El gobernador Pérez y el vice Ciurca argumentaron que no se trata de un proyecto oficial, más allá que es impulsado por un intendente y un diputado justicialistas. En el PD hay posturas contrarias.
Fuente: diario El Sol
14/05/2012. Los cambios que pretende hacer Malargüe a la ley 7.722, dividió a varios en la Legislatura provincial. En el radicalismo se mostraron contrarios a la posibilidad, mientras que en el Partido Demócrata hubo posiciones contrarias.
En tanto, en el nivel más alto del gobierno provincial, el gobernador Francisco Pérez y el vice Carlos Ciurca, tomaron como vía de respuesta el argumento de que no es un proyecto oficial, sino una idea de un intendente y un legislador.
El intendente de Malargue, Juan Antonio Agulles, está decidido a impulsar algunas modificaciones en la ley 7.722, conocida como “antiminera”.
Las modificaciones más importantes giran sobre la Declaración de Impacto Ambiental y su ratificación legislativa. Para el intendente, esta ratificación debería ser necesaria luego de que se cumpla con las etapas de exploración y prospección y no como dice la 7.722, que ordena la DIA en cualquier de sus etapas.
“Básicamente venimos analizando el contenido de la 7.722, se han frenado muchos proyectos mineros”, explicó Agulles, quien agregó que Mendoza no promociona la actividad minera “sino que la limitamos y no queremos que se desarrolle. Esto es lo que estamos tratando de proponer desde Malargüe”, afirmó el intendente, quien propone para evitar el enojo de los ambientalistas, que los proyectos mineros estén a una determinada distancia de los cauces de agua y de las ciudades
Sin embargo, ese guiño de Agulles no impidió que aparecieran algunas miradas negativas u otros que tomaron distancia de la iniciativa. El gobernador Pérez explicó que la iniciativa no proviene ni de él, ni tampoco del bloque justicialista, sino que es sólo de un diputado (José Muñoz).
“Está en su derecho de presentar el proyecto, no tengo conocimiento de la letra, pero no es mi prioridad. La prioridad es la empresa provincial de energía”, argumentó el mandatario.
En tanto, Ciurca explicó que “no se trata de un proyecto del Ejecutivo, sino de un sólo legislador”.
La primera de las críticas llegó desde San Carlos. El intendente del departamento del Valle de Uco, Jorge Difonso, quien además es el autor de la ley 7.722, aseguró no estar para nada de acuerdo con los cambios pretendidos y aseveró que cuando se creó la ley, se consultó a los sectores científicos, profesionales y universitarios y la ley se redactó de acuerdo a las sugerencias hechas para la protección del agua.
“Quien la modifique, trata de realizar algún proyecto económico a costa del medio ambiente y comprometiendo el agua”, explicó el intendente sancarlino, quien aseveró que al permitir a las empresas explorar sin la ratificación legislativa de la DIA, lo que se está haciendo es quitarle participación a la ciudadanía.
“Y estos proyectos grandes requieren que participe la sociedad”, justificó Difonso.
En tanto, el radical Juan Carlos Jaliff, explicó que habría que analizar las modificaciones en el Partido, pero que en su caso no está de acuerdo con los cambios pretendidos por Agulles.
“Hacer que la DIA pase por la Legislatura en cualquiera de sus etapas le da más seguridad a las inversiones”, explicó el senador provincial, quien si bien reconoció que así demoran más los proyectos en comenzar, pero también se le brinda más seguridad a las empresas y a la sociedad.
En tanto, la diputada por Unidad Popular Patricia Gutiérrez, se mostró más cauta al respecto y señaló que hay que revisar la legislación, porque cuando a una empresa se le da derecho de cateo, también se le entrega la propiedad.
Más curioso fue el caso de Carlos Aguinaga. El senador demócrata pertenece al mismo partido político que Difonso, pero se muestra contrario a la existencia de la ley 7.722.
“Me parece que la ley tiene como objeto proteger el medio ambiente, pero no fue una buena herramienta, porque se puede proteger el medio ambiente sin afectar el desarrollo económico de la provincia”, explicó Aguinaga.
El legislador no obstante explicó que se deben realizar algunas consideraciones a la hora de un proyecto minero, entre ellas, asegurar la protección del medio ambiente y del agua; estudiar cuánto le deja a la provincia y modificar el tema de las regalías mineras, ya que las empresas sólo dejan 3 por ciento de lo que producen.
