Con el agotamiento de Minera Alumbrera, proyectado para 2019, el interrogante parece ineludible: ¿Quién se hace responsable en caso de que algo suceda a partir de entonces? Las empresas extraen y luego se van. El cierre de una mina tiene un ciclo incierto de tiempo y la experiencia mundial muestra que las comunidades cercanas y el estado al cual todos tributamos, son los que padecen y deben hacerce cargo de lo que la explotación minera dejó. Los empresarios limitan sus responsabilidades a informes técnicos sobre las “tareas de cierre” y aportes a fondos estatales para cubrir contingencias y que el estado se haga cargo.
Fuente: Cronista
La minería, como toda extractiva, es una actividad conflictiva en términos sociales y ambientales. La Argentina ha visto expresión de ello en más de una ocasión. De todos modos, uno de los ejes de contención no está asociado a las operaciones en sí, sino a lo que sucede una vez que estas terminan, es decir, cuando el recurso es agotado y la empresa a cargo de su explotación abandona el lugar. A partir de entonces, ¿en quién recae la responsabilidad si algo sucede?
Si bien, en la Argentina, esta es una pregunta que aún no necesitó ser contestada (ninguna mina cerró hasta ahora), esta sí se encuentra en el futuro cercano, dado que el proyecto catamarqueño Minera Alumbrera, única mina de cobre en el país, está en etapa de agotamiento y estima finalizar en 2019 fecha que, según Glencore, compañía al frente del proyecto, “está sujeta a la probabilidad de nuevas inversiones o a la extensión de la exploración actual”.
Planeando para el después
De acuerdo a Diego Moreno, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, la preocupación respecto del después no es infundada. “En principio, el tema del cierre de minas es uno de los puntos más críticos de esta actividad, ya que son situaciones que permanecen mucho más allá de la gestión de la empresa en el lugar”, explica.
Y añade: “Cuando hablamos del largo plazo, hay una situación bastante crítica. El que termina haciéndose cargo, como garante de la seguridad ambiental, es el Estado. Y ahí es dónde hay un punto que no está del todo resuelto, que tiene que ver con cómo aseguramos que el Estado cuente con los recursos para hacer frente a lo que pueda ocurrir cuando el proyecto minero se hubiera completado”.
Entonces, ¿quién es responsable? “Eso se desprende, en cada caso, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que todos los emprendimientos mineros están obligados a presentar ante las autoridades antes de iniciar las operaciones”, responde el ingeniero Mario Capello, secretario General del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM). “Se establece un fondo destinado a controlar y monitorear la zona intervenida en el tiempo posterior al cierre, que es gestionado por la autoridad ambiental de cada emprendimiento, para evitar cualquier impacto negativo posterior. Pero la modalidad depende de la DIA de cada proyecto, por lo que no puede generalizarse. Además, la modalidad adoptada estará vinculada, también, al método de tratamiento que se haya empleado en cada caso”, detalla.
En términos similares se expresa Leonardo Viglione, socio a cargo de Minería de PwC Argentina, quien señala que, al tratarse de proyectos de muchos años de duración, el plan de cierre “debe revisarse anualmente para asegurar su correcta actualización, sobre todo, teniendo en cuenta los avances tecnológicos”.
Respecto a los mecanismos utilizados para preservar las condiciones ambientales en este proceso, el especialista apunta que, a la hora de activar la fase de cierre, estas “se respetan tal como se hacía durante el proceso de extracción de minerales”. Asimismo completa, “cabe destacar que, a lo largo de los años productivos de la mina, se destina parte de los ingresos a un fondo de reservas económicas que se utilizarán una vez que la compañía entre en la etapa de agotamiento y deba ejecutarse su plan de cierre”.
La primera argentina
Los pasos hasta aquí enumerados son fases del proyecto que Minera Alumbrera, según explican desde Glencore, ha seguido en pos de preservar las condiciones ambientales luego de que finalicen sus operaciones en Catamarca.
“Comenzamos a trabajar en la planificación integral del cierre desde el inicio, ya que forma parte central de nuestra gestión”, afirman. “Contamos con investigaciones directamente relacionadas al cierre y monitoreos sistemáticos, que son auditados por la Secretaría de Minería de la provincia”.
Entre las acciones que abarca este plan, se encuentran programas de capacitación (incluyendo dos carreras terciarias) destinados no solo a empleados de la compañía, sino también a comunidades vecinas y proveedores. “Buscamos mejorar la empleabilidad de los trabajadores una vez finalizada la vida útil del proyecto”, dicen al respecto.
Por otra parte apuntan, una de las metas principales de este proceso, en términos ambientales, “es reducir o eliminar los impactos generados por la actividad industrial”, por lo que se limpiarán las instalaciones industriales y se rehabilitarán las remanentes. Así, buscan asegurar “una condición de sitio seguro, sin riesgos para la salud de las personas y el ambiente”.
