Crónica de la represión al corte a minera Petaquilla Gold

Reseña de lo que ocurrió con el campamento de Nazareno para cortar los accesos de Minera Panamá (Inmet Mining) y Petaquilla Gold (panameña, de Richard Fifer) a los campamentos. Estuvimos 16 días y nos cayó la policía luego de un proceso de negociaciones que el gobierno traicionó. Se explica por sí solo, y ruego hacer la mayor difusión posible. Gracias.

Por Julio Yao
Presidente del Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá)
Comité pro Cierre de Mina Petaquilla,
Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADEIAGUAS).

El martes 26 de mayo de 2009, la Policía de Penonomé destruyó el campamento que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS) habían erigido en la comunidad de Nazareno, a escasos quince minutos de Coclesito, para cortar el acceso de Petaquilla Gold y Minera Panamá (canadiense) a los proyectos mineros de oro y cobre. La Policía de Penonomé llegó en tres vehículos llenos de unidades antimotines aproximadamente a las 9 a.m. y, sin dar preaviso ni entablar algún contacto civilizado con las comunidades que mantenían cerrado el paso por 16 días — para disuadirlas y retirarse en paz y sin violencia — los antimotines arrojaron bombas lacrimógenas, desmantelaron todo cuanto pudieron, estropearon y arrestaron a 19 campesinos, indígenas y ambientalistas, a quienes arrastraron, empujaron y golpearon para encarcelarlos en Coclesito. A los costados y en las colinas circundantes se hallaban otras unidades de la Policía para evitar que los campesinos e indígenas pudiesen evadir el cerco. La policía monitoreaba el operativo en tierra desde helicópteros de las empresas mineras, al igual que ocurrió en Changuinola, cuando la empresa estadunidense AES contrató a la Policía para reprimir a los indígenas que se oponían al proyecto hidroeléctrico y prestó sus aeronaves para perseguir a los dirigentes por las montañas.

En Nazareno, los antimotines voltearon las pailas y ollas con comida, arrojándolas a la calle, y se llevaron muchos enseres pertenecientes a los moradores que fueron depositados en la Corregiduría de Coclesito; destruyeron los radios transistores de los indígenas; quemaron la madera y se robaron cientos de Balboas que los manifestantes mantenían en sus ropas. Se calcula en B/.700.00 la pérdida en dinero y algunos bienes.

Según testigos presenciales, la Policía destruyó las astas hechas con madera de monte donde ondeaban tanto la bandera nacional de la República de Panamá como las banderas del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y de CONADETIAGUAS, una al lado de la otra; las embolillaron y quemaron junto a otros enseres que fueron envueltos en una de las lonas que se hallaban en el lugar. La bandera del Comité está formada por dos triángulos, verde y rojo, atravesados por una línea blanca.

El jueves 28 de mayo, una delegación indígena del Movimiento Rey Quibién subió a Coclesito para inquirir por cuatro moradores de Nuevo Sinaí que estaban en el campamento y no habían retornado a sus casas. Dos días de camino le toma a los indígenas caminar de Coclesito a Nuevo Sinaí. El señor Demetrio Ábrego y su esposa, y un señor de nombre David y su compañera, huyeron al momento de la represión y no han sido vistos desde entonces por nadie, temiéndose por su paradero y su integridad física.

Las abogadas Celma y Teresa Moncada presentaron inmediatamente el martes los Habeas Corpus en favor de los detenidos en la ciudad de Colón y en la Corte Suprema de Justicia en Panamá, algunos de cuales fueron amarrados. Los detenidos – entre ellos Carmencita Tedman MacIntyre, el representante de Corregimiento Toribio Valdés, y José del Carmen Yángues — fueron puestos en libertad uno a uno entre las 6 p.m. y las 9 p.m. del 26 de mayo. Dos horas después, a las 11 p.m., Julio Yao y Celma Moncada, del Servicio Paz y Justicia y la Fundación Humanitas respectivamente, llegaron a Coclesito y se encontraron con unas 200 moradores que protestaban ante la Policía y la Corregiduría, mientras que otros cientos de moradores venidos de todas partes se mantenían en vigilia en el destruído campamento de Nazareno. Tan pronto se tuvo noticia de la represión, el Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) envió a la licenciada Iraida Graell, a quien, una vez en Coclesito, la Corregidora Saturnina Ortega, le impidió ver a los detenidos.

– 26 de mayo: los moradores esperan al gobernador de Colón, y en su lugar llegó la destrucción del campamento.
El día de la represión, 26 de mayo, los moradores esperaban la visita del gobernador de Colón, Julio Kennion, quien había visitado el campamento el jueves 21 de mayo y prometido traer el martes 26 la respuesta del gobierno a las peticiones de cierre inmediato y definitivo de la mina de Petaquilla. Kennion le informó el lunes 25 a la Dra. Celma Moncada que no llegaría el martes 26 sino el miércoles 27, a las diez de la mañana, y así se le informó al campamento de Nazareno. Para representar a las comunidades y al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, las comunidades le habían asignado a Julio Yao el sábado 23 de mayo la responsabilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobernador Kennion y le presentara, si fuera necesario, una contrapropuesta para levantar el bloqueo. Pero el gobernador Kennion no se presentó, y en su lugar llegaron los antimotines. El gobierno respondió con la violencia a una protesta que se declaró no violenta desde el principio. La represión del 26 de mayo – un claro acto de traición a su palabra — demostró la complicidad del gobierno con las empresas mineras y su absoluto desprecio por la Constitución, por la autoridad Nacional del Ambiente y las leyes ambientales.

