La compañía chilena Antofagasta Minerals, operadora de la mina de cobre “Los Pelambres” en Chile, arrojó 20 millones de metros cúbicos de desperdicios en territorio argentino, lo que provocó la contaminación del suelo y aguas de la localidad de Calingasta, San Juan, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Fuente: Telam
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En las conclusiones del informe se afirma, además, que la concentración de sustancias tóxicas en territorio argentino llegó a ser de hasta 71.000 veces por sobre los límites regulados por la ley de nacional, que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.
El “Informe Final Pericia Pelambres” forma parte de la demanda iniciada en 2014 por la empresa Glencore, a cargo de la mina de cobre “El Pachón” del lado argentino, contra la operadora chilena por haber instalado gran parte del depósito de residuos de la explotación de la mina dentro del área argentina, y por la que se le reclama la extracción de los desechos, con un costo estimado de más de 200 millones de dólares, y el pago de un canon por el tiempo que ocupó la zona.
En lo que respecta al efecto sobre las lagunas, los desechos de la mina disminuyeron en un 53 por ciento la superficie de los espejos de agua por la acción directa de la escombrera y en un 94 por ciento respecto de su superficie original, aunque este último porcentaje también es producto de la influencia de los ciclos hidrológicos.
En el informe al que tuvo acceso Télam se indica que las muestras tomadas en diez puntos de la zona revelaron la concentración de cuerpos contaminantes, con valores de entre 4 y 71.000 veces por sobre los niveles guía regulados en la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 , y que los cuerpos de agua más cercanos a la escombrera tienen altas concentraciones de sulfatos y metales pesados, fundamentalmente de cobre, mineral explotado por la mina.
Según el documento, la escombrera aloja diversos minerales, muchos de ellos con contenidos elevados de metales susceptibles de ocasionar efectos adversos sobre el ambiente.
“Existe una gran posibilidad de que estos metales lleguen a los suelos y a las napas generando importantes contaminaciones sobre la base de estándares internacionales aceptados”, indicó el análisis de laboratorio presentado en el informe.
Esta sería la razón por la cual las llanuras de la zona se están secando y por la que, según respaldó el peritaje presentado, el drenaje superficial podría confluir con el Río de la Carnicería, que alimenta al río San Juan.
“Es posible concluir que la presencia de la escombrera Cerro Amarillo constituye en la actualidad una fuente cierta de dispersión de sustancias contaminantes. Asimismo, constituye una fuente de generación de Drenaje Ácido de Roca y metales pesados con potencial de generar un daño ambiental”, informó el diagnóstico encargado por el Juzgado Federal N°2 de San Juan -a cargo de la causa- al ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La investigación constó de una serie de pruebas que incluyeron: la pericia química sobre suelo y aguas de la escombrera; un estudio de impacto ambiental; la inspección ocular, planimetría y registro fotográfico del lugar para determinar su dimensión total y el porcentaje del lado argentino de la frontera, y la localización y estado de las reservas de agua ubicadas en lagunas, vertientes o cualquier tipo de cuenca hídrica.
El basurero empezó a construirse en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo.
Según investigaciones preliminares, en el lugar se arrojaron hasta 2012 todos los desechos de la mina chilena, incluyendo más de 500 neumáticos de gran tamaño y rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales, pero capaces de provocar drenaje ácido, concebido como una forma de contaminación.
Desde su instalación, la escombrera alcanzó las 105 hectáreas de extensión, unos 70 metros de altura y acumula en territorio nacional cerca de 55 millones de toneladas de residuos peligrosos.
La empresa chilena argumentó ante la justicia que los mapas chilenos con los que contaban indicaban que el territorio ocupado por la escombrera eran de Chile, pero que los límites cambiaron en 2012.
Sin embargo, esta semana la Cámara de Apelaciones de Mendoza determinó que se contaminó suelo argentino, que la jurisdicción de la causa recae en el fuero de la justicia de San Juan y que es inconstitucional un convenio que la compañía -controlada por el grupo chileno por el Grupo Luksic y un consorcio japonés- firmó con el anterior gobierno de San Juan, que ya había sido dado de baja por el gobernador Sergio Uñac.
Este convenio establecía que Pelambres retiraría 520 neumáticos arrojados entre los escombros para evitar su degradación y que aislaría el material desechado, al tiempo que se haría responsable durante 10 años de las remediaciones que se hicieran necesarias.
Sin embargo, pese a que las ruedas fueron retiradas el pasado verano, no se aislaron los residuos y el convenio quedó sin efecto, por lo que Antofagasta deberá extraer los desechos, además de quedar expuesta a ser condenada a una indemnización si lo determina la justicia.
