Gracias a la flexibilización de la ley de inversión extranjera. Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE). Habitantes de comunidades se organizan ante los daños ecológicos y a la salud.
Fuente: diario La Jornada
México – 17/07/09. Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
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Para Canadá, 11 de cada 12 dólares del comercio con México
• En 15 años del Tratado de Libre Comercio sólo en tres el intercambio favoreció a mexicanos.
• La presencia de sus compañías no ha beneficiado a las comunidades en que se asientan.
Fuente: diario La Jornada
México – 20/07/09. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha, la relación comercial y de inversiones de México y Canadá ha sido desfavorable para nuestro país, indican informes del gobierno federal.
En este periodo, iniciado el primero de enero de 1994 y el cual se extiende a mayo de 2009, el intercambio de mercancías entre ambos países ha sido deficitario para México en más de 12 mil 500 millones de dólares, en una relación en la que por cada 11 dólares de beneficios netos para Canadá en 15 años, uno ha sido para generar empleos en México, precisan informes del Banco de México.
En 15 años de TLCAN sólo en tres la balanza comercial fue superavitaria para el país en mil 230.5 millones de dólares, mientras que en los 12 restantes el beneficio para Canadá fue de 13 mil 749 millones de dólares.
De esta relación de intercambio comercial tan desigual México se ha beneficiado con apenas 8.9 por ciento mientras que los canadienses han obtenido beneficios equivalentes a 91.1 por ciento.
Por el lado de las inversiones canadienses en México, escasas y muy rentables, éstas fueron de 9 mil 400 millones de dólares en el mismo periodo, una cantidad que representó 75 por ciento de las ganancias obtenidas por Canadá en el terreno del intercambio comercial, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Asimetrías
Recordemos que después de la firma del TLCAN se realizaron cambios fundamentales para la inversión en México. Se estableció la libre circulación de mercancías, servicios e inversiones bajo condiciones preferenciales para los socios firmantes sin crear mecanismos de compensación para las enormes desigualdades entre Canadá, Estados Unidos y México.
La Ley minera de 1993, que sustituyó a la de 1961, abrió la puerta del sector minero al capital extranjero que previamente eran áreas reservadas a la inversión nacional y eliminó la exigencia de que éste se asociara con inversión mexicana en una proporción de 49-51 por ciento respectivamente.
Posteriormente, la Ley de Inversión Extranjera acentuó la liberalización de la industria minera, proceso que se consolidó con la firma del TLCAN, que eliminó diversos requisitos a la inversión, como el hecho de que la producción se realice con insumos nacionales, la obligación de proporcionar capacitación y transferir tecnología al país en donde se asientan las inversiones o la exigencia de que la mayoría de los miembros de algún consejo de administración de la empresa sea de cierta nacionalidad, así como los aranceles que se aplican al comercio exterior y la importación de equipo y maquinaria.
Pese a la crisis económica internacional que afecta a México, el empleo en el sector minero, caracterizado por una alta explotación y bajos salarios, además de condiciones de inseguridad laboral, ha tenido un importante crecimiento.
Los capitales canadienses se han visto particularmente activos tanto en la extracción de minerales como en la rama minero-metalúrgica. De acuerdo con informes de la Secretaría de Economía (SE) de 224 empresas con inversión extranjera directa en la rama minero-metalúrgica 175 tienen capital de origen canadiense, una de las más elevadas concentraciones de inversionistas externos en una rama de producción industrial.
Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde noviembre de 2006 a junio de 2009, en el sector manufacturero se han perdido 533 mil 889 empleos. Sin embargo en este mismo periodo, que comprende el actual sexenio, el empleo en la industria minera o extractiva se ha incrementado en 21 mil 702 nuevos puestos de trabajo, al ascender de 77 mil 84 en noviembre de 2006 a 98 mil 786 a junio de 2009.
Sólo por la explotación de oro y plata, las empresas canadienses asentadas en México obtuvieron utilidades brutas por 593 millones de dólares solamente en 2008, según estimaciones extraoficiales.
Lo anterior pese a que el año pasado el precio del oro tuvo un comportamiento variable. Durante el primer cuatrimestre de 2008 la cotización mantuvo una tendencia ascendente alcanzando un máximo histórico en marzo de mil 23 dólares por onza (28.34 gramos). Sin embargo a partir de agosto inició un comportamiento descendiente hasta caer a un mínimo de 720.5 dólares en octubre.
