Guatemala – 298/08/08. Informes provenientes de Alta Verapaz, en la región donde se localizan licencias mineras de la firma Mayaníquel, aseguran que miles de q´eqchíes han pedido el cierre de operaciones de la empresa. Este es el último de varios acontecimientos ocurridos en el sector minero, que han agudizado las tensiones entre pobladores y las compañías extractivas. Otro caso son las diversas denuncias provenientes de comunitarios del municipio de San Juan Sacatepéquez, que se encuentran enfrentados por el proyecto de Cementos Progreso para instalar una planta de cemento. Contradictoriamente, la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) hace dos semanas con el propósito de facilitar el desarrollo del municipio,ha agudizado la problemática al no estar representadas plenamente las comunidades que se oponen al proyecto cementero.
Por Luis Solano para Inforpress
• Comunitarios q´eqchíes exigen retiro de Mayaníquel, según reportan desde Cahabón
TENSIONES IN CRESCENDO . A principios de esta semana, escuetamente circuló la especie de que cientos de indígenas q´eqchíes provenientes de comunidades de los municipios de Cahabón, Senahú y Panzós del departamento de Alta Verapaz, tomaron instalaciones de la minera Mayaníquel, subsidiaria de la australiana BHP Billiton. Los comunitarios habrían dado hasta este fin de semana un ultimátum para que la empresa cierre operaciones y se retire del área.
Mayaníquel es una empresa que opera en una zona considerada de gran importancia para la producción de níquel, y es subsidiaria de una de las mineras más grandes del mundo, cuyo proyecto insignia se encuentra Cerro Matoso, Colombia.
Sus licencias en Guatemala abarcan los departamentos de Alta y Baja Verapaz e Izabal. La empresa minera corre también con señalamientos de operar ilegalmente varias de sus licencias en esa zona de Alta Verapaz y de contaminar el río más importante de la región, el Cahabón ( elPeriódico , 23/6/08).
Este es el último caso de varios ocurridos con anterioridad, donde se han visto involucrados pobladores que se oponen a proyectos mineros e hidroeléctricos, lo cual refleja las tensiones que siguen agudizándose. Hace poco más de un mes, un grupo de 25 coreanos miembros de una iglesia cristiana, fueron retenidos por varias horas en Río Sauce Sexán, El Estor, Izabal, quienes inicialmente se dijo fueron confundidos con empleados mineros y luego señalados de trabajar para un proyecto hidroeléctrico.
Fueron liberados horas después tras reconocerse la confusión ( Prensa Libre , 20/7/08). En ese lugar se cruzan licencias mineras de la Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN ), de la minera canadiense Nichromet y de Mayaníquel.
Las tensiones también han llegado hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ), cuyo jefe de la cartera, Luis Ferraté , denunció esta semana estar recibiendo amenazas de muerte. Aunque no precisó nombres, dichas amenazas ya se habían dado a conocer con anterioridad ( Inforpress 1762 ). Por ahora, todo indica que éstas se han agudizado.
Según la agencia Cerigua (28/8/08) existe preocupación entre diplomáticos y grupos ambientalistas, debido a que las amenazas se han extendido a familiares de Ferraté y a funcionarios del MARN . De acuerdo con la agencia de prensa, semanas antes el consultor Jorge Cabrera había dicho en el marco del II Encuentro Internacional del Cambio Climático, realizado en el país en julio, que Ferraté estaba siendo blanco de amenazas.
Cabrera manifestó que intereses económicos podrían hacer que Ferraté perdiera su puesto por su política de largo plazo para mitigar los efectos nocivos del cambio climático y que ésta interfería con prominentes industrias, de actividades altamente contaminantes.
• En San Juan Sacatepéquez siguen las tensiones pese a constitución de COMUDE
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, SIGUE SIENDO FOCO DE ATENCIÓN . Hace poco más de un mes, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waq´ib Kej denunció el secuestro de Faustino Camey Iquité , dirigente de la aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez, ocurrido el 16 de julio, y quien es un opositor al proyecto cementero que se pretende instalar en el municipio. Asimismo, la organización reportó las intimidaciones de grupos de hombres armados encapuchados y uniformados de policías y soldados. Camey Iquité fue liberado pocos días después, bajo amenazas de muerte.
