Cajamarca, Perú – 02/03/09. Carcel o muerte, es el precio del agua que tienen que pagar los campesinos en Cajamarca que se atreven a defender sus fuentes de agua y luchar contra los saqueadores de los recursos naturales, coludidos con el gobierno de turno que dictatorialmente emitió normas que criminalizan la protesta social.
Por Andrés A. Caballero H.

Para unos, el precio del oro se mide por su alta cotización, que ha ido subiendo paulatinamente desde el 2005. En enero de 1980 obtuvo un precio de US$850 la onza por un alto nivel de la inflación mundial y elevados precios del petróleo, además de otros aspectos. En 1999 se redujo a un mínimo de $251 como consecuencia de la disminución de la demanda aurífera por parte de los bancos centrales y la venta del metal por las compañías mineras que querían protegerse de la caída de los precios. A finales del 2005, el oro alcanzó el valor de $500 por primera vez desde diciembre de 1987, y el año siguiente superó los $700 frente a la debilidad del dólar y un aumento en el precio del petróleo.

Esta tendencia continuó en el 2007, y en ese año llegó a un nivel récord por encima de los $1,000 la onza, como consecuencia de la crisis de créditos hipotecarios en EEUU, la devaluación del dólar en todo el mundo, el incremento de los precios internacionales de los alimentos y combustibles, todo lo cual originó que los inversionistas se refugiasen en el oro.

El precio del oro podría bordear los $1,500 a partir de setiembre de este año debido a la presión de factores especulativos, sostuvo el director de Mercados de Oro y Metales Preciosos de Scotia Capital (Canadá), Trevor Turnbull.

Para otros, el precio del oro es el costo de vidas a cambio del preciado metal, y nos hace recordar el largometraje documental “Choropampa, el precio del oro”, basado en la historia de un pequeño poblado de los Andes peruanos guiado por su joven alcalde, Lot Saavedra, en la lucha por atención médica y justicia luego de ser intoxicado con mercurio por la Minera Yanacocha, empresa de propiedad de Newmont Mining Corporation de EEUU, la compañía de oro más grande del mundo, Minas Buenaventura, la más grande minera peruana, y con un 5% de acciones del Banco Mundial. Al final, Saavedra terminó siendo sentenciado por reclamar su derecho a la salud y la vida.

El precio del agua

Ahora veamos el precio del agua en Cajamarca, no por su costo, que es el más alto del Perú, sino por el precio que tienen que pagar sus dirigentes por defender su calidad y cantidad, protección de manantiales, lagunas, ríos y canales de riego.

Caso Pulán

El 17 de noviembre del 2004, Juan Montenegro Lingán murió durante un enfrentamiento con la Policía y miembros de seguridad de la Minera La Zanja en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, por defender las fuentes de agua que se encuentran dentro del proyecto minero y que abastecen al valle Chancay Baños y la población de Santa Cruz.

Según se conoció, un miembro de seguridad de la empresa minera (Venicio Mendoza Paredes, quien además tendría antecedentes penales por crimen) fue quien realizó el disparo por la espalda que terminó con la vida de Montenegro Lingán, primer mártir de la lucha ambiental en Cajamarca.

Caso Combayo

Isidro Llanos Chavarría es el campesino de Combayo que murió en los enfrentamientos con la Minera Yanacocha el 2 de agosto del 2006, en Cajamarca. Hasta la fecha no se sanciona a los policías o agentes de seguridad de la empresa que acabaron con su vida.

Ese día se desató el conflicto entre la Minera Yanacocha y los pobladores de la localidad de Combayo; los campesinos defendían los ríos, canales de riego y las lagunas Patos y Corazón que serían afectados por la actividad minera.

Entretanto, los campesinos denunciados creyeron en las mentiras de Yanacocha, levantaron una medida de lucha que paralizó a la minera por más de 10 días a cambio de que ésta levantase las denuncias contra los dirigentes, pero han pasado dos años y medio y ahora están ad portas de la cárcel.

