21 al 23 de marzo de 2004
Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) y Secrataría de Minería de la Nación – I Aniversario del Plebiscito por el NO a la Mina
Esquel: modelo de resistencia y dignidad popular
Es innegable que la movilización del Pueblo de ESquel por el NO A LA MINA marcó un hito en la historia de nuestro país. Porque puso freno al saqueo y sus consecuencias directas sobre la población, desenmascaró a quienes defienden los privilegios para pocos, cuestionó todo el andamiaje jurídico- financiero armado desde los 90 para tal fin y demostró que la organización popular y la lucha son las mejores herramientas que tenemos los pueblos para decir BASTA! Los trabajadores del SEGEMAR (Servicio Geológico-Minero Argentino) y de la Secretaría de Minería de la Nación, a través de su Junta Interna de Delegados, nos solidarizamos e identificamos con esta pelea.
El pueblo de Esquel marca el camino, porque aún la minera no se fue de la comarca. Es por ello que los trabajadores del SEGEMAR (Servicio Geológico- Minero Argentino) y de la Secretaría de Minería de la Nación, a través de su Junta Interna de Delegados, nos solidarizamos e identificamos con esta pelea, que no es ni más ni menos que el enfrentamiento del pueblo contra el poder. Encarnado esta vez en la usura y el desprecio por la vida que a través del emprendimiento de Meridian Gold se intenta ejercer sobre el pueblo de Esquel. Y por eso los trabajadores no dudamos de qué lado estamos. Como no dudamos en apoyar el año pasado a los trabajadores de la mina de carbón de Río Turbio, cuando denunciaron política y penalmente al concesionario menemista que la vació durante 9 años y lucharon para recuperarla productivamente, para atender la situación social de sus trabajadores y asegurar el futuro de los pueblos de la cuenca carbonífera.
Cada vez quedan menos dudas que el Gobierno Nacional consolida el modelo de distribución de la riqueza impuesto durante los 90. Y la política minera no es la excepción, y lejos de encarar hoy el recurso minero como un bien social, profundiza los beneficios que maximizan la renta privada. De hecho la reciente reglamentación de la Ley de Actualización Minera (25429), garantiza a las empresas la devolución del IVA a la exploración, permite el traslado de quebrantos a los siguientes ejercicios fiscales tanto por amortización acelerada como por la doble deducción de los gastos de exploración, además de perfeccionar en beneficio de las empresas (único en el mundo?) la estabilidad fiscal por 30 años. Todo ello sumado a la exención de pago de derechos de importación, los créditos baratos subsidiados por el Estado a raíz de la devolución anticipada y financiamiento del IVA, las exenciones de gravámenes provinciales y municipales, las bajas regalías y reembolsos por puerto patagónico, y ni qué hablar de que las empresas están exentas de pagar la retención a las exportaciones, deducen el 100% del impuesto a los combustibles, pueden transferir capital y ganancias al exterior sin dejar un sólo peso en el país por ello, y pueden, producto de sus ventas al exterior, no ingresar al país el 100% de las divisas, entre otros tantos beneficios.
Todo este marco jurídico-financiero generado en los 90 para la actividad minera, hoy es consolidado por el Gobierno Nacional. Son las razones por las cuales el negocio minero garantiza en la Argentina la rentabilidad que estos capitales no consiguen por medio de la especulación financiera internacional ni con ningún emprendimiento minero en sus países de origen como Canadá, EEUU, Inglaterra, Australia ó Japón. Y por supuesto los “costos ambientales”, parte de la normativa, también hacen la diferencia. Son los que nos hacen pagar a los pueblos, tarde ó temprano con nuestras vidas, porque de eso se trata, a través de la contaminación y la depredación que conlleva la actividad y cuyo costo de ninguna manera están dispuestos a afrontar porque disminuye la rentabilidad de los proyectos.
La impunidad a la que está acostumbrado el capital y su complicidad en este caso con el gobierno provincial hizo que Meridian Gold ni siquiera realizara un Informe de Impacto Ambiental medianamente aceptable. Y ahora pretenden que la resistencia del pueblo fue por un error de marketing de la empresa. No. Es el menosprecio por la vida al que lleva la lógica de maximizar la rentabilidad privada. Y en esto fue, en primer lugar el Estado, quien le demostró al pueblo que bajo esta lógica no hay “control” que efectivamente garantice que no habrá degradación del agua, suelos, aire, flora, fauna, y del paisaje por más “nuevo Informe de Impacto Ambiental” que realicen. A los gobernantes no les queda otra que el respeto al derecho soberano del pueblo que ya se decidió por el NO A LA MINA.
Y de esto no sólo se dio cuenta el pueblo de Esquel y la Comarca Andina, sino que a través de la Asamblea de Autoconvocados por el NO A LA MINA decidieron enfrentarlo. Pero no fue sólo contra la minera, porque necesariamente se enfrentaron con los Gobiernos, en sus distintos estamentos, que sin dudarlo se pusieron del lado de la empresa; y fue allí cuando ante la sanción de la ley provincial que prohibía la explotación a cielo abierto y el uso del cianuro en el proceso de extracción del oro, también protestó el COFEMIN, que agrupa a los Gobiernos Provinciales a través de sus Direcciones de Minería, todos ámbitos permeables al lobby de los “empresarios mineros” agrupados en la CAEM, quienes usualmente frecuentan los organismos públicos con los borradores de las normas que luego constituirán “los anhelos del sector”.
Ante esta situación no tardaron en llegar las amenazas a los referentes más claros de la oposición a la mina y a los profesionales más comprometidos que aportaron sus conocimientos para dar batalla también con argumentos técnicos.
Pero la convicción del pueblo de la justeza de su decisión, su tenaz lucha por el NO A LA MINA y por modificar la política minera del saqueo y su impacto sobre las comunidades afectadas por esta actividad, ha recibido la solidaridad de las más diversas personalidades y organizaciones sociales y políticas, así como también desde el año pasado la de gran parte de los trabajadores del Estado Nacional.