Así, el precio promedio anual de la onza fue de 871.96 dólares que comparado con el precio promedio vigente durante 2007, refleja un incremento de 25 por ciento. Con ello, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 46.7 toneladas de oro, equivalente a un valor de mil 302 millones de dólares, 48 por ciento superior a los 881 millones de dólares logrados en 2007, según informes de la Cámara Minera de México (Camimex).
Para 2009 se prevé que la canadiense Minefinders produzca en su mina Dolores 128 mil onzas de oro (4 toneladas) y 3 millones de onzas de plata (93.3 toneladas). Desde el año pasado la también canadiense Agnico-Eagle tenía programado para mediados de este año iniciar operaciones en Pinos Altos, Chihuahua, donde se espera que esta mina produzca 190 mil onzas de oro por año (5.9 toneladas).
Las empresas mineras canadienses también han mirado hacia el sureste del país en estados que cuentan con abundantes recursos naturales, y donde paradójicamente prevalece un alto índice de pobreza extrema.
En el estado de Oaxaca, por ejemplo, la Continuum Resources de Vancouver tiene, al menos 10 proyectos en distintas etapas de avance, los cuales abarcan más de 70 mil hectáreas y la empresa sigue consolidando su dominio en mayores extensiones de tierra.
A finales de 2006 la empresa Chesapeake Gold Corp, de Vancouver, anunció que había cedido el 70 por ciento de dos proyectos en Oaxaca a la empresa Pinacle Mines, también canadiense.
La Horseshoe Gold Mining, también de Vancouver, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, una explotación minera en Oaxaca. La Linear Gold Corp, de Halifax, Canadá, también es dueña de un proyecto minero en ese estado.
También las compañías del país de la hoja de maple han mostrado interés por establecerse en el estado de Chiapas, otra de las entidades más empobrecidas de México, donde el gobierno federal ha otorgado por lo menos siete concesiones mineras que abarcan más de 727 mil hectáreas. Poco más de la mitad de esa tierras, es decir, unas 420 mil hectáreas, está en manos de dos empresas canadienses: la Linear Gold y la Frontier Developemt Group.
(Con información de Juan Carlos Miranda).
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México-Canadá: una relación desigual
Más allá del aspecto diplomático –ampliamente discutido luego de la intempestiva decisión del gobierno canadiense de imponer visas a los viajeros mexicanos–, la relación entre México y Canadá –miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– acusa profundas desigualdades y exhibe marcadas desventajas para nuestro país en el aspecto económico y, por ende, en el social.
En el tiempo transcurrido entre la suscripción de ese acuerdo de comercio trilateral y la actualidad, los capitales canadienses han recibido un trato privilegiado en México; las empresas de aquel país que operan en el territorio nacional –particularmente en el sector minero– han obtenido cuantiosos beneficios y vastos márgenes de ganancia sin que para ello hayan tenido que realizar grandes inversiones productivas y sin que hayan realizado aportes significativos al bienestar de la población en general.
Por añadidura, el acuerdo ha servido como acicate para un desembarco económico canadiense en el país y, al igual que ocurre con Estados Unidos, la relación comercial se ha vuelto sumamente desventajosa para México: entre enero de 1994 y la actualidad, ese intercambio ha arrojado un saldo deficitario para nuestro país (de más de 12 mil 500 millones de dólares) y el beneficio neto obtenido por cada nación durante los últimos tres lustros es por demás desproporcionado: de 11 dólares a uno, en favor de la economía canadiense, según informes del Banco de México.
El profundo desequilibrio entre lo que Canadá otorga y lo que recibe de nuestro país hace inevitable percibir, como trasfondo de esa relación bilateral, una lógica de tipo colonialista antes que la procuración de beneficios mutuos que supuestamente tendrían que derivar del proceso integracionista a que el país ha sido sometido desde hace tres lustros. A las notables asimetrías que prevalecían hace 15 años entre México y sus vecinos del norte –asimetrías que se reflejaban en dimensión de las economías, niveles de desarrollo industrial y tecnológico, productividad, salarios y, en general, en calidad de vida de las respectivas poblaciones– se ha sumado la aplicación de instrumentos contemplados en el propio TLCAN que resultan inequitativos en prácticamente todos los ámbitos para nuestro país. Al día de hoy, a la par del avance de las empresas foráneas en el territorio nacional, se ha registrado un retroceso incluso en los terrenos en que México solía ser autosuficiente, como el alimentario.
