Ayer se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Nº 77173 que ratifica una multa por 1 millón de pesos contra la Comisión de Energía Atómica, CNEA, que deberá pagar al Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza pues se comprobaron los altos niveles de uranio en cauces de agua, debido a los residuos dejados por la minería. En verdad la multa fue aplicada hace diez largos años, pero la CNEA recurrió a la Corte para anularla. Sin embargo, los peritajes realizados hasta 2010, siguieron detectando la contaminación radiactiva y el Tribunal dejó firme la sanción, alegando que no se había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales comprometida en la Declaración de Impacto Ambiental.
Foto: planta industrial de la CNEA en Malargue, década del ’70
Por Red Nacional de Acción Ecológica
18/05/2012. En Malargüe, típica ciudad mendocina, durante décadas se depositaron los residuos nucleares de las minas cercanas Huemul y Sierra Pintada. En Huemul aún se conserva una ciudadela construída ad hoc por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pero esa población, hoy fantasma, no figura ningún registro. La boca de la mina está cegada con grandes rocas. Pilas de residuos de la minería del uranio se amontonan como colinas alrededor, como si un dia, el último en irse, apagó la luz.
A diez cuadras de la plaza central de Malargüe se acumularon los residuos radiactivos de baja y media actividad, durante años. El pasivo ambiental se sumó a los otros que la CNEA confesó, luego de años e insistencia, y que quedaron bajo la órbita del PRAMU (Proyecto de Restitucion Ambiental de la Mineria del Uranio). A Malargue y Huemul se adicionan Córdoba Capital y Los Gigantes; Tonco en Salta; Pichiñán en el Chubut, Los Colorados en La Rioja y La Estela en San Luis. Sus propios folletos enlistan los sitios en los cuales tuvieron actividad y se fueron luego, sin decir agua va.
En visita que hube hecho a Malargue, el ingeniero Juan Diaz, uno de los responsables de la ejecución, confesó que en estas décadas apenas han transportado el 15% de la enorme meseta de residuos nucleares que domina la ciudad, hacia un sistema apilado de piedra y arcilla que supuestamente debe resistir inundaciones, vientos y sismos. 15% en 14 años. En un siglo con buen viento, terminarían la cosa?
Pero en 2002 la Policía del Agua de Irrigación salió a monitorear los cauces cercanos al emplazamiento, analizando las muestras en la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y hasta en un laboratorio privado de San Rafael. Dos de ellas “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”. La Policía del Agua de Irrigación intimó a CNEA que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (las colas de mineral acumulado en Malargüe) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”, calificando la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”.
La CNEA, como es habitual, objetó las muestras. Pero la Corte ratificó la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua.
Cita textualmente el sitio mdzol.com: “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte, Dr Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
Ante tanto desmanejo, negación de resultados y ocultamiento, senadores, diputados y concejales de los departamentos de General Alvear, Malargüe y San Rafael de la UCR rechazan poner en riesgo a sus distritos con la reapertura de la mina de uranio en Sierra Pintada, habiendo, como hay, tanto peligro. La iniciativa aspira que la CNEA se responsabilice de los pasivos ambientales que dejó en la mina: “Dada la intención del Gobierno nacional y provincial por la reapertura de Sierra Pintada, plasmada tanto en la página web de la CNEA así como en diferentes medios de comunicación, consideramos imprescindible proceder a la remediación total de los sitios, toda vez que han sido detallados ampliamente los perjuicios ambientales que podría acarrear la falta de implementación de dicha remediación”, declaran.
Argentina se caracteriza por no llevar datos epidemiológicos de males que no sean los más visibilizados como el cólera o el dengue. En el tema nuclear, no hay datos oficiales que permitan relevar el mapeo de efectos en la salud de las aplicaciones de la energía nuclear en el país. Las afirmaciones de inocuidad carecen de sustento ya que no hay datos epidemiológicos que las sostengan. Malargüe no escapa a la regla. Tampoco hay allí ningún tipo de seguimiento sistemático y profesional de las dolencias en la población desde su convivencia con el material radiactivo.
SEGUN PASAN LOS AÑOS… ¿Y EZEIZA?
Como en la canción “Las cosas esenciales tienen valor según pasan los años…”. Una pericia oficial preliminar reveló que el Centro Atómico de Ezeiza, podría ser un “centro de contaminación regional” de radiación en las aguas subterráneas. Este resultado, desde luego, fue rechazado por la CNEA en la causa judicial que se tramita ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, y que tiene antecedentes de hace más de una década.
El informe del perito geólogo confirmaba que el Centro Atómico de Ezeiza había operado sin controles del gobierno, señalando “las aguas subterráneas están contaminadas con uranio en una superficie de 2500 hectáreas. Había uranio natural e incluso uranio enriquecido, este último solo producido por actividades humanas. El valor más alto de uranio hallado en la zona (56 ug/L = microgramos por litro) supera en casi tres veces el estándar de 20 ug/L. También hay un pico de radiactividad (actividad Alfa total) y de uranio en el llamado Campo 5, donde se descargaban antiguamente residuos radiactivos”. El informe agrega que el 74% de los pozos muestreados tiene agua no potable.
Desde que inció allí sus actividades, en el año 1957, la CNEA conocía a través de sus propios informes internos que descargar residuos radiactivos líquidos al subsuelo y a las aguas subterráneas era sumamente peligroso, pese a lo cual utilizó desaprensivamente tres trincheras para hacerlo.
Nos preguntamos junto al ministro de la Corte, Dr Jorge Nanclares, ¿se han violado los artículos 200 y 207 del Código Penal?. Nadie dice nada?
Entretanto, millones de habitantes del conurbano, en los municipios de La Matanza, Ezeiza y Esteban Echeverría beben agua sospechada de contener elementos radiactivos. La CNEA sigue negando y apelando, tal como hizo en Malargüe, adonde, al fin, se le condena. ¿Cuándo se le condenará por esto? ¿Cuándo las víctimas se cuenten por miles?
Lic. Silvana Buján
BIOS Argentina
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