El Gobierno analiza aumento de regalías y cambios en el esquema fiscal de las mineras. Por: Alejandro Giuffrida
Varios proyectos buscan modificar Ley de lnversiones. Elaborada por recomendación del Banco Mundial, es el eje del entramado legal sectorial.
El Gobierno tiene en estudio una serie de proyectos tendientes a modificar la Ley de Inversiones Mineras (24.196) que desde hace dos décadas regula al sector. El objetivo es cambiar el esquema impositivo actual que incluye la “estabilidad fiscal” por treinta años y permite cobrar regalías con un tope del 3 por ciento. Ambos beneficios son los ejes de varias iniciativas que ingresaron en el Congreso.
Según lo confirmaron a BAE Negocios dos fuentes del oficialismo, una parlamentaria y otra del Ejecutivo, en las últimas semanas comenzó a evaluarse más firmemente la posibilidad de cambiar el régimen minero aprobado en 1993 con la recomendación del Banco Mundial. Allí se estableció un conjunto de beneficios impositivos que incluyó hasta octubre del 2011 el derecho a liquidar en el exterior la totalidad de las divisas obtenidas por las exportaciones. Ese beneficio fue cambiado, sin advertencia alguna, hace dos años. Por eso, las empresas no pueden garantizar que no se vayan a realizar nuevos cambios.
La Ley de Inversiones Mineras, que es la espina vertebral de la docena de normas que rigen la actividad, había tenido modificaciones con los años, pero no habían sido en el sentido de la progresividad impositiva.
En 1999, por ejemplo, se agregó la posibilidad de deducir del valor sobre el que se calculan las regalías una serie de costos como el flete y seguros, y los gastos de trituración, comercialización y administración, entre otros.
Según evalúan los que impulsan los cambios, la modificación del régimen de inversión minero puede representar un “sustancial incremento” tributario para las cuentas nacionales. Se trata del quinto complejo exportador –pasó del sexto al quinto lugar entre el 2008 y el 2011– y llegó a exportar u$s5.300 millones en el 2012, y emplea a poco más de 100.000 trabajadores en forma directa e indirecta, según el último informe sectorial elaborado por la consultora Abeceb.com para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Si bien desde el Gobierno indicaron que “todavía no hay un proyecto definitivo” el punto que está en debate es la garantía de “estabilidad fiscal” concedida en la legislación sectorial por tres décadas. La “estabilidad” permite la deducción total del Impuesto a las Ganancias al momento de exploración y otros estudios de factibilidad, y el cómputo como pago a cuenta del gravamen sobre combustibles, exenciones al momento de importar bienes de capital, al pago de la Ley de Sellos y otros beneficios. Este conjunto de facilidades son claves para comprender la fenomenal expansión del sector, que estuvo acompañado por un crecimiento de más del 350% de los precios de los metales entre el 2001 y el 2010.
Ese beneficio está determinado por el artículo 8º de la ley de 1993 que garantiza que las empresas “no podrán ver afectada en más la carga tributaria total” por tres décadas. Hace exactamente un mes, el Frente para la Victoria –con la firma de legisladores del Chubut y Mendoza– ingresó un proyecto por la Cámara de Diputados en el que se propone modificar ese artículo 8º y bajar de treinta a cinco años la “estabilidad fiscal”. Además, los legisladores proponen que las actuales deducciones al 100% de Ganancias se bajen a la mitad y que las regalías tengan como piso el 3% y no como techo.
Los empresarios mineros sostienen que no recibieron ningún tipo de adelanto oficial respecto de la posibilidad de modificaciones a la legislación vigente. No obstante, es una previsión que se baraja en conversaciones informales. De hecho, en el discurso del cierre del almuerzo de este año por el Día de la Minería, el titular de la CAEM, Martín Dedeu, pidió al Gobierno “alentar la inversión a largo plazo”, habló de asegurar un “escenario competitivo” y, sobre todo, “reforzar las reglas” para los futuros proyectos.
Más allá de que los empresarios hayan recibido o no alguna comunicación formal, no les debe ser ajeno que en estos dos meses y medio de actividad parlamentaria del 2013 el Frente para la Victoria introdujo cinco proyectos de ley para modificar la regulación minera. No sólo proponen elevar el nivel de las regalías, también impulsan cambios relacionados con cuestiones laborales, ambientales o “estratégicas”. También desde el aliado bloque de Nuevo Encuentro presentaron –aunque sin éxito– un proyecto para reformular plenamente el acuerdo minero que la Argentina firmó junto a Chile para regular los emprendimientos binacionales.
La liquidación de divisas
En medio de un contexto de fuga creciente de divisas, el Gobierno restableció en octubre del 2011 la obligación para que las productoras de hidrocarburos y empresas mineras liquiden en el país “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones. La decisión se comunicó, vía Boletín Oficial, tres días después de que la presidenta Cristina Fernández recibiera el respaldo electoral del 53,96% de los votos.
Según fuentes empresarias, se enteraron de la decisión al leer el decreto publicado. Lo mismo le ocurrió a varios funcionarios.
La medida tenía un objetivo concreto: obligar a las empresas la traer a la Argentina el dinero físico de sus exportaciones, que hasta ese momento se justificaba con un balance contable. A partir de ese momento, el Gobierno pudo determinar cuándo y cuánto podrían girar a sus casas matrices y controlar, de alguna manera, la salida de dólares de la Argentina.
