El discurso del juez de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fue cuestionado por el reconocido fiscal General Federal de Tucumán, Gustavo Gómez que enumeró fallos que contradicen el discurso. Entre ellos, el veto al embargo contra la multinacional Chevron que la habilitó a realizar fracking en Neuquén y Río Negro, con Vaca Muerta.
Fuente: Bariloche 2000
El duro discurso que dio el jueves el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ricardo Lorenzetti, durante la presentación de la Oficina de Justicia Ambiental del máximo tribunal tuvo amplia repercusión en todo el país.
En el marco de esa presentación, Lorenzetti pronunció frases que sonaron fuerte: “Hay algo que vemos en todo el planeta: la gobernabilidad está en manos de gobernantes culturalmente casi primitivos” sostuvo para advertir que, a la hora de gobernar, los políticos “se ocupan de las próximas elecciones y no de las próximas generaciones”.
“Es falso prometer un futuro a los jóvenes si no nos ocupamos de la cuestión ambiental”, aseguró entre otras cosas, ante un auditorio de jueces, científicos, artistas y niños que vivieron en el Riachuelo de Buenos Aires.
Los ecos del discurso parecen alentar la esperanza de cientos de organizaciones ciudadanas y comunidades que a lo largo de todo el país se enfrentan a problemas ambientales desde hace años, pero una voz disonante se encargó de apagar el reproductor desde el noroeste argentino.
“La gente necesita un discurso coherente. Y no hay coherencia entre lo que dice el Dr. Lorenzetti y los fallos de la Corte Suprema de Justicia que él mismo firma”, disparó el Fiscal General Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez.
El fiscal que tiene una extensa trayectoria en defensa del medio ambiente con más de 100 causas abiertas por delitos ambientales, se hizo conocido por lograr el procesamiento del presidente de la minera Bajo Alumbrera de Catamarca.
Este sábado habló con B2000 y detalló las incoherencias que observa entre las palabras y los hechos del juez. Recordó que a mediados de 2013 el máximo tribunal levantó el embargo por contaminación ambiental contra la multinacional Chevron. En el mes de junio, Lorenzetti y sus pares, hicieron lugar a una queja presentada por esa empresa -y otras compañías- y revocaron un fallo de la Justicia Civil argentina que había ordenado el cumplimiento del embargo dispuesto en Ecuador, país en el que la petrolera contaminó 500 mil hectáreas de la amazonía y afectó gravemente a 30.000 personas con el derrame de 103 millones de crudo de petróleo, la contaminación de ríos y lagos.
Chevron debía pagar 19.000 millones de dólares pero rechazó la condena. Si bien sus activos fueron embargados en Argentina, el gobierno de la Nación reclamó el levantamiento de la medida y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la petrolera.
“A mí me interesan los hechos y por eso leo la decisión de defender el ambiente no en el discurso sino en los hechos. Y en la mayoría de sus sentencias no se ha manifestado en este sentido”, afirmó Gómez para añadir que “no advierto que las sentencias y las decisiones sean en beneficio de la protección ambiental y han perdido oportunidades increíbles”.
“Pareciera que no hay mucha coherencia entre lo que dice y lo que hace el juez Lorenzetti, cuando él mismo firmó el fallo en el que la corte se declara incompetente ante el planteo de los aborígenes salteños que impedir los desmontes para las plantaciones de soja. La CSJ se declaró incompetente, levantó la medida cautelar y remitió el tema a Salta donde quedó en la nada”, cuestionó.
Recordó además que hace poco tiempo la corte rechazó “in limine” la presentación de la Asociación de Abogados Ambientales que pedía discutir los efectos de la utilización de Glifosato en las plantaciones de soja. En cuanto a minería, rechazó un planteo de aborígenes de Tilcara por la instalación de una mina de Uranio en Jujuy “y así podría seguir enumerando fallos en los que ha tenido la posibilidad de demostrar su discurso y no lo ha hecho”.
“Yo podría firmar el discurso de Lorenzetti. Pero es necesario demostrar que el ambiente no se defiende con palabras sino con hechos concretos y de eso está muy lejos”, sentenció.
La Oficina de Justicia Ambiental
Según informa la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, la oficina que estará a cargo del propio Lorenzetti, tiene como objetivo “la difusión, diseño y coordinación de políticas y planes de capacitación e intercambio orientados al fortalecimiento de los conceptos ambientales estructurales tanto en el ámbito nacional como internacional” con la intención de “instalar el tema ambiental en la agenda pública”.
Entre sus misiones y funciones tendrá “mejorar de modo continuo la gestión de los recursos, fomentando proyectos y prácticas acordes con la protección del ambiente” y deberá “implementar y realizar el seguimiento de acciones derivadas de la Norma Ambiental y de las acciones previstas en la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad”.
La dependencia también se ocupará de “coordinar y gestionar programas de capacitación con los restantes poderes del Estado y con los organismos internacionales vinculados con la justicia ambiental” pero no recibirá denuncias, no investigará casos puntuales ni tendrá poder resolutivo.
Al respecto, el fiscal Gómez señaló que “es extraño que no tenga la capacidad de recibir denuncias”. “Cuál es el servicio que va a prestar si no recibe denuncias, si no dicta fallos ni resoluciones”, preguntó.
Para interiorizarse en las investigaciones del equipo de trabajo de Gomez: fiscaliagraltucuman.gov.ar o fiscalgomez.com.ar
