Después que la provincia de Santa Cruz sancionara en junio la creación el Impuesto Inmobiliario Minero -que gravó el 1% de las reservas declaradas de las empresas metalíferas santacruceñas- y de cuatro meses de tira y afloje para reglamentar la polémica ley, algunas compañías decidieron una jugada con vista a presentaciones judiciales por su insconstitucionalidad.
Fuente: Inversor Energético y Minero
Tras el fracaso de las negociaciones para alcanzar acuerdos económicos voluntarios con cada una de las compañías -una propuesta de los privados para zanjar la discusión-, las mineras adelantaron un pago parcial del gravamen.
Entre las empresas afectadas por la aplicación del tributo se encuentran Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Minera Santa Cruz (Andes/Hochschild), Minera Triton (Pan American Silver), Cerro Negro (Goldcorp) y Minera IRL (Don Nicolás).
Lo que fue presentado como un logro por la gobernación de Peralta, consiste, en realidad, en un paso necesario para denunciar en la Justicia la inconstitucionalidad de la iniciativa por la presunta violación de la Ley de Inversiones Mineras, que prohíbe a las provincias modificar el marco tributario minero. “Al no poder avanzar con una solución consensuada, decidimos pagar un mínimo porcentaje del impuesto que nos permite ir a la Justicia para frenar la futura aplicación del impuesto, que es inconstitucional”, cuestionó el gerente comercial de una de las mineras.
El jefe de gabinete Ariel Ivovich se apuró al declarar que las operadoras había concretado un pago parcial. “Hay que revisar lo que han pagado. Realizar una inspección. Verificar con qué criterio presentaron la declaración jurada, pero han pagado, con lo cual la Ley no era tan constitucional, ni tan inviable, ni todo lo que se ha dicho” remarcó.
Pero las empresas explicaron a El Inversor Online Energético & Minero, al menos desde dos de ellas, explicaron que el pago obedeció “a un requerimiento legal para poder iniciar la demanda en la Justicia”.
