El requerimiento fue elevado por Pedro Simón al juez federal Guillermo Molinari, al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los titulares de estas firmas en la contaminación de la cuenca.
Fuente: diario El Liberal
05/05/2011. Tras más de una década de la primera denuncia presentada por el Gobierno de Santiago del Estero por la contaminación de las aguas del embalse Río Hondo, tiempo en el que se acumularon las acusaciones contra industrias de Tucumán como también la mortandad de peces, la Justicia Federal local dio un paso relevante al pedir la imputación de empresarios de la vecina provincia por envenenar la cuenca Salí-Dulce.
El fiscal federal Pedro Simón, consideró que hay un importante cúmulo de pruebas aportadas por distintos organismos para solicitar el requerimiento de instrucción de una causa por infracción a la ley de Residuos Peligrosos contra titulares de 15 citrícolas entre ellas Bella Vista, Nuñorco y Marapa. La imputación fiscal también alcanza a los máximos responsables de las cuatro citrícolas de la vecina provincia, de la papelera Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera.
“Hoy hizo el requerimiento de instrucción en base a una denuncia que había hecho el ex intendente de Las Termas, hace más de un año cuando se produjo la mortandad de peces, situación que se acumuló con un nuevo fenómeno de estas características, el año pasado, mucho más grave”, señaló Simón en diálogo con EL LIBERAL.
El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que a la denuncia del ex jefe comunal, Luis Saleme, se sumaron como querellante la ex concejal de Las Termas, Anita Loto, y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Relató que a partir de estas presentaciones, la Fiscalía ordenó la concreción de una serie de medidas “y en base a las presentaciones y aportes de pruebas de ellos (denunciante y querellantes), he pedido la instrucción y la imputación contra titulares de 15 ingenios de Tucumán, las cuatro citrícolas, la papelera Tucumán y la planta de secado de Minera la Alumbrera”, detalló.
Responsabilidad
Simón explicó que cuando se trata de personas jurídicas la ley habilita a imputar a los gerentes, directivos, síndicos. Apuntó que todas las fábricas involucradas vuelcan sus desechos en la Cuenca Salí-Dulce y que llegan al lago Río Hondo por los distintos canales y afluentes. “Hemos pedido la imputación por la contaminación que ha privado de oxígeno al lago y por eso producen la mortandad de peces y el daño consabido a la salud, que es el bien jurídico protegido por la ley”, manifestó.
El fiscal dijo que si bien el fin de la acción penal es aplicar la pena que establece la ley “en los casos que se comprueben los presupuestos de punibilidad respecto a quienes se sindica como responsables”, a veces sin perjuicio de estas acciones, eso promueve que las mismas entidades denunciadas se acojan a planes de saneamiento para hacer una producción limpia. “Uno no busca frenar la producción, pero sí que se haga bajo estándares que permitan la salubridad y la protección del medio ambiente. Es decir, no sólo se busca la pena, sino concientizar a los responsables y a eventuales industriales que realizan explotaciones a que se proteja el medioambiente, que el beneficio de hoy no sea un perjuicio para las generaciones de los próximos años”, recalcó el funcionario judicial.
Continuidad del proceso
“Ahora el juez tiene que resolver el avocamiento a la instrucción de esta denuncia y cómo no tenemos individualizados fehacientemente quiénes son los gerentes o las autoridades responsables de cada ingenio, he pedido que se oficie al Registro Público de Comercio de Tucumán y a la Secretaría de Miedo Ambiente de Tucumán, quiénes son las personas físicas para citarlas a las respectivas declaraciones indagatorias”, dio a conocer Simón, sobre los próximos pasos en relación con su presentación.
Un aspecto en el que puso énfasis, es que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un amplio cúmulo de pruebas para impulsar esta denuncia. Informes y pericias solicitadas por organismos como la Secretaría del Agua, Defensoría, y que fueron aportando a lo largo de estos años. También estudios de Prefectura Naval. “Todo lo que hay, habilita prima facie a formular el requerimiento a instrucción, habrá que profundizar las medidas de pruebas y ver los elementos de defensa que aporta esta gente”.
Al respecto, recalcó que “en el marco del debido proceso ellos tienen que ejercer su defensa y acompañarán, pedirán pericias, informes para demostrar en su caso, la exclusión de responsabilidad y la Fiscalía y los querellantes, la culpabilidad”.