— 23 de mayo: los antimotines llegaron a despejar la carretera
Pero antes, el sábado, 23 de mayo, cuando Julio Yao y Celma Moncada se dirigían a Coclesito, recibieron una llamada en la que se les informaba que tres vehículos con antimotines habían pasado por La Pintada rumbo a Nazareno para aplastar el plantón. Inmediatamente se llamó a Coclesito para alertar a las comunidades y, al llegar al mediodía a Nazareno, el jefe de los antimotines, con los tres vehículos a sus espaldas, y las comunidades, nos esperaban gracias a una tregua de una hora que habían solicitado los manifestantes. Con las citadas personas llegaron dos periodistas de La Estrella de Panamá.

La intervención de tres vehículos antimotines el sábado 23 de mayo fue una violación por parte del Gobierno del espacio de diálogo abierto el sábado 16 de mayo. El sábado 23 Yao le explicó al jefe de los antimotines — que llegó con instrucciones de “despejar la carretera” — que estaba abierta y pendiente una solución entre el gobierno y las comunidades desde el sábado 16; que se debía esperar la respuesta oficial el martes 26, y se le entregó al jefe del pelotón, una decisión escrita de las comunidades en respuesta a la acusación de las mineras de que se estaba interrumpiendo la “libertad de tránsito” y el “orden público.” Petaquilla Gold se quejaba de que no estábamos permitiendo el paso a los obreros y allí se decidió suspender la prohibición, conforme al texto siguiente, entregado al jefe del pelotón:

“Siendo las 11:40 a.m. del día 23 de mayo, en asamblea general de todas las personas que estamos ubicadas en la comunidad de Nazareno, protestando en contra del proyecto minero, hemos decidido dejar pasar a todos los trabajadores toda vez que pasen caminando, y solamente hasta el día martes 26 de mayo, cuando nos visite nuevamente el gobernador de Colón, Julio Kennion. Queda claro, entonces, que sólo pasarán las personas caminando y no así vehículo, ni equipo pesado del proyecto minero. Pasarán entonces los vehículos comerciales, de pasajeros, oficiales, vehículos de la mina con enfermos. Y con esto exigimos la suspensión total de las labores en sitio planta”.

El profesor Yao le explicó al jefe de los antimotines que el único “orden público” violado lo violaron las empresas mineras, que habían fracturado y expropiado muchas fincas y construído vados que impedían el libre tránsito de los botes por los ríos, que son las carreteras del campesino y el indígena en Petaquilla; que la empresas habían violado el orden de la vida, al contaminar las aguas sin las que no se puede vivir. Yao le explicó al jefe de los antimotines que la Policía cometería un grave error si intervenía con fuerza para desalojarnos, toda vez que interrumpiría un espacio abierto por el propio gobierno (el alcalde de Donoso y el gobernador) y que metería en problemas al propio presidente Torrijos, que sería responsable de dejarles las aguas envenenadas al nuevo presidente electo Ricardo Martinelli, de quien esperábamos una respuesta. Dicho esto, y entregada la decisión arriba transcrita, los antimotines regresaron a Penonomé, seguidos por quienes habíamos venido de Panamá. Este hecho fue celebrado por las comunidades como un éxito inusitado en la historia de la protesta popular.

–18 de mayo: La Dirección de Investigación Judicial y la Policía intervienen y requisan el campamento en busca de armas.
La intrusión de la Policía el 23 de mayo no fue la única. En vista de que se había iniciado un proceso de consulta entre el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, la alcaldía y la corregiduría de Donoso, las empresas mineras iniciaron una oleada de rumores y acusaciones falsas contra el campamento; por ejemplo, que en el campamento se estaban amasando armas para asaltar a la empresa; que en el campamento se registraban a las personas; que se practicaba un cierre total al paso de vehículos y moradores; que se maltrataba a las personas y que había enfrentamientos entre quienes se oponían y quienes defendían el proyecto minero. Debido a ello, la D.I.J. se presentaron el lunes 18 de mayo a revisar el campamento en busca de armas y verificar las denuncias propaladas por Petaquilla Gold, y el resultado fue negativo.