Samuel Sánchez Ñontol y Abelino Cercado Flores son acusados por el delito de secuestro de integrantes de la empresa de seguridad Forza, ocurrido el 2 de agosto del 2006, delito por cual ambos acusados pueden ser condenados a 30 años de cárcel.

Además, Germán Sangay Llanos, Ántero Fulón Huamán e Hipólito Ñontol, residentes de la zona, afrontan el cargo de alteración del orden público y bloqueo de carreteras, delitos por los cuales pueden ser condenados a 7 años de pena privativa de la libertad.

Caso San Cirilo

El 1 de noviembre del 2006 murió Esmundo Becerra Cotrina, veterinario, acopiador de leche, ganadero y uno de los líderes de las protestas en San Cirilo contra la Minera Yanacocha.

Becerra Cotrina fue asesinado de 17 balazos en Yanacanchilla Alta, supuestamente por los hermanos Rodríguez Chuquimango, que estarían acaparando terrenos en esa zona para venderlos a la mina.

Caso Porcón

El 11 de setiembre del 2007, a la altura del kilómetro 13 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, en Porcón Bajo, los usuarios del canal Quilish-Chilincaga se reunieron para reclamar a la Minera Yanacocha por haberlos dejado sin agua. Este hecho se produjo dado que la minera habría construido un pozo tubular a la altura del kilómetro 24 con el objeto de extraer agua para el personal que labora en sus oficinas, lo cual habría producido la sequía de los manantiales que se encuentran muy cercanos de donde se perforó el pozo tubular. Con ello la minera desabasteció del vital elemento a los moradores del centro poblado menor de Porcón Bajo, por lo que los campesinos salieron a protestar ante la desesperación de no ser escuchados ni por la empresa ni por las autoridades.

Lejos de darles solución a su problema, Yanacocha mandó un contingente policial de la Dirección de Operaciones Especiales, DINOES-Lima, que se encuentra acantonado en sus instalaciones, el cual procedió a golpear brutalmente a los campesinos y agredirlos con gases lacrimógenos. Aun cuando los campesinos fueron los más afectados en este ataque, terminaron siendo denunciados por delitos de disturbios, bloqueo de carretera y violencia contra la autoridad. Doce dirigentes están a punto de ser sentenciados por defender su agua: el ex alcalde Juan Calua Castrejón, José Santos Ayay Huatay, María Isidoro Ramos Chilón, Orfelinda Ramos Chilón, María Catalina Chuquimango, Augusto Donato Ruitón, José Rosario Ishpilco Ayay, Paulino Zambrano Infante, Agustín Zambrano de la Cruz, José Palermo Zambrano García, Florinda Chilón y María Concepción Terán Ishpilco, entre otros.

Caso Michiquillay

El 17 de octubre del 2007 la policía detuvo y encarceló al líder ambiental y presidente del Comité Especial de Defensa de la Comunidad Indígena Michiquillay, Mercedes Saucedo Ríos, liberado 40 días después, a quien se acusaba por disturbios y narcotráfico, cuando lo real es que siempre se opuso a la contaminación y la destrucción de sus fuentes de agua y principales afluentes del valle de La Encañada, que aporta más de 3% de leche a las empresas de lácteos.

Caso Yanacanchilla

El 13 de marzo del 2008 fue detenido Genaro López Celis, líder campesino que también participó en varias protestas contra los abusos de Minera Yanacocha, a quien se acusa de coacción y disturbios en agravio del Estado. Lo curioso es que López Celis no estuvo en el lugar donde aconteció la masiva protesta (diciembre del 2005), sino a una hora del lugar. El 23 de abril del mismo año otra vez fue detenido e internado en el penal de máxima seguridad Huacariz, donde permaneció encarcelado 8 días, para ser posteriormente liberado.

Este es el precio del agua que tienen que pagar los campesinos en Cajamarca que se atreven a defender sus fuentes de agua y luchar contra los saqueadores de los recursos naturales, coludidos con el gobierno de turno que dictatorialmente emitió normas que criminalizan la protesta social.

Andrés A. Caballero H. – Cajamarca, Peru. http://www.noticiasaliadas.org