Luego de más de 30 años del cierre de la firma Geotécnica, que durante más de dos décadas fundió en San Antonio Oeste el material extraído de la mina Gonzalito, la justicia rionegrina iniciará una investigación penal para determinar si existen responsables del grave problema ambiental y sanitario que dejó esa actividad. También se pondrá la mirada sobre el accionar de funcionarios actuales por su participación ineficiente en la remediación.
Fuente: Río Negro
El fiscal Hernán Trejo abrió un expediente en el que comienza una investigación preliminar en los términos del artículo 161 del CPP a raíz de la presentación efectuada por su par Pedro Puntel vinculada al daño ambiental que se presenta en esa localidad.
El funcionario informó que “se funda la investigación en la acumulación de desechos de residuos provenientes de la Mina Gonzalito y que fueren depositados en la urbe de San Antonio Oeste y sus alrededores”.
Además, según se supo oficialmente la recolección de información se inicia a partir del informe de la responsable del Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, la epidemióloga Susana García, en cuanto al alarmante resultado expuesto en los análisis de presencia de plomo en sangre de un grupo de niños de San Antonio Oeste. Dicho informe fue agregado luego al amparo ambiental tramitada por el Superior Tribunal de Justicia y en el que interviene la defensora general, Rita Custet Llambí.
En este sentido se investiga la presunta infracción a la ley 24051 (envenenamientos mediante residuos peligrosos) y las conductas ilícitas previstas en el artículo 200 del Código Penal (envenenamiento de sustancias alimenticias), por parte de la empresa que llevaba adelante la explotación minera.
Video de de dos alumnas de un establecimiento educativo de San Antonio Oeste
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En 1995, un estudio de la fundación Patagonia Natural determinó que en la bahía San Antonio existían niveles inusitados de metales pesados, lo que provocó que comenzara a profundizarse la sospecha de que la actividad de la desaparecida Geotécnica y la presencia de la escoria resultado de la fundición en el acceso a la ciudad habría generado consecuencias en el ambiente y la salud.
En el 2005, un estudio realizado en mejillines de la ría determinó que había plomo en seres vivos y en los dos años siguientes se confirmó mediante muestreos en sangre en la población infantil que más del 20% de los niños de la ciudad tienen más plomo en su organismo que el que admitía como aceptable la Organización Mundial de la Salud.