— 16 de mayo: un representante del Alcalde de Donoso intenta despejar el cierre
Ya el sábado 16 de mayo, el licenciado Portocarrero, representante del Alcalde de Donoso, se había presentado al campamento para conocer las razones del cierre, acompañado por la Corregidora Saturnina Ortega y el Jefe de la Policía de Coclesito. Los moradores explicaron múltiples razones por las cuales rechazaban la presencia minera metálica en la región, indicando que Petaquilla Gold estaba en abierto desacato a las autoridades del Estado, habida cuenta de que la Autoridad Nacional del Ambiente le había impuesto el 13 de noviembre de 2008 a la empresa una multa, una sanción y la orden de suspender actividades, en vista de que no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental y llevaban a cabo una lesión enorme a los ecosistemas no susceptible de mitigación. Además, las mineras jamás han consultado a las comunidades para lograr su aprobación al proyecto, tal como lo mandatan las leyes ambientales. El profesor Yao le explicó al representante del Alcalde que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla apoyaba y exigía una acción enérgica del Estado para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república y que, ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, las comunidades se convertían en el mejor auxiliar de la ley para defender el derecho más importante, que es el derecho a la vida, amenazada directamente por la minería a cielo abierto en Petaquilla.

A lo largo de tres horas, el vocero le explicó al licenciado Portocarrero que la solución del problema no es competencia de la Alcaldía, ni de la gobernación de Colón, sino del presidente Martín Torrijos y del presidente-electo, Ricardo Martinelli, aunque las comunidades estarían dispuestas a explicar su posición al ministro designado de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez. El licenciado Portocarrero se comprometió a llevar el mensaje a instancias superiores y a traer alguna respuesta del Estado en la semana del 18 al 22 de mayo, mientras que se gestionaba una cita con el presidente Martinelli. Julio Yao explicó que se había abierto un proceso de negociación, y que ni el gobierno ni el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, debían hacer nada que entorpeciera este proceso.

Pero al día siguiente, domingo 17, la familia Bernal, residente en San José del General, colocó una barricada a primeras horas de la mañana para impedir el paso de vehículos de la empresa, a 15 minutos del cierre principal. Al poco tiempo se apersonó el exmayor Felipe “Pipe” Camargo acompañado de 20 hombres armados con varillas de hierro de tres pies de largo por tres cuartos de pulgada de ancho, para eliminarla, amenazando de muerte a los cuatro miembros de la familia, de los cuales dos son mujeres. El señor José de la Luz Bernal denunció ante la Dirección de Investigación Judicial el 19 de mayo, que la barricada era para recordarle a Petaquilla Gold que no le ha pagado un solo centavo por las 2.4 hectáreas de terreno de su finca titulada, que les fue cercenada de su propiedad titulada en el año 2006 para construir la carretera, propiedad que se ofreció a dos Balboas el metro cuadrado. El abogado Gabriel Carrizo y Alvaro Tejeira, según Bernal, le contestaron que el gobierno le daría dos Balboas por las 2.4 hectáreas (24 mil metros cuadrados), para que Bernal los compartiera con su hermano. Para confundir y lograr que los campesinos abandonen la lucha, Camargo afirmó que los campesinos “están perdiendo el tiempo serenándose por gusto, pues a Julio Yao y Celma Moncada la empresa les está pagando”.

Próximas actividades del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla
Una vez liberados los detenidos el 26 de mayo, se llevó a cabo una asamblea de 11 p.m. a 4 a.m. del 27 de mayo, en la que se decidió realizar una caminata el viernes 5 de junio, Día del Medio Ambiente, desde el sitio del campamento destruído en Nazareno hasta Coclesito, donde se llevará a cabo un mítin y una vigilia. El domingo 7 de junio las poblaciones afectadas por la minería a cielo abierto se darán cita en Coclesito para realizar un Cabildo Abierto de Comunidades Campesinas e Indígenas y decidir el Plan de Acción a seguir.

El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, que aglutina la representación de más de 55 comunidades de la región, y las suscritas organizaciones asociadas, que integran a miles de comunidades campesinas e indígenas de Colón, Coclé y Panamá, acusan al gobierno del presidente Martín Torrijos de contubernio y complicidad con las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá y de ser incapaces de anular el contrato leonino e inconsulto de 1997 que le regala a comerciantes panameños y extranjeros aquellos recursos y riquezas naturales que, según el Derecho Internacional, deben quedar al amparo de la soberanía nacional para el beneficio del pueblo panameño.

¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE, CARAJO!
COMITÉ PRO CIERRE DE MINA PETAQUILLA

Organizaciones asociadas:
Julio Yao, Carmencita Tedman MacIntyre: Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS).
María Muñoz, Coordinadora Campesina por la Vida.
Fredesbindo Sáez, Coordinadora de Pobladores Colonenses por el Derecho a la Vida, la Tierra y la Dignidad.
Rubén Bernal, Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada.
Carmencita Tedman MacIntyre, Cecilia MacIntyre, Elvia Lefevre, Asociación pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas.
Celma Moncada, Fundación Humanitas.
Anabel Herrera, Liga para la Defensa Ambiental y Animal.
José Arroyo, Comité de Defensa de Colón.
Julio Yao, Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).
Firma responsable y para mayor información: Julio Yao 6634-6123; María Muñoz, 6623-3575.