Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para prohibir la megaminería en la provincia de Neuquén. El mismo es presentado por la legisladora del CC ARI, Beatriz Kreitman, y firmado por Raúl Dobrusín, Gabriel Luis Romero, Alfredo Marcote, Manuel José Fuertes, Gabriela Suppicich, Alejandro Vidal y Jesús Escobar.
Fuente: Río Negro
La iniciativa propone que “se prohíba en todo el territorio de la provincia de Neuquén la actividad megaminera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto, y la utilización de cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio, bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofosfatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos, y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa”.
Para fundamentar el proyecto, destacaron que “la megaminería es una actividad económica absolutamente particular por su alto e impredecible impacto ambiental, brevedad productiva (unas pocas decenas de años), cuantiosa generación de beneficios económicos para exportación y alto consumo de electricidad, agua, combustible fósil y estabilidad ambiental”.
“Laboralmente –continuaron- no existe relación entre los beneficios económicos de cada emprendimiento y los puestos de trabajo transitorios que generan”.
“Las minas están habitualmente localizadas en cuencas hídricas altamente sensibles, demandan cantidades notables de insumos críticos (como agua subterránea y superficial) y generan cuantiosas cantidades de residuos líquidos y sólidos además de contaminar el aire y los hielos con partículas”, añadieron.
Por eso, alertaron que “el total de impactos negativos y sus expansiones pueden afectar por otra parte la salud humana a través de numerosos mecanismos, en su mayor parte desconocidos y sobre sociedades que no fueron evaluadas epidemiológicamente antes del inicio de las actividades”.
Y, finalmente, remarcaron que “los estudios de Impacto Ambiental y las actualizaciones que se les realizan son marcadamente incompletos y carecen de veedurías sociales independientes. El Estado, por su parte, no solo carece de infraestructura y personal adecuado para el control de las megamineras, sino que tiende a estar más cerca de las corporaciones que de la sociedad afectada por sus actividades”.
