El gobernador de Santa Cruz y los legisladores kirchneristas están dispuestos a dar marcha atrás con el impuesto Inmobiliario Minero ante la presión de las compañías del sector, y ahora estudian aplicar “acuerdos voluntarios” con las mineras.

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Fuente: Espejo Diario

Tras fracasar en la aplicación de la norma denominada como Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, que fue sancionada en 2013 por la Legislatura, esta semana se conoció que están dispuesto en “aportes voluntarios” por partes de las empresas mineras.

El primero en adelantar este retroceso en la ley, fue el diputado Roberto Fernández anticipó que “estamos muy cerca de consensuar con el Ejecutivo provincial y la propia industria una ley de acuerdos voluntarios que reemplace o suspenda el gravamen anterior, sin violar la estabilidad fiscal impuesta por ley nacional y que permita recaudar mucho más desde la actividad minera para nuestra provincia”, agregando luego que “esta ley destrabaría importantes inversiones del sector en la provincia, como la de Yamana Gold en Puerto Deseado, y además dará la posibilidad de recaudar una suma importante en millones de pesos que debería volcarse en salud y educación”, concluyó.

Desde la minera Goldcorp se mostraron contrarios al impuesto minero provincial y señalaron que sería oportuno que el Poder Ejecutivo “abriera el diálogo” para consensuar otro esquema de aporte por parte de las empresas del sector.

La comisión de Presupuesto de la Legislatura, analizó el proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, Martín Paiva, tendiente a generar un marco legal para celebrar acuerdos voluntarios con el Estado provincial, como alternativa a la ley impulsada por el Poder Ejecutivo que creó el impuesto Inmobiliario Minero.

A la reunión, de la que participaron los legisladores del Frente para la Victoria – Partido Justicialista Leonardo Alvarez, Rubén Contreras, Roberto Fernández, Silvio Suárez, Darío Galbán, Martín Paiva y Martín Sotomayor, fue convocado el secretario de Estado de Ingresos Públicos, Favio Vásquez, quien expuso su parecer respecto a la implementación del impuesto Inmobiliario Minero y a los impedimentos en el cobro del mismo que en la actualidad se vienen registrando.

Al respecto, Paiva señaló que “durante la reunión de bloque surgió la posibilidad de que se analice este proyecto, que genera un marco para promover acuerdos voluntarios con las empresas mineras que operan en Santa Cruz”, agregando luego que “es un proyecto que genera una alternativa a la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero. Es muy importante poder analizar el proyecto, que los compañeros diputados puedan hacer aportes y consensuar el mismo, y después hay que generar, desde la política y desde la institución legislativa, las condiciones para que las empresas mineras que operan en nuestra provincia quieran hacer el aporte que está necesitando nuestro pueblo”.

El legislador cercano al Poder Ejecutivo agregó que “como sabemos que el impuesto Inmobiliario Minero ha sido controversial y no ha cumplido con su objetivo, que era generar ingresos para las arcas provinciales. No se pudo aplicar porque distintas empresas han judicializado este impuesto y en consecuencia, hemos planteado a través de este proyecto la posibilidad de que las empresas que suscriban acuerdos voluntarios con el Estado provincial queden exceptuadas de la aplicación del impuesto Inmobiliario Minero, y en función de esto tengan nuevas obligaciones que surjan de estos acuerdos”.

Para el caso de las empresas que ya pagaron, Paiva explicó que en su proyecto de ley “ese dinero aportado se tomaría a cuenta de las obligaciones que surjan de los acuerdos que se puedan suscribir en el futuro”, resaltando que “el proyecto fija el destino de los recursos que se generen a partir de estos acuerdos, que prioritariamente se volcarían a la salud pública, y hoy estamos discutiendo qué otros destinos se les puede dar. Entiendo que hay consenso en que hay que priorizar la salud y la educación, fundamentalmente”, concluyó.

El impuesto establece a las empresas radicadas en la provincia tributar el 1 por ciento de sus reservas declaradas. Esto representará una suma aproximada de 155 millones de pesos anuales para el tesoro santacruceño que tiene un déficit anual que sigue creciendo y la administración Peralta buscaba paliarlo, en parte, con el gravamen. Según el texto de la ley, el impuesto se liquidará por declaración jurada anual, que el kirchnerismo se abstuvo a la hora de votar.

El gobernador Daniel Peralta había amenazado que si las empresas se niegan a pagar el impuesto también recurrirá a la Justicia, pero ahora dio marcha atrás, cedió ante la postura de las mineras.

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