El agua es el derecho a la vida y la vida es el derecho sobre el cual se asientan todos los demás derechos, y la minería es una de las actividades que más afectan el ejercicio de este derecho. Lo hace de dos formas: alterando el consumo y devastando y contaminando los manantiales. El colectivo de grupos que trabajan el tema minero en el Perú, provenientes de varios países latinoamericanos, coincidieron en que cuando se instala un emporio minero una de las primeras cosas que comienzan a peligrar es el agua.
Agua, fuente de vida y de conflictos. Por Ramiro Escobar.
Uno de los mayores impactos de la minería tiene que ver con el agua.
“El agua es el derecho a la vida y la vida es el derecho sobre el cual se asientan todos los demás derechos”, dijo Roberto Malvezzi, de la Pastoral de la Tierra de Brasil, durante la Conferencia Internacional sobre Minería y Desarrollo Sostenible realizada en Lima, Perú, el 9 al 11 de noviembre.
A pesar de ello, agregó, todavía hay una resistencia a concebir el agua como un derecho humano y la minería es una de las actividades que más afectan el ejercicio de este derecho. Lo hace, de acuerdo con Malvezzi, de dos formas: alterando el consumo y devastando y contaminando los manantiales.
Agua en peligro
A lo largo de la conferencia —organizada por la red Muqui, colectivo de grupos que trabajan el tema minero en el Perú — la mayoría de asistentes, provenientes de varios países latinoamericanos, coincidieron en que cuando se instala un emporio minero, una de las primeras cosas que comienzan a peligrar es el agua: la que corre por los ríos, la que reposa en los lagos, la que está debajo de la tierra.
El caso del lago Izabal, en el noreste de Guatemala, es un ejemplo a tener en cuenta. La empresa minera Montana Exploradora se ha instalado en sus riberas con el objeto de extraer oro, poniendo en riesgo no sólo el agua de consumo humano sino, además, la flora y fauna —sobre todo acuática— de la zona.
Eloyda Mejía, líder ambientalista guatemalteca, explicó que si se diera prioridad a los proyectos turísticos sustentables —que ya existen en pequeña escala— la economía de los pobladores mejoraría.
“Hay lugares bellos, como éste [el lago Izabal], donde la minería no es una alternativa”, afirmó Mejía.
Batallas por agua
En todo el continente, los conflictos mineros frecuentemente han tenido como epicentro una fuente de agua. La defensa del acuífero del cerro Quilish por parte de la población local, ubicado cerca de la ciudad de Cajamarca (en la sierra norte peruana) fue otro caso emblemático, que devino en noviembre del 2004 en la revocatoria del permiso otorgado por el gobierno a la minera Yanacocha —propiedad de la corporación estadunidense Newmont Mining, la empresa aurífera más grande del mundo, y su socia local Compañía de Minas Buenaventura— para explorar dicho cerro.
De acuerdo a Robert Morán, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, EEUU, dos de los más importantes impactos que causa la minería tienen que ver con el agua.
Uno es la creciente competencia por este recurso —drama que actualmente se suscita en Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua, entre otros países—, y el otro es que, una vez iniciada la actividad minera, existe una “probable contaminación del agua a largo plazo”. Y purificarla costará cada vez más.
Vertiginoso crecimiento minero
Desde inicios de la década del 80 la inversión minera se ha incrementado vertiginosamente en América Latina —concentrando actualmente el 22% de la inversión minera mundial— y con ello los conflictos por el agua. Los múltiples impactos de esta actividad en el recurso explican el esperable estallido.
Según Carlos Patiño, de Cáritas Honduras, la minería puede contaminar el agua con partículas sólidas, aceites, grasas y ácidos. También con metales pesados e incluso con los desechos orgánicos producidos por las residencias y oficinas que instala una empresa.
Por añadidura, el proceso de lixiviación —que implica el uso de cianuro para la extracción de oro— ha sido el origen de numerosas turbulencias sociales. A pesar de que las empresas argumentan que son sumamente responsables y que toman todas las precauciones, los casos de contaminación y de accidentes no han faltado.
En el 2003, la empresa minera nicaragüense Hemconic —subsidiaria de la transnacional canadiense Greenstone— derramó más de 30,000 galones de agua contaminada con cianuro en el río Tunky, en la costa atlántica, causando la muerte de miles de peces y de diversa fauna acuática.
En Honduras se detectó niveles de arsénico excesivos en el agua de pozos del valle de Siria, a raíz de las operaciones de una mina de oro.
Tribunal del Agua
Frente a casos como estos, han surgido iniciativas como el Tribunal Latinoamericano del Agua, instancia de carácter ético, pero que sirve para acoger denuncias, concientizar a la sociedad y buscar soluciones al problema de los recursos hídricos.
En el 2004 el tribunal acogió al menos 19 denuncias provenientes de Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Panamá y Perú.
Todo evidencia que el agua se ha convertido en un bien escaso y conflictivo en la región, donde la actividad minera es una de las fuentes de la discordia. Como explicó José de Echave, de CooperAcción, organización no gubernamental que hace seguimiento del tema minero en el Perú, “la minería entra a una disputa por el control de los recursos naturales que son escasos e indispensables para el desarrollo”.