El gobernador de Mendoza anticipó que derogará las modificaciones a la Ley Nro 7722.
Tras el fuerte rechazo social, Rodolfo Suárez anunció la marcha atrás con la legislación que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para los procesos de extracción minera.
Fuente: Infobae
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, junto a los intendentes de los 18 departamentos de esa provincia anunciaron que finalmente, tras el rechazo social, el Ejecutivo derogará la Ley 9209 que reformaba la 7722 y permitía la minería en Mendoza.
Siete días después de su aprobación Suárez anunció la cancelación de la nueva legislación, después de que incluso en muchos municipios locales se habían suspendido las fiestas de la vendimia. Para que finalmente la ley sea derogada y se reestablezca la 7722 habrá que redactar una nueva ley, cuyo tratamiento se desarrollará el próximo lunes en Legislatura provincial.
Al menos eso prometió el Gobernador, quien reclamó que “cesen las protestas y permitan que se desarrolle la vida normalmente”.“Después de haber escuchado a los intendentes decidí enviar la derogación de la Ley 9209 y el restablecimiento de la Ley 7722 en toda la provincia, eso tiene que ver que si bien esta ley es legal no tiene la legitimidad del pueblo. No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir. Lo hice con el convencimiento que la matriz productiva de Mendoza tiene que tener un cambio, pero también dije que tiene que ser legítima y la del pueblo no está. Nosotros escuchamos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa este viernes por la noche.
“Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”, agregó Suárez, en referencia a las protestas que se armaron en la calle espontáneamente durante la última semana. De hecho, minutos después del anuncio del Gobernador muchos ciudadanos mendocinos comenzaron a concentrarse en el Kilómetro Cero de la capital para celebrar la decisión.
“En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la Legislatura un proyecto para la derogación de la Ley minera 9209. Esta decisión se toma sobre una decisión de que esta ley es legal pero no tiene la legitimidad del pueblo”, agregó el mandatario provincial, quien aclaró que “las decisiones no sólo deben ser legales sino también legítimas” y pidió que “cesen los cortes y las protestas” porque “somos un gobierno que escucha y queremos garantizar la paz social”.
En la conferencia de prensa, Suárez aclaró que “Mendoza está en contra de la minería y buscaremos alternativas para el sector productivo”. Y reconoció el error, al motorizar esta legislación: “Asumo toda la responsabilidad que me corresponde como gobernador. Lo hice con la intención de que teníamos que mejorar la matriz productiva, pero hemos escuchado al pueblo”.
Suárez había anunciado ayer jueves que suspendía la reglamentación de la nueva ley, que habilitaba el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes, tras una reunión con sus ministros y conversar con el actual presidente de la UCR y su predecesor en el cargo, Alfredo Cornejo.
El gobernador de Mendoza publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva norma minera, a pesar de las masivas protestas frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada Ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.
Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.
La novedad fue celebrada por diferentes actores políticos. El diputado del Frente de Todos Daniel Filmus celebró con un tuit: “Gran triunfo de la lucha popular en defensa del agua y la sustentabilidad ambiental!!!”. También lo hizo el legislador nacional Nicolás del Caño, del PTS: “Ganó el pueblo de Mendoza. La movilización popular obligó al gobernador a enviar a la legislatura la derogación de la ley cianuro 9209. #La7722NoSeToca#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia”