Ante tales elementos de juicio, el gobierno tendría que asumir como una de sus tareas principales el emprendimiento de las gestiones correspondientes ante sus pares canadienses y estadunidenses a efecto de obtener de éstos un compromiso y un aporte al desarrollo nacional que sea mínimamente congruente con el beneficio que esos “ socios ” reciben de México. Sería deseable y necesario, por ejemplo, suscribir compromisos que obliguen a las empresas de esos países a incentivar las tareas productivas en el territorio nacional, a minimizar los efectos nocivos en el medio ambiente y a contribuir, en suma, con el desarrollo de las comunidades en que se establezcan.
Por desgracia, episodios como la imposición del visado canadiense a los connacionales han venido a recordar que la dependencia económica redunda en una pérdida de autonomía política y de soberanía por parte de nuestro país y que la diplomacia nacional se encuentra en un marasmo que le impide adoptar acciones que restañen, así sea mínimamente, el peso político de México en el ámbito regional.
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Asilo político y visas
Matteo Dean
En 2006, según los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), 4 mil 913 mexicanos pidieron asilo político o refugio a la oficina de inmigración canadiense (Office of Immigration and Refugee, IRB). Este dato colocaba en ese año a los mexicanos como el primer grupo nacional en pedir protección al gobierno canadiense. Esa cifra representaba el 21 por ciento del total de peticiones que el gobierno de Ottawa recibió ese año y, además, correspondía al 73 por ciento de las demandas de protección realizadas por mexicanos en el mundo (la mayoría de las restantes al gobierno de Estados Unidos). El dato, sin embargo, va aún más allá y revela que los mexicanos en 2006 eran el undécimo grupo nacional en pedir protección en el extranjero a escala mundial, detrás de iraquíes, chinos, rusos, iraníes, somalíes, pero delante de los colombianos (que se colocaban en el lugar 15 de la clasificación mundial de la trágica carrera ayúdenme, porque mi gobierno no lo hace ” ).
La reciente decisión del gobierno canadiense de imponer visa a los visitantes mexicanos a su país, con el argumento de que estaríamos “ exagerando ” en el utilizar el status de refugiado, habla claro de la visión que el gobierno canadiense está ofreciendo de los mexicanos: “ ustedes están haciendo trampa ” , por decirlo con palabras suaves. Esta visión, muy propia de los gobiernos del norte, es desgraciadamente común. Porque si bien es cierto que se han registrado casos –no pocos– de abuso de este instituto jurídico internacional que han levantado tanto protestas, como advertencias, y discusiones entre los gobiernos; que han provocado discusiones sobre todo entre los afectados directos, es decir los migrantes, que en foros o espacios públicos señalan la existencia “ de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seudo-refugiados ” , mismas que –dicho sea de paso– involucrarían a funcionarios de ambos gobiernos; si bien es cierto todo lo anterior, el argumento sigue siendo una peligrosa arma en las manos de los gobiernos tentados por el deseo de cerrar sus propias fronteras.
Es este definitivamente un tema sumamente delicado. El peligro concreto es que ahora –como ya está sucediendo en las fronteras europeas, por ejemplo– los cientos de mexicanos que quisiéramos pedir refugio en Canadá ya no lo podemos hacer de la forma en que se debería, ya que para pedir dicha protección la persona interesada tiene que pisar territorio canadiense. ¿Qué sucederá ahora? ¿Estaremos obligados todos a recorrer las vías ilegales –y sumamente peligrosas– para llegar a Canadá? Quizás así será. Porque por desgracia, aunque esto no se menciona, en Canadá refugiados mexicanos existen. Y tienen todo el derecho a la protección que se les otorga. Es el caso de Raúl Gatica Bautista, fundador y dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), que desde 2004 tiene el status de asilo político en Vancouver, tras ser perseguido por las últimas tres administraciones estatales en Oaxaca. Es el caso también de decenas de estudiantes del extinto CGH, que tras el desalojo del 6 de febrero prefirieron la protección de Ottawa a los riesgos de una vida como ex huelguista. O es el caso de decenas de ciudadanos mexicanos a los cuales el IRB les reconoció la situación de persecución por su preferencia sexual. Y quién sabe cuantos casos más.
Por el otro lado es también cierto que muchos mexicanos –y me consta, pues fui a Canadá en algunas ocasiones– aprovechan las ventajas del proceso de otorgamiento del refugio para pasar meses, en ocasiones años, a expensas del gobierno canadiense. Ya que el proceso de petición se demora un tiempo, ya que mientras el gobierno anfitrión tiene que solventar los gastos de quienes pusieron petición, no es difícil sobrevivir. ¿Es esta una buena razón para cerrar las puertas a todos? Un buen gobierno –y en el caso canadiense además con una amplia tradición de acogida de los perseguidos de todo el mundo– debería privilegiar a los menos protegidos. En este caso, otorgar el beneficio de la duda y sí, revisar caso por caso, uno a uno, aunque las oficinas y el personal no alcancen para tantas demandas.
