Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan denunciará que se investiguen a directivos de Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran toneladas de roca. Pero no es lo único, ya que la provincia se hará parte querellante, le pedirá al juez federal penal, Leopoldo Rago Gallo, que ordene el retiro de los residuos y presentará una cautelar para que, hasta que se haga efectivo ese procedimiento, la minera trasandina lleve a cabo medidas urgentes para lograr que la escombrera no contamine ni sea un riesgo ambiental.
Fuente: Política Judicial
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Los plazos de la embestida oficial se aceleraron luego de que un informe encargado por el magistrado (que fue firmado por peritos oficiales y de Los Pelambres y Glencore) revelara que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La investigación penal se desató justamente por la denuncia que hizo Glencore en 2015 contra exejecutivos de Los Pelambres por contaminación y usurpación de agua y de suelo. En ese marco, ya fueron indagados y están imputados los exgerentes Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls. También está en la mira Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres. Un año antes, la firma que tiene concesionado El Pachón había demandado a la compañía chilena por daños y perjuicios.
Pero la escombrera se armó entre 2007 y 2012 y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, manifestó sobre Glencore que “como titular de la pertenencia minera no podían desconocer la instalación que se estaba realizando en ese territorio, que es argentino”. En el Gobierno habían dicho que inclusive al pie de la escombrera hay una perforación que realizó la empresa que tiene el proyecto de cobre del lado sanjuanino. Es más, en el sector señalan que Glencore encaró negociaciones con Los Pelambres para vender El Pachón, pero que se frustraron. Por eso, la sospecha oficial es que ha venido utilizando el tema durante mucho tiempo para sacar un beneficio económico.
Ante ese escenario, el equipo de Fiscalía de Estado, encabezado por Alvo y el adjunto, Gastón Orzanco, solicitó lo que se denomina una ampliación de investigación contra los directivos de Glencore, lo que en la práctica es una denuncia. El escrito desarrolla un detalle pormenorizado de normas y conceptos ambientales para sustentar la participación de la provincia y un pedido clave: el retiro de la montaña de rocas. Inclusive, haciendo hincapié en el activismo que puede tener el juez para evitar el paso del tiempo, pidió que los peritos designados elaboren un plan progresivo de ejecución para sacar los residuos.
Pero como dicha movida insumirá tiempo, también plantearon una cautelar para llevar a cabo medidas de precaución y de prevención a fin de resguardar el ambiente. En ese marco, solicitaron la instrumentación urgente de acciones propuestas en sede civil, como un sistema de drenajes para evitar el contacto de las aguas superficiales con la escombrera y continuar con el monitoreo de los líquidos. Y que ordene una audiencia con todos los peritos para poner en marcha la cautelar.
Estudio oficial confirma contaminación
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación concluyó, en un estudio conocido este fin de semana, que los más de 55 millones de toneladas de residuos vertidos por la mina de cobre “Los Pelambres”, que opera del lado chileno, son peligrosos, producen contaminación ácida y aportan metales pesados a los cursos de agua de la zona.
El trabajo de los peritos de la cartera, elaborado a pedido del Juez Federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, y del Fiscal Federal Francisco Maldonado, determinó que la minera afectó a lagunas, al punto de que en las más cercanas se encontraron valores hasta 71.000 veces por encima de lo que marca la ley nacional de Residuos Peligrosos.
Según el informe, los desechos depositados del lado argentino “siguen siendo una fuente de alteración de la naturaleza y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con potencial de producir daño ambiental”.
Subraya que hay “una gran posibilidad de que los metales pesados lleguen a los suelos y a las napas”, lo cual “podría afectar con contaminación el río Carnicería”, uno de los afluentes del río San Juan, del que la provincia utiliza agua para consumo humano.
“Ante el impacto del estudio”, Uñac pidió una reunión urgente con el Canciller Jorge Faurie y con el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, “para avanzar en las gestiones por el retiro del botadero”.
Se espera además que el Juez Rago Gallo avance en la investigación contra ex directivos y actuales autoridades de la compañía chilena por los delitos de contaminación y usurpación de tierras y agua.
Se trata de los ex gerentes Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, así como el actual titular de Antofagasta Minerals, Francisco Veloso.