Ese secuestro ocurrió poco tiempo después que el gobierno dio por terminado el Estado de Prevención decretado el 22 de junio, que limitó las garantías constitucionales en San Juan Sacatepéquez. La decisión, tomada a raíz de la oposición de 12 comunidades al proyecto de construir una planta productora de Cementos Progreso, fue un compás de espera para generar cierta estabilidad política para darle continuidad al Plan Estratégico de Gobernabilidad para San Juan Sacatepéquez, a cargo del delegado presidencial Luis Velásquez , y quien ha estado mediando en el conflicto cementero como representante del gobierno.
Ese plan estratégico, incluía la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo ( COCODES ), que en total suman 70, y el Consejo Municipal de Desarrollo ( COMUDE ), los cuales quedaron constituidos el 17 de agosto. El COMUDE tendrá a su cargo la promoción del Plan Estratégico Integral para el Desarrollo y Gobernabilidad del municipio.
Este proceso fue apoyado por Cementos Progreso, empresa que ha dado su total respaldo al COMUDE . Sin embargo, las comunidades opositoras al proyecto cementero aducen que no están representadas en los COCODES ni en el COMUDE , por lo que no los ven como representativos de la población.
Eduardo de León , directivo de la Fundación Rigoberta Menchú, « consideró que esas comunidades en conflicto no están debidamente representadas en el COMUDE, y por eso no se puede apostar a que el consejo sea un elemento importante para la solución de los conflictos sociales en ese municipio. » ( Prensa Libre , 18/8/08).
La constitución del COMUDE pareciera tener la intención de legitimar las inversiones de la empresa cementera y de otras grandes empresas, ya que en palabras del delegado presidencial Luis Velásquez , la estrategia de desarrollo y gobernabilidad incluye la creación de una zona franca en ese municipio, como parte del tema de la inversión privada en el área que sería canalizada a través del gobierno municipal y bajo la tutela del gobierno central. Este tema de la inversión es uno de los más importantes que el COMUDE abordará, a la par del de seguridad.
Cabe recordar que Velásquez es un consultor empresarial, que se ha dedicado a promover la inversión y la competitividad, y que también promovió con anterioridad el proyecto cementero de San Juan Sacatepéquez, desde su programa de televisión Inversión y Desarrollo ( Inforpress 1756 y 1758 ).
Y aunque el COMUDE se constituyó en parte bajo la premisa de que coadyuvaría a recuperar la paz en el municipio, pareciera estar ocurriendo lo contrario. Esta semana, en conferencia de prensa celebrada por los COCODES de las comunidades San Antonio Las Trojes y Asunción Chivoc, así como por el Movimiento Comunitario Indígena por la Paz Francisco Tepeu, de San Juan Sacatepéquez, éstos dieron a conocer que han recibido amenazas de población descontenta con esos órganos de poder local.
Los opositores a esos COCODES y a ese Movimiento, aseguran que son una farsa. Afirman que dicho movimiento recibe el apoyo de la compañía cementera. No obstante, los COCODES y ese movimiento, pidieron en la conferencia de prensa apoyo a las autoridades municipales y del Ejecutivo para que «haya paz y desarrollo económico en ese municipio».
El movimiento Francisco Tepeu , lleva el nombre del líder comunitario fallecido el 22 de junio, hecho que precipitó la decisión del gobierno por decretar el Estado de Prevención. A ese movimiento se le sindica de estar integrado por miembros paramilitares que integran el llamado «El Escuadrón».
La semana pasada, también se denunció que a pesar de que el Estado de Prevención que prohibía reuniones ya no está vigente, las comunidades que se oponen no pueden realizar actividades. Ese es el caso ocurrido el 19 de agosto, cuando la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina ( CONIC ), « organizó una reunión en la aldea San Antonio Las Trojes, para promover un proyecto productivo campesino. Las personas se reunieron para conocer la propuesta, posteriormente debían llenar unos formularios. Esta actividad no fue posible, porque la policía dispersó a los participantes, amenazándolos con llevarlos presos. », indicó Leonor Hurtado , en un artículo publicado en la revista electrónica Albedrío ( Albedrío.org , 22/8/08).
• En San Marcos, también hay tensiones por órdenes de captura
El caso de San Juan Sacatepéquez no difiere en mucho de lo que ocurre en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde la minera Montana Exploradora sigue el caso judicial contra ocho campesinas y un campesino contra quienes se han extendido órdenes de captura, demandados por bloquear el paso de energía eléctrica por sus tierras.
Hasta ahora, todas las apelaciones para evitar que estas personas vayan a la cárcel han sido infructuosas, por lo que la otra semana se espera que como último recurso se apelará ante la Corte de Constitucionalidad.