He aquí al problema de fondo de toda la cuestión. El chovinismo y el llamado patrio en estos casos no sirven, no aplican. Sirve para quienes buscan a un enemigo externo –otro más– para que nos olvidemos de las responsabilidades de cada quien. Lo que sirve, al contrario, es una seria reflexión en torno al status de refugiado y del asilo político, hoy, cada vez más, puesto en entredicho por la realidad del mundo en que vivimos. Una reflexión obligada para la comunidad internacional –la misma que instituyó el status del asilo político hace casi 60 años– que tendría que ampliar al concepto mismo del refugio. Quizás solamente así, reconociendo por ejemplo que el derecho al refugio no es solamente para los perseguidos políticos, sino también para los que son perseguidos por el hambre, por la pobreza, por las guerras, por las injusticias, por la violencia, por la corrupción, por las epidemias, por el racismo, por la discriminación, por ser diferentes, por pensar distinto, por luchar o simplemente son perseguidos por el deseo de una vida más digna y justa, tendríamos muchos menos casos “ falsos ” .
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Visas, visados y refugiados
Jorge Durand
Canadá es uno de los pocos países del mundo que está abierto al turismo mundial y la inmigración permanente, tiene además un sistema eficiente y ordenado de visas de trabajadores temporales y es generoso en cuanto a otorgar refugio a personas perseguidas. A diferencia del sistema migratorio estadunidense que está quebrado y requiere de una urgente reforma, el canadiense es un sistema bastante eficiente, democrático y generoso. Su política migratoria abierta y liberal se definió de manera acorde con su política interna de país multicultural y multilingüe, que integra tanto a anglófonos, francófonos y poblaciones nativas.
En los años 60 Canadá abrió sus puertas a la inmigración mundial, sin discriminación de razas, género o credo. No obstante pone condiciones y establece un sistema selectivo que intenta facilitar el ingreso de profesionales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Para ello se creó un mecanismo de puntos en el que se toma en cuenta el manejo del idioma (inglés o francés), estudios, habilidades profesionales, experiencia profesional, edad, competencia profesional del cónyuge y contactos familiares con ciudadanos canadienses. Para poder calificar se requieren de 67 puntos. Por ejemplo, por ser joven (entre 21 y 49) se obtienen 10 puntos y por tener un doctorado 25 puntos.
Por otra parte, Canadá tiene una política amplia y generosa de refugio. En efecto, la ley otorga plenos derechos a cualquier persona que llegue a suelo canadiense y solicite o aspire a la condición de refugiado, lo que le permite moverse libremente por el territorio de Canadá hasta que se verifique su situación. Es más, los solicitantes de asilo tienen ciertos privilegios y apoyos para poder instalarse y encontrar trabajo. En 2006 los refugiados provenían principalmente de 10 países: Afganistán, Colombia, Etiopía, Birmania, Sudán, Congo, Somalia, Irán, Eritrea e Irak. Sin conocer todos los casos a fondo, el lector podrá coincidir en que es entendible que los ciudadanos de estos países soliciten refugio.
Sin embargo, en 2007, México empieza a aparecer en los primeros lugares. De 3 mil solicitudes en 2005 se pasó a 10 mil en 2008 y la tendencia sigue incrementándose en 2009. Ciertamente la violencia se ha incrementado en México de manera proporcional, si se considera el número de muertes que ha dejado la violencia y la guerra contra el narcotráfico. Sin duda, muchas familias se han visto afectadas por la violencia, de manera directa o indirecta, pero éstas no son precisamente las que demandan refugio. Las autoridades canadienses constataron que sólo el 10 por ciento de los solicitantes de asilo tenían razones justificables para demandar refugio. La gran mayoría, 90 por ciento, lo que quería era obtener la visa de residente y el apoyo del gobierno.
