Agencia de Noticias Biodiversidadla
