En el Día Internacional contra la Megaminería el referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas analiza la situación actual y denuncia las consecuencias de la actividad en el país.
Por Enrique Viale* publicado en La Izquierda Diario
En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Esta se expande hoy en Argentina en una decena de provincias, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones.
Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.
El emprendimiento minero Veladero, en San Juan, está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune.
El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.
Después de casi 20 años de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).
Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad.
En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.
Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
Por su parte, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. Esto es algo que no puede ser negado o minimizado ni siquiera por el lobby minero, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento.
El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.
En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Con este contexto, resulta preocupante la obsesión del nuevo Gobierno Nacional en llevar la gran minería a las provincias en que la cual está expresamente prohibida por ley. En efecto, entre los años 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Van por las zonas donde hay resistencia social intentando “convencer” a las poblaciones. Los primeros objetivos parecen ser la meseta de la provincia de Chubut, Mendoza y La Rioja. Ese el rol asignado al ministro Sergio Bergman, que al principio parecía confuso, casi risueño al admitir su total desconocimiento de la materia ambiental.
Por otra parte, si el kirchnerismo tenía una relación connivencial con el lobby de la minería transnacional esta administración directamente los metió dentro del gobierno: Daniel Meilán fue designado como Secretario de Minería de la Nación. Su principal antecedente es como funcionario del área durante el gobierno menemista, que marcó el inicio del modelo megaminero vigente. Asimismo, nombró como Subsecretario de Minería de la Nación a Mario Capello, un reconocido lobbista de las transnacionales mineras y que actuó directamente contra la Ley de Protección de Glaciares.
En conclusión, resulta vital prestar especial atención a las largas luchas ciudadanas que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y son las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, en definitiva, marcando caminos alternativos.
*El autor es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, coautor del libro Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, e impulsor de la Ley de Glaciares.