Pero el asunto es más complejo, el incremento en las peticiones de refugio y el detonador de todo este conflicto diplomático, tiene que ver con peticiones de migrantes indocumentados, en Estados Unidos, que llegaron a Windsor, Ontario, vía Detroit. En septiembre de 2007 la prensa local de Windsor se quejaba de que 45 familias y 31 individuos, en total 200 personas habían solicitado refugio y el condado les tenía que financiar el hotel, la alimentación y otros gastos. La mayoría de los casos son una migración de rebote que proviene de Estados Unidos. Este recurso ya lo habían utilizado los salvadoreños en 1986, cuando se percataron que no podían calificar para la reforma migratoria (IRCA), que les exigía demostrar una estancia de cinco años y optaron por irse a Canadá y solicitar refugio, dada la condición de guerra en inseguridad en su país.
Por otra parte, se ha incrementado el número de solicitantes de refugio de sectores medios mexicanos que buscan mayores oportunidades y seguridades en Canadá. Una de las quejas del gobierno Canadiense es que muchos mexicanos que solicitaron refugio en los pasados tres años hubieran podido calificar con inmigrantes si hubieran hecho los trámites correspondientes, pero prefirieron entrar por la puerta falsa. En la práctica operan dos tipos de intermediarios en este proceso, los típicos coyotes que transportan a la gente y los instruyen para que demanden refugio, ni bien pasan la frontera y los abogados que conocen de leyes y asesoran, previo pago, a aquellos que quieren emigrar a Canadá por esta vía.
El requerimiento de visa para los ciudadanos mexicanos puede frenar las demandas de refugio de migrantes que llegan por tierra a Canadá y que al ser devueltos a Estados Unidos, serán deportados inmediatamente. También puede frenar a los sectores medios que demandan refugio sin verdadera justificación y llegan por avión. Lo preocupante es que hace 3 años que se levantaron las señales de alarma y México no tomó medidas para prevenir esta situación. No hay soluciones fáciles, ni mágicas. Pero, al parecer, hay posturas fáciles e inútiles, como la de solicitar visa a los diplomáticos canadienses.
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Lunes 20 de Julio del 2009
Los salarios percibidos superan en su mayoría los cien mil pesos
Investigadores no consiguieron la declaratoria de la UNESCO para SLP, pero sí cobraron
Luego de que por tercera vez en la historia de los gobiernos de San Luis Potosí, se perdiera la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la lista de los “sueldazos” es evidente y, aunque sus investigadores no pudieron sustentar la llamada Ruta Intercontinental del Mercurio y de la Plata, a cambio obtuvieron jugosas ganancias económicas.
El primero de ellos que destaca un informe que proporcionó la Secretaría de Cultura a La Jornada San Luis, con el número de acuerdo en la solicitud de información 325001109, es Francisco Javier López Morales, quien cobró primero ocho salarios por cantidades de 41 mil pesos, o sea 330 mil y luego cobró 12 salarios por 32 mil 400 pesos, un total de 388 mil 800 pesos. López es el propietario del despacho que contrató el gobierno del Estado para la elaboración del dossier. López y su oficina, con sede en la ciudad de México, se dedican a proponer declaratorias a los gobernadores de varios estados del país.
Otros más de la lista fueron Inés Herrera Canales, que obtuvo en suma 85 mil pesos; Cinthia Moreno Recoder, 77 mil pesos primero y luego cobró cinco veces 16 mil 880 pesos, o sea 84 mil 400 pesos. La presidenta del Colegio San Luis, Isabel Monroy, cobró primero 66 mil pesos y luego 55 mil pesos más.
Otro investigador en arquitectura, Jesús Victoriano Villar Rubio, cobró primero 66 mil pesos y luego 55 mil más; Luis Pedro Gutiérrez, quien además es director del Museo Regional Potosino, percibió salarios por 66 mil, 55 mil y 43 mil 478 pesos.
Rafael Morales percibió salarios de 66 mil, 55 mil y 43 mil 478 pesos; Antonio Almazán Cadena, investigador en cartografía, recibió ocho honorarios de cinco mil 250 pesos que dio un total de 42 mil pesos; ”.y Moisés Gámez tuvo honorarios totales de 66 mil pesos por ser investigador de “empresarios y mineros”.
La correctora de estilo Graciela Cruz López cobró 121 mil 739 pesos; la contratación de las dibujantes Cinthia Gatelúm Díaz y Juana María Rebolloso Torres costó al erario 34 mil 782 pesos para cada una de ellas. Un tercer dibujante, Iván Corona Jarillo, costó otra suma por 34 mil 782 pesos.
El diseñador gráfico José Manuel Hernández Venegas cobró 130 mil 433 pesos y un cineasta cobró 34 mil 782 por hacer un video en inglés. Martha Orozco percibió sumas totales por 69 mil 564 pesos distribuidos en honorarios de seis mil 956 pesos.
