El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes. Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015.
Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4
Resumen Ejecutivo
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:
incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
- 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
- 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
- 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
- una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.
Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:
- las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
- las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle
¿En qué radica la importancia de este estudio?
Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:
- compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
- menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
- brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.
Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.
El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.
- Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
- En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.
Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema
El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.
No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.
No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones
La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:
- La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
- El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
- La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.
- Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.
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