De acuerdo con un informe publicado por la ONG Global Witness, los conflictos relacionados con el medio ambiente y los derechos de la tierra son cada vez más violentos. Entre 2002 y 2013, 908 milicianos murieron en 35 países diferentes. Las comunidades indígenas de América Latina se ven particularmente afectados. No es bueno para defender el medio ambiente. De acuerdo con un informe publicado el 15 de abril la ONG Global Witness, con sede en Londres, a diez años el número de personas asesinadas por defender sus derechos territoriales y ambientales casi se ha triplicado, pasando de 51 en 2002 a 147 en 2012 haciendo un total de 908 personas que pagaron con sus vidas por defender su tierra, su bosque, su medioambiente en contra de la extracción productivista.
Fuente: Les In Rocks publicado en Celendín Libre
Las causas de muerte son múltiples. Desde 2002, 46 personas fueron asesinadas por la policía cuando protestaban contra la minería en el Perú. En mayo de 2011 los ecologistas brasileño José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, que se opuso a la deforestación de la Amazonía, fueron asesinado a balazos en una emboscada. En Honduras, 93 campesinos que luchan contra las plantaciones de palma en la región altamente militarizada del Bajo Aguán fueron asesinados impunemente por mercenarios empleados por las industrias de aceite de palma, militares y por la policía desde 2010.
Nativos americanos se enfrentan a las excavadoras
En América Latina, el número de víctimas de este tipo de conflictos es particularmente elevado: más del 80% de los delitos registrados en el informe de la ONG (que no es exhaustiva) se han perpetrado. Brasil tiene el récord de 448 muertes fatales dentro de diez años, seguido por Honduras (109 muertos), Perú (58 muertes) y británicos (52 muertes).
Informe de Global Witness (Captura de pantalla)
La violencia de estos conflictos es alarmante. No son extremistas ecologistas al “Unabomber”, o incluso activistas de Greenpeace los que mueren. Es, en realidad, muy a menudo los miembros de comunidades indígenas que defienden su territorio, como destaca la ONG en un comunicado :
“En muchos casos, sus derechos territoriales no son reconocidos por la ley o en la práctica, dejando sus tierras a merced de las operaciones realizadas por poderosos intereses económicos, acusándolos de ‘opositores al desarrollo’. A menudo, se enteran que se firmaron acuerdos en contra de sus intereses cuando llegan las excavadoras a sus fincas y sus bosques”.
Dos terceras partes de las muertes enumeradas por Global Witness han tenido lugar precisamente en el contexto de los conflictos relacionados con la propiedad, el control y el uso de la tierra.
Hay varios factores que explican el aumento de la violencia en contra de estas personas. En primer lugar, las empresas que explotan los recursos naturales invaden cada vez más en sus tierras.
“Cuanto más lejos en el interior de la amazonía, más se construyen presas, hay un enfrentamiento con los nativos: es este choque que es fuente de violencia, dice Jean-Baptiste Mouttet, co-autor de La Gran Venganza. Los amerindios en la reconquista del destino (eds. otro). Corporaciones tienden a penetrar cada vez más en el corazón de los territorios habitados por los pueblos que se encontraban lejos de la civilización tal como la conocemos “.
Según la periodista Anna Bednik, encargada del colectivo ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré) la expansión de las zonas afectadas por la explotación de los recursos naturales ha alcanzado un umbral crítico: “el 84% de la Amazonía peruana y el 75% de la Amazonía ecuatoriana se ven afectado por la explotación petrolera, y 15% de las tierras de Perú son propiedad de las empresas mineras”.
“Las principales compañías internacionales se han utilizado para hacer sus leyes”
Los pueblos indígenas intentan no dejarse privar de su medio ambiente sin reaccionar. “Hay más enfrentamientos porque los nativos son más conscientes de sus derechos, y con mas facilidad que antes reclaman su territorio. Sin embargo, los grandes terratenientes y las grandes empresas internacionales se las arreglaron para hacer leyes a su favor en estos lugares remotos, donde está el conflicto” , explica Jean-Baptiste Mouttet. El Movimiento social que se levantó en el Perú, en la región de Cajamarca contra el proyecto minero Conga es emblemática entre los nuevos conflictos territoriales y nativos. Los agricultores de las tierras altoandinas se oponen desde el 2011 a un proyecto de explotación de una mina de cobre y oro por la multinacional Yanacocha, que pondría en peligro los recursos hídricos y la agricultura en toda la región. En julio de 2012, cinco personas han muerto en este conflicto.
“Es una respuesta social al extractivismo, es decir, a la explotación masiva de los recursos naturales, que ha experimentado una significativa aceleración en los últimos años, dice Anna Bednik. El precio de las materias primas producidas en América Latina ha aumentado de manera espectacular, lo que llevó a los gobiernos de estas regiones, tanto de derecha como de izquierda, para explotarlos. Hay un aumento en la exploración de petróleo, gas, carbón, metales, soya y palma africana. Todos estos centros de extracción son conectados por proyectos de carreteras y presas hidroeléctricas que dañan el medio ambiente natural, y compiten con las personas por los recursos que se encuentran en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas “.
La relación especial de los pueblos indígenas con la naturaleza también se hace más vulnerable, explica Jean-Baptiste Mouttet:
“En Colombia, la creencia de los indios Kogi, Kankuamos y Arhuacos que viven en las montañas, la Sierra Nevada y el mar deben estar conectados por la naturaleza, por el bosque. Por esta razón están tratando de recuperar sus tierras para permitir la reanudación de la naturaleza de sus derechos a estos territorios. De esta manera, entran en conflicto con las Farc, con los paramilitares y con los grandes propietarios. Estas son personas en situación de víctimas, ya que no pueden depender de ninguna ayuda externa. Estas no toma partido entre las FARC y los paramilitares: están presos por estos dos grupos existentes “.
En algunos países, los pueblos indígenas son aún considerados terroristas y entran dentro del ámbito de aplicación de leyes represivas como la Mapuche en Chile. En comparación, la impunidad de los autores de delitos en estos conflictos es impresionante: el 1% de ellos sólo han sido condenados según el informe de Global Witness. En el comunicado emitido por el representante de la ONG, Andrew Simms concluye: “La protección del medio ambiente se ha convertido en un campo de batalla estratégico de los derechos humanos . “
